Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) Usuarios de la línea Saeta Verde se manifestaron en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Zona Norte del distrito judicial de Veracruz para exigir la liberación del administrador de la empresa de transporte público y tres operadores y la entrega de dos unidades que fueron aseguradas el 13 de junio pasado.

Los usuarios, residentes de la zona rural del municipio de Veracruz, acusaron que la Fiscalía General del Estado retuvo las unidades de la empresa Saeta Verde por el probable delito contra la seguridad vial y medios de comunicación derivado del proceso penal 247/2026 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia penal del distrito judicial de Veracruz que se originó como consecuencia de la carpeta de investigación número 1474/2026 en contra de Saúl Enríquez Hernández, quien funge como administrador de la líneas de transporte público, y tres colaboradores, a quienes se les dictó prisión preventiva justificada por el término de un año.

Al respecto, el abogado penalista Jorge Reyes Leo consideró que la FGE mantiene retenidas ilegalmente las unidades de la empresa Saeta Verde y calificó como como excesiva la medida cautelar en contra de Enríquez Hernández y los colaboradores.

Reyes Leo manifestó que la empresa sufre un atropellamiento en sus derechos, ya que la retención de las unidades en el corralón genera un gasto diario de cerca de 15 mil pesos, convirtiéndose en una cantidad impagable a dos meses y medio del aseguramiento.

“Con esta manifestación pacífica se exhorta a la fiscalía que deje de abusar de sus atribuciones y devuelva los camiones a su propietario y de igual manera que dejen de estar en contubernio con el Poder Judicial del estado para retrasar la impartición de justicia de las personas que representan a la empresa Saeta Verde”, subrayó.

El abogado penalista dijo que la privación de la libertad del administrador y los colaboradores de Saeta Verde, quienes son cabezas de familia, no solo afecta a la empresa, sino a sus familias, ya que no pueden obtener recursos.

Por último, Jorge Reyes Leo aseguró que se presentó un amparo indirecto ante la justicia federal con la finalidad de que obligar a la Fiscalía General del Estado libere a las cuatro personas.