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Wednesday 02 de September de 2026
   
Acusan red de despojo inmobiliario en Xalapa
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Acusan red de despojo inmobiliario en Xalapa Foto: AVC / Noticias
AVC/Noticias  .  
2026-09-01.- El abogado Jorge Reyes Peralta denuncia presunta red de despojo inmobiliario en Veracruz y señala irregularidades en un predio de Arco Sur, Xalapa. Ahued rechaza las acusaciones.

Xalapa, Ver. (AVC).- El abogado Jorge Reyes Peralta denunció la presunta operación de grupos dedicados al despojo de propiedades mediante procedimientos judiciales y notariales irregulares en Veracruz, y señaló al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, de brindar protección a personas relacionadas con uno de estos casos. 


 


Los señalamientos se relacionan con un litigio por un terreno de 12 hectáreas ubicado en la zona de Arco Sur, en Xalapa, propiedad de la empresa Fincar Maz S.A. de C.V., representada legalmente por Reyes Peralta.


 


De acuerdo con el abogado, el predio, de aproximadamente 120 mil metros cuadrados y con un valor que estima superior a 500 millones de pesos, fue objeto de un juicio de prescripción promovido por Martha Leticia Toral Zayas.


 


Reyes Peralta sostiene que su representada no fue notificada correctamente durante el procedimiento y que, aunque existía una sentencia de primera instancia, ésta fue apelada y todavía no adquiría carácter definitivo.


 


Según su versión, pese a ello, una copia certificada de la resolución fue presentada ante el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza para protocolizar la propiedad a nombre de Toral Zayas. Posteriormente, el inmueble habría sido vendido ese mismo día por 98 millones de pesos.


 


El litigante señaló posibles irregularidades en la operación y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Tras la investigación, indicó, la carpeta fue parcialmente judicializada.


 


Actualmente, Martha Leticia Toral Zayas y el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza están señalados dentro del proceso por los presuntos delitos de fraude genérico y contra la fe pública, de acuerdo con la información proporcionada por Reyes Peralta.


 


El abogado afirmó que la investigación debería extenderse a otras personas que habrían participado en la operación, incluidos los compradores del terreno.


 


Señala posible intervención de servidores públicos


 


A partir de este caso, Reyes Peralta sostuvo que en Veracruz existirían distintos grupos que utilizan juicios civiles, escrituras y operaciones de compraventa para apropiarse de inmuebles.


 


Según su acusación, en estos procedimientos podrían participar abogados, notarios, peritos, actuarios, personal del Registro Público de la Propiedad y servidores públicos. Hasta ahora, estos señalamientos corresponden a la versión del litigante y deberán ser acreditados dentro de las investigaciones correspondientes.


 


Reyes Peralta también acusó al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, de presuntamente proteger a personas vinculadas con estos casos y aseguró que se encuentra reuniendo documentación para determinar si presenta una denuncia formal en su contra.


 


El abogado no informó que exista actualmente una denuncia judicializada contra Ahued por estos señalamientos.


 


Ahued niega protección y pide presentar pruebas


 


Ricardo Ahued rechazó las acusaciones y aseguró que desde la Secretaría de Gobierno no se protege a personas relacionadas con actividades ilícitas.


 


El funcionario calificó los señalamientos como carentes de fundamento y pidió a Reyes Peralta presentar ante la Fiscalía o las instancias judiciales cualquier elemento que permita acreditar sus dichos.


 


Ahued también rechazó tener injerencia sobre la Fiscalía General del Estado o el Poder Judicial y sostuvo que ambas instituciones deben actuar conforme a sus propias atribuciones.


 


Sobre fotografías en las que aparece con algunas de las personas mencionadas públicamente en los casos, señaló que una imagen no demuestra vínculos ni participación en alguna irregularidad.


 


El conflicto por el predio de Arco Sur continúa en tribunales y corresponderá a las autoridades determinar si existieron delitos y quiénes tuvieron responsabilidad en las operaciones denunciadas.


 



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