Xalapa, Ver.— (AVC)  La decisión del Gobierno federal de descartar nuevos proyectos de extracción de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla representa un reconocimiento de los riesgos ambientales y sociales del fracking. Sin embargo, para las comunidades del norte de Veracruz, la medida llega después de décadas de contaminación, derrames, pérdida de manantiales y afectaciones que continúan sin reparación.

Mientras el comité científico convocado por el Gobierno federal recomendó desarrollar pozos piloto en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas, la cuenca Tampico-Misantla —que abarca parte de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas— quedó fuera de esta etapa por sus condiciones ambientales, demográficas y de disponibilidad de agua.

Para las organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking, la exclusión de la cuenca no equivale a una prohibición jurídica ni obliga a Petróleos Mexicanos a remediar los daños registrados en las zonas petroleras de Veracruz.

El daño que permanece en el Totonacapan

Desde el Totonacapan veracruzano, Rodolfo Bibiano, integrante de CORASON Defensa del Territorio, sostuvo que el anuncio confirma lo que las comunidades han denunciado durante años: la región no puede soportar una nueva expansión de la extracción de hidrocarburos.

“Después de un montón de años de lucha de las comunidades, hoy la ciencia y el Gobierno reconocen que la cuenca Tampico-Misantla no debe destinarse a nuevos proyectos de gas no convencional”, señaló.

Pero advirtió que esa decisión no debe borrar la situación que enfrentan cotidianamente las localidades asentadas en la región petrolera.

“En el Totonacapan hemos señalado, documentado y denunciado contaminación de los ríos, desaparición de manantiales, microsismos, derrames y emisiones de gas. También hay personas que reportan dolores de cabeza, náuseas y otros problemas de salud”, afirmó.

Los señalamientos sobre enfermedades y síntomas corresponden a testimonios comunitarios. Las organizaciones indicaron que todavía faltan estudios epidemiológicos independientes que permitan determinar la relación entre los padecimientos y la exposición prolongada a emisiones o contaminantes derivados de la actividad petrolera.

Para Bibiano, la discusión pública no puede limitarse a impedir nuevos proyectos de gas no convencional mientras el Gobierno mantiene la extracción mediante pozos convencionales.

“No aceptamos que se nos diga que el problema en Tampico-Misantla se terminó. El problema no termina mientras continúe este modo de extracción de hidrocarburos”, sostuvo.

La Alianza señala que la fracturación hidráulica también ha sido empleada en yacimientos convencionales dentro de la cuenca, particularmente en Veracruz y Puebla. Por ello, exige que el Gobierno precise si la exclusión anunciada incluye cualquier utilización futura de esta técnica o únicamente los proyectos clasificados como gas no convencional.

Krem-1, la advertencia desde Las Choapas

El caso del pozo Krem-1, en Las Choapas, fue utilizado por las organizaciones como ejemplo de los riesgos que subsisten incluso en las actividades convencionales de exploración.

El pozo permaneció fuera de control durante aproximadamente 150 días, con quema continua de gas y emisiones sobre comunidades y terrenos agrícolas. Aunque Krem-1 no fue presentado como un proyecto de fracking, Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas, subrayó que se trataba de un pozo convencional y exploratorio, precisamente el tipo de actividad que el Gobierno plantea mantener.

“El pozo Krem fue un pozo convencional y de exploración, como lo que hoy dijeron que no representaba riesgo. Ese pozo estuvo quemando durante 150 días”, señaló.

El señalamiento es relevante porque evita atribuir el accidente directamente al fracking, pero expone las fallas institucionales que pueden presentarse en la perforación, supervisión y respuesta ante una emergencia petrolera.

Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza, afirmó que la contingencia de Las Choapas se prolongó durante cinco meses sin que hasta ahora exista información pública suficiente sobre un plan integral de remediación, posibles sanciones a Pemex o la evaluación completa de los daños.

“Lo que vimos en Las Choapas fue un territorio contaminado sistemáticamente por Pemex durante cinco meses, sin que exista un plan de remediación integral ni sanciones para la empresa”, expresó.

En las comunidades cercanas al pozo, habitantes han denunciado daños en cultivos, pastizales, árboles frutales y cuerpos de agua, además de irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza, náuseas y mareos. La determinación del impacto ambiental y sanitario dependerá de estudios técnicos que deberán realizar las autoridades competentes.

Una protección sin garantía jurídica

Para las comunidades, la recomendación del comité científico no tiene el mismo alcance que una prohibición establecida en la legislación.

Bibiano pidió garantizar jurídicamente que no se autorizarán nuevos proyectos de gas no convencional en el Totonacapan y el resto de la cuenca Tampico-Misantla, pero también que el Estado responda por los pasivos ambientales existentes.

“Exigimos que se garantice jurídicamente que no habrá nuevos proyectos de gas no convencional en nuestra región y, además, que se reparen los daños que hemos vivido durante décadas”, dijo.

La demanda incluye la contaminación asociada con campos petroleros en municipios del norte de Veracruz, donde las comunidades han documentado fugas, derrames, mecheros, afectaciones en arroyos y pozos cerrados que continúan presentando emisiones.

Beatriz Olivera, de Engenera, informó que organizaciones y legisladores buscan instalar un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para revisar la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos.

La propuesta surgió después de un recorrido realizado con diputados por zonas afectadas de Papantla y Poza Rica.

“Algunos diputados se comprometieron a impulsar un grupo de trabajo desde el cual se pueda llamar a cuentas a Pemex y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y empezar a trabajar seriamente en la remediación de los sitios contaminados”, explicó.

Comunidades fuera de la decisión

Otro cuestionamiento se concentra en la integración del comité científico. Alejandra Jiménez señaló que las comunidades potencialmente afectadas no participaron directamente en la evaluación y que tampoco se incorporaron de manera suficiente perfiles especializados en salud pública, derechos humanos y territorios indígenas.

“Solamente se consideró el punto de vista de la ciencia occidental y no los saberes de los pueblos originarios que serían afectados. Eso era fundamental”, sostuvo.

Pablo Montaño también cuestionó el orden planteado para los proyectos piloto en el noreste del país. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, primero se exploraría la disponibilidad de agua salina y posteriormente se consultarían los proyectos con las comunidades.

Para el especialista, iniciar trabajos exploratorios antes de consultar a la población contraviene el principio de una consulta previa, libre e informada.

“Tendría que ocurrir primero la consulta, antes incluso de perforar un pozo para explorar agua salina, porque esa exploración ya forma parte de la intención de desarrollar el proyecto”, explicó.

Una victoria parcial para Veracruz

Rogel del Rosal Valladares, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, consideró que la exclusión de Tampico-Misantla fue resultado tanto de los argumentos científicos como de la resistencia sostenida por comunidades indígenas y campesinas de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.

Recordó que en la región existen antecedentes de movilizaciones que lograron detener proyectos energéticos y procesos de licitación. Sin embargo, advirtió que la presión sobre el territorio continuará mientras existan recursos de hidrocarburos en el subsuelo.

“El peligro sigue existiendo. Mientras tengamos toda esta riqueza en el subsuelo, las ambiciones van a continuar. Incluso con una prohibición, no es razón para dejar de trabajar en la defensa del territorio”, afirmó.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reconoció que dejar fuera a Tampico-Misantla evita, por ahora, una nueva expansión de pozos no convencionales en Veracruz. No obstante, sostiene que blindar una cuenca no basta cuando los daños anteriores permanecen sin reparación, la fracturación hidráulica no está prohibida en todo el país y la extracción convencional continúa sin garantías suficientes de vigilancia y respuesta.

Para las comunidades veracruzanas, el anuncio no cierra la discusión. La traslada hacia una exigencia pendiente: esclarecer los daños acumulados, atender la salud de la población, transparentar la operación petrolera y obligar a Pemex y a las autoridades reguladoras a restaurar los territorios afectados.