Xalapa, Ver- (AVC) La gobernadora de Veracruz afirmó que hay gobernanza y seguridad en todos los penales del estado, al responder sobre el diagnóstico de la CNDH, que documentó autogobierno, extorsión y sobornos en el centro penitenciario de Poza Rica.
“En todos hay gobernanza y hay seguridad en todos”, sostuvo la mandataria. Aseguró que aumentó el número de custodios y que la Secretaría de Seguridad Pública realiza revisiones en los centros penitenciarios.
La gobernadora señaló que el secretario Garcés le entrega reportes de esos operativos. También explicó que la Federación y el Estado recurren al traslado de personas privadas de la libertad cuando se presentan casos de agresores.
Sin embargo, en la respuesta transcrita no explicó qué acciones se tomarán ante los cobros por extorsión y sobornos documentados en Poza Rica ni detalló medidas para resolver las deficiencias de atención médica.
La mandataria sí reconoció la sobrepoblación penitenciaria y dijo que trabaja en una propuesta para construir una nueva cárcel, tentativamente en Medellín.
“Yo necesito hacer algo porque sí, los penales están llenos de personas”, expresó.
Explicó que comenzó a trabajar en el proyecto entre enero y febrero y que propuso al secretario de la Defensa que la construcción quedara a cargo del cuerpo de ingeniería del Ejército.
Según su declaración, el Ejército y la Presidencia solicitaron tres propuestas de terrenos para evaluar su viabilidad. Medellín es una de las opciones porque el gobierno cuenta con un predio en ese municipio.
La gobernadora dijo que espera comenzar el proyecto en 2027. Mencionó una capacidad aproximada de 2 mil 400 personas, aunque su respuesta no dejó definido si el centro sería estatal o federal.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, presentado el 7 de octubre de 2026, otorgó a Veracruz una calificación de 5.38. De los 18 centros evaluados, 14 quedaron por debajo de seis.
La CNDH encontró deficiencias en los servicios de salud y falta de personal de seguridad y custodia en los 18 centros. Además, reportó sobrepoblación en 11 y hacinamiento en 12.
En Poza Rica, que recibió una calificación de 4.37, documentó que personas privadas de la libertad ejercían funciones de autoridad, una práctica identificada como autogobierno o cogobierno.
Ese penal también registró actividades ilícitas y deficiencias en alimentación, atención médica e higiene. El organismo señaló falta de capacitación del personal y problemas en la separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Durante la presentación del diagnóstico, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llamó a combatir la sobrepoblación y el hacinamiento, mejorar la alimentación y garantizar condiciones de estancia digna. El organismo también pidió contratar más personal de seguridad y especialistas para atender a la población penitenciaria.