Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) La clausura de la Alcoholera de Orizaba fue un “exceso” por parte del ministerio público federal César Sandoval, porque aun sin encontrar la toma clandestina de hidrocarburo que buscaba con una orden de cateo, cerró el inmueble y perjudicó a un mil 200 familias que dependen de los empleos y economías que ahí se generan, señaló el abogado penalista Fidel Guillermo Ordóñez Solana.

Al informar que el Despacho Jurídico Ordóñez, Ordóñez y Téllez, se hace cargo de la defensa de la empresa la Alcoholera de Orizaba, explicó que el lugar dónde se realizó el cateo es un parque industrial situado en tres lotes y ahí se ubican tres compañías diferentes.

Una de esas tres empresas es Energas o Gas del Noreste y fue la encargada de denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en la Alcoholera de Orizaba podría haber una toma clandestina de hidrocarburo, por lo que el ministerio público federal acudió con una orden de cateo el lunes 17 de mayo y su revisión se extendió hasta el martes 18.

“Gas del Noreste son quienes acusaron que hay una toma clandestina dentro del inmueble, la gente del ministerio público federal de Córdoba pidió una orden de cateo para buscar la toma clandestina, va a inmueble, revisó durante un periodo de 18 horas que duró la orden de cateo y no encontró la toma domiciliaria” explicó.

Pese a que César Sandoval no encontró la supuesta toma clandestina de hidrocarburo, clausuró el inmueble el 18 de mayo, esto afectó a 400 trabajadores que laboran de forma directa en las tres empresas que ahí se ubican, pero en total un mil 200 familias las que dependen de dicha economía de Orizaba.

“Se le ocurre al agente del ministerio público cerrar, asegurar el inmueble clausurar el inmueble en un exceso de la orden de cateo que la orden de cateo no le decía que podía hacerlo. Si encontraba la toma podía asegurar el inmueble, pero si no la encontraba no había manera de asegurarlo” expuso Ordoñez Solana.

Agregó que el ministerio público debe permitir la apertura de las tres empresas y ponderar la necesidad de poner en marcha los 400 empleos, porque desde hace dos semanas no han podido trabajar.

“Hay que llamar la atención del señor procurador de la República, Alejandro Gertz Manero para que revise el actuar de su fiscal en Córdoba y se agilicen los trámites y se pongan a trabajar, porque no sólo producen alcohol, sino diversos productos, es indebido que el fiscal haya cerrado”, indicó.

Anunció que el Despacho Ordoñez promueve un amparo ante la justicia federal con el fin de abrir la alcoholera y regresar el empleo a las personas.