Congreso de Veracruz elimina fuero a alcaldes y síndicos
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2026-09-25.- Congreso de Veracruz elimina el fuero a alcaldes y síndicos, pero la reforma aún debe ser avalada por la mayoría de los 212 ayuntamientos.
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) El Congreso de Veracruz aprobó este jueves, con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la reforma al artículo 78 de la Constitución Política del Estado que elimina la declaración de procedencia para presidentes municipales, síndicos y presidentes de Concejos Municipales.
Con esta modificación, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) podrán iniciar y continuar procedimientos penales contra estas autoridades sin solicitar previamente al Congreso local el retiro de la inmunidad procesal.
La iniciativa fue propuesta por la titular del Poder Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, y plantea retirar a las autoridades municipales del listado de servidores públicos que requieren el aval de dos terceras partes del Congreso para que se pueda proceder penalmente en su contra.
El dictamen aprobado establece que la reforma permitirá que las autoridades competentes procedan penalmente contra quienes ocupen las presidencias municipales, las presidencias de Concejos Municipales y las sindicaturas sin requerir previamente una declaración de procedencia.
El Congreso precisó que la eliminación de este requisito no significa que una autoridad municipal sea considerada culpable de un delito.
La responsabilidad penal, señala el dictamen, deberá determinarse dentro del proceso correspondiente, con respeto a la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso y los derechos de las víctimas.
Reforma aún debe pasar por los ayuntamientos
El decreto establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, todavía deberá ser avalada por la mayoría de los 212 ayuntamientos de Veracruz, mediante votación de sus respectivos cabildos.
Una vez que los municipios reciban el proyecto, tendrán 30 días naturales para comunicar al Congreso su resolución. Si algún ayuntamiento no responde dentro de ese plazo, su voto será considerado favorable a la reforma.
Además, el Congreso tendrá 60 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones relacionadas.
Fuero se mantiene para otros funcionarios
La modificación al artículo 78 se limita a las autoridades municipales. La declaración de procedencia continuará vigente para diputados locales, la titular del Poder Ejecutivo estatal, secretarios de despacho, la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Poder Judicial, autoridades electorales y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Durante la discusión, el diputado local Héctor Yunes Landa cuestionó la reforma y sostuvo que no garantiza justicia, sino que podría utilizarse para perseguir políticamente a adversarios.
Advirtió a los legisladores que aprobarla podría representar una “sentencia política”, al considerar que algunos diputados podrían buscar posteriormente ocupar una presidencia municipal.
Yunes Landa también afirmó que la eliminación del fuero podría utilizarse para presionar a presidentes municipales y síndicos por motivos políticos.
En contraste, el diputado local del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, respaldó el dictamen y señaló que cuando una persona denuncia un posible delito cometido por una autoridad de su municipio, el procedimiento debería ser el mismo que para cualquier ciudadano.
“Por eso acompañamos esta reforma como una medida contra la impunidad”, sostuvo.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, cuestionó que la reforma no elimine la declaración de procedencia para todos los servidores públicos y señaló que la medida mantiene esa protección para autoridades como la gobernadora, diputados, la titular de la Fiscalía y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Con la aprobación del Congreso, la reforma constitucional inicia ahora el proceso de validación por parte de los ayuntamientos antes de que pueda entrar plenamente en vigor.
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