Coatzacoalcos, Ver.- (AVC)  Siete años después del ataque al bar Caballo Blanco, ocurrido el 27 de agosto de 2019 en Coatzacoalcos y que dejó 30 personas muertas, las consecuencias siguen presentes en las familias que perdieron a alguno de sus integrantes. A la tragedia de aquella noche se sumaron años de procesos judiciales, denuncias por el manejo de los cuerpos, amenazas, dificultades económicas y la responsabilidad de criar a menores que quedaron sin sus padres.

Una de las víctimas indirectas, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, recuerda que aquella noche comenzó para su familia una búsqueda que se prolongaría mucho más allá de las primeras horas posteriores al atentado.

La búsqueda comenzó en los hospitales

Al enterarse de lo ocurrido a través de redes sociales, recorrieron hospitales de Coatzacoalcos con la esperanza de encontrar con vida a su familiar. Pasaron por distintas unidades médicas hasta que finalmente les indicaron que acudieran al bar, donde las autoridades todavía realizaban el levantamiento de cuerpos.

“Nosotras lo que queríamos era verla y saber que estaba bien”, recuerda.

Después comenzó otro recorrido, ahora ante la Fiscalía General del Estado, donde, según su testimonio, tuvieron que esperar durante horas para obtener información. La primera identificación ocurrió mediante una fotografía mostrada en una computadora y posteriormente la familia tuvo que trasladarse a Cosoleacaque para continuar con el reconocimiento.

Lo que encontró ahí quedó marcado en su memoria. La mujer asegura que había cuerpos colocados unos sobre otros, algunos dentro de bolsas y otros expuestos a la intemperie. Su familiar fue entregada con rastros de tierra y lesiones, mientras que las condiciones en las que recibió el cuerpo obligaron a realizar un velorio de apenas unas horas antes de sepultarla.

Denunciaron el trato a los cuerpos

Las denuncias de varias familias por el manejo de los cuerpos y el trato recibido posteriormente fueron llevadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La queja derivó en una recomendación dirigida a la Fiscalía estatal por violaciones a derechos humanos cometidas contra víctimas directas e indirectas.

Durante años, las familias reclamaron que esa recomendación fuera atendida. De acuerdo con el testimonio, aproximadamente 15 personas participaron en este procedimiento, mientras que otras decidieron no hacerlo por temor o porque no presentaron su queja en el periodo correspondiente.

En 2026, la Fiscalía estatal aceptó avanzar en el cumplimiento de la recomendación, lo que abrió la posibilidad de concretar medidas como la reparación del daño, capacitación al personal y una disculpa pública.

Para las víctimas, este procedimiento es distinto al proceso penal que busca establecer responsabilidades por el ataque al Caballo Blanco y que, siete años después, todavía permanece abierto.

Años de audiencias y procesos judiciales

La entrevistada calcula que alrededor de 19 víctimas indirectas continúan pendientes de las investigaciones y procedimientos judiciales. Durante estos años han asistido a audiencias que llegaron a prolongarse durante 12 o 13 horas, en las que escucharon testimonios, peritajes y declaraciones relacionadas con la planeación y ejecución del atentado.

El proceso tuvo uno de sus momentos más importantes en junio de 2026, cuando una de las personas señaladas por la planeación del ataque fue declarada culpable y sentenciada. La resolución representó para las familias el primer fallo de este tipo después de casi siete años de investigaciones, aunque todavía existen recursos legales y procesos pendientes relacionados con otros involucrados.

La víctima recuerda que la audiencia en la que se conoció el fallo estuvo marcada por la tensión. Durante el receso previo a la decisión judicial, algunas personas lloraban, otras rezaban y varias permanecían en silencio ante la posibilidad de que el acusado fuera declarado inocente.

“Cuando el juez dijo que lo encontraba culpable, se nos salieron las lágrimas”, relata.

La sentencia, sin embargo, no cerró el caso. Las familias saben que todavía falta resolver recursos judiciales y continuar los procesos contra otras personas señaladas dentro de la investigación.

Niños que crecieron esperando justicia

A la batalla legal se sumó el impacto que el ataque tuvo en la vida cotidiana de decenas de familias. Cuando ocurrió el atentado, algunos hijos de las víctimas tenían dos, tres, cuatro o cinco años; hoy varios son adolescentes que han crecido mientras sus familiares continúan acudiendo a fiscalías, tribunales y dependencias para dar seguimiento al caso.

En algunos hogares fueron las abuelas, tías u otros familiares quienes asumieron la crianza de los menores, lo que implicó iniciar procedimientos de guarda, custodia o adopción y, al mismo tiempo, hacerse cargo de los gastos de alimentación, vivienda, ropa y educación.

La entrevistada vive actualmente una situación similar. Después de la muerte de otra integrante de su familia, quien durante años encabezó la exigencia de justicia y se hizo responsable de uno de los menores, ella tuvo que asumir su cuidado y comenzar los procedimientos legales correspondientes.

Además de mantener a su familia, trabaja y continúa dando seguimiento a los procesos relacionados con el Caballo Blanco, una responsabilidad que, asegura, ha condicionado buena parte de su vida durante los últimos años.

Amenazas, miedo y señalamientos

La lucha tampoco ha estado exenta de miedo. Algunas víctimas recibieron amenazas y hubo familias que pidieron a sus propios integrantes abandonar las denuncias por temor a represalias. Otras prefirieron mantenerse alejadas de los medios de comunicación y limitar su participación al ámbito judicial.

También enfrentaron señalamientos en redes sociales, donde fueron acusadas de buscar dinero del gobierno o se responsabilizó a algunas de las personas fallecidas por trabajar en un centro nocturno.

La entrevistada rechaza esas versiones y sostiene que, hasta ahora, su familia no ha recibido una indemnización por lo ocurrido.

La justicia sigue pendiente

A siete años del ataque, las víctimas consideran que la primera sentencia y la aceptación de la recomendación de Derechos Humanos representan avances, pero no el final del proceso. Todavía esperan que se determinen todas las responsabilidades penales, se concluyan los procedimientos pendientes y se cumplan las medidas de reparación por las violaciones que denunciaron después de la tragedia.

También esperan una disculpa pública que reconozca el trato que recibieron durante las horas y días posteriores al ataque.

Después de siete años de audiencias, trámites y pérdidas familiares, la entrevistada resume lo que esperan quienes todavía siguen el caso:

“Soñamos con un día que nos digan: ya se logró la justicia”.