Xalapa, Ver.- (AVC) El juicio contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, podría realizarse hasta 2027, después de que se autorizara ampliar la investigación complementaria en el proceso que enfrenta por el presunto desvío de 5 millones de pesos de recursos federales.

Durante una audiencia celebrada el 24 de septiembre de 2026, se concedió una prórroga cuyo plazo vence el 24 de diciembre.

Duarte permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, bajo prisión preventiva justificada, como parte de esta causa penal por presunto peculado.

La ampliación prolonga la etapa previa al juicio oral, cuyo inicio podría ocurrir hasta mediados de 2027. Sin embargo, esa fecha es una posibilidad y el desarrollo del proceso todavía puede modificarse por decisiones judiciales.

La defensa sostiene que el exgobernador no se apropió de recursos públicos y ha promovido distintos recursos legales para controvertir las resoluciones adoptadas en el procedimiento.

Los hechos investigados corresponden a su administración al frente de Veracruz, entre 2010 y 2016.

Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México. En otro proceso fue sentenciado por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este procedimiento por presunto peculado, mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Su permanencia en prisión dependerá de las decisiones del juez

La posibilidad de que el juicio se realice en 2027 no significa que Duarte necesariamente deba permanecer en prisión hasta esa fecha.

Su defensa puede solicitar una revisión de la prisión preventiva justificada y plantear medidas cautelares menos restrictivas para garantizar su comparecencia, como presentación periódica, prohibición de salir del país o uso de un dispositivo de localización.

La solicitud tendría que ser valorada por el juez, considerando los antecedentes del caso, entre ellos su detención en Guatemala en 2017, después de permanecer fuera de México. Cualquier cambio en la medida cautelar requeriría una resolución judicial.