Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Integrantes de los Comités de Salud denunciaron irregularidades en la operación del programa federal La Clínica es Nuestra en Veracruz, luego de que funcionarios del IMSS-Bienestar, a cargo de Roberto Ramos Alor, intervienen en la selección de empresas que ejecutarán los proyectos de mejoramiento de las unidades médicas.

Los inconformes señalaron que en las últimas dos semanas se frenaron los procedimientos que anteriormente permitían a los comités ciudadanos elegir libremente, mediante asambleas, los proyectos prioritarios y las empresas responsables de realizarlos.

Denunciaron que ahora se pretende condicionar las contrataciones a un listado de proveedores que cuentan con el visto bueno de Ramos Alor y de Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).

Los integrantes de los comités acusaron que esta intervención representa un conflicto de intereses y abre la puerta a actos de corrupción en el manejo de los recursos federales destinados al mejoramiento de las clínicas.

La inconformidad surgió después de que la jefa del Departamento de Acción Comunitaria de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar, Miriam Fajardo Soto, convocó a una reunión celebrada el martes 13 de octubre, en la que participaron representantes de los comités ciudadanos, facilitadores de la Secretaría de Bienestar y, por primera vez, un funcionario del IMSS-Bienestar que comunicó modificaciones en los procedimientos de contratación.

En los videos se observa la presentación de representantes de empresas interesadas en obtener contratos, pese a que las decisiones sobre la ejecución de los proyectos corresponden a los comités ciudadanos.

Durante el encuentro algunos comités explicaron que ya contaban con cotizaciones de proveedores para desarrollar las obras y adquirir los bienes necesarios en sus respectivas unidades médicas.

No obstante, el jefe de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Regional Veracruz Norte del IMSS, Hugo Cristian Mora Mávil, les indicó que debían modificar sus procedimientos y orientar las contrataciones hacia empresas incluidas en una lista previamente avalada por esa institución.

Se trata de por lo menos seis empresas que habrían recibido autorización de funcionarios estatales del sector salud y cuyos representantes aseguraron contar con infraestructura suficiente para ejecutar trabajos en todo Veracruz.

La Clínica es Nuestra es un programa federal coordinado por la Secretaría de Bienestar, mediante el cual los comités ciudadanos participan en la identificación de necesidades, aprobación de proyectos y selección de proveedores para mejorar las condiciones de las unidades médicas.

Los comités están integrados por una presidencia, secretaría, tesorería y vocalías, entre las que participa una persona representante de la clínica. Además, existe un mecanismo de contraloría social encargado de vigilar la aplicación de los recursos.

De acuerdo con los denunciantes, hasta este año el programa había operado sin mayores dificultades, pues las decisiones se tomaban mediante asambleas y los propios ciudadanos podían comparar cotizaciones y seleccionar a las empresas con las que trabajarían.

Sin embargo, sostuvieron que la situación cambió a partir de los anuncios del Gobierno federal sobre la universalización de los servicios de salud y la ampliación de consultorios, cuando representantes del IMSS-Bienestar comunicaron que asumirían un mayor control sobre la ejecución de los proyectos.

Los inconformes cuestionaron que estos ajustes se traduzcan en la intervención directa de funcionarios del sector salud en decisiones que anteriormente correspondían a los beneficiarios del programa.

También aseguraron que las nuevas disposiciones no cuentan con el aval del Gobierno federal. Ante esta situación, los integrantes de los comités solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, para revisar las modificaciones anunciadas por el IMSS-Bienestar.

Advirtieron que permitir la imposición de proveedores podría desvirtuar el objetivo del programa y convertir la asignación de recursos públicos en un mecanismo de beneficio para determinadas empresas.

En particular, pidieron investigar la presunta participación de Roberto Ramos Alor y Leonel Efrén Rivera Pinete en la integración del listado de proveedores que se busca promover entre los comités ciudadanos.

Recordaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido la participación directa de la población en las decisiones relacionadas con el mejoramiento de las unidades de salud, por lo que consideran que las instrucciones comunicadas en Veracruz contradicen ese principio.

Los denunciantes insistieron en que los comités deben conservar la facultad de seleccionar libremente a sus proveedores, sin presiones de funcionarios ni condicionamientos para contratar a empresas previamente determinadas.