Xalapa, Ver.- (AVC) Recursos relacionados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) habrían sido enviados a través de una cadena de empresas antes de utilizarse para pagar a docentes y trabajadores, informó el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández.

El monto sujeto a investigación asciende a aproximadamente 280 millones de pesos, administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C.

¿Cómo triangularon los recursos?

De acuerdo con el titular de la Sefiplan, el dinero concentrado por la fundación no era entregado directamente a quienes prestaban servicios para la universidad.

Los recursos eran enviados primero a una empresa inmobiliaria, después pasaban a una segunda inmobiliaria y finalmente llegaban a una agencia de publicidad.

Desde esta última empresa se dispersaban los pagos a los profesores. Sin embargo, las transferencias no se registraban como salarios por servicios educativos, sino bajo conceptos como honorarios o servicios de publicidad.

Este mecanismo permitía que los docentes trabajaran para la UPAV sin tener una relación laboral directa con la institución, lo que también evitaba el reconocimiento de antigüedad y otras obligaciones laborales, según explicó el funcionario. La ruta de los recursos fue confirmada por Sefiplan.

Presentan denuncias ante la FGR y la FGE

Reyes Hernández informó que el Gobierno de Veracruz presentó dos denuncias distintas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las querellas fueron interpuestas contra quien resulte responsable por posibles operaciones relacionadas con los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Las denuncias fueron presentadas semanas atrás y ahora corresponde a las fiscalías determinar quiénes participaron en las transferencias, establecer el origen y destino final del dinero y resolver si existen responsabilidades penales. Las querellas fueron presentadas contra quien resulte responsable.

El secretario evitó revelar nombres y aclaró que la investigación ministerial deberá establecer el alcance de las operaciones. Tampoco afirmó que la totalidad de los 280 millones de pesos corresponda a recursos ilícitos.