Xalapa, Ver.- (AVC) El Congreso de Veracruz aprobó este miércoles las declaraciones de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano.

En votaciones por separado, los dos dictámenes fueron avalados con 40 votos a favor y ocho en contra, por lo que ambos presidentes municipales perdieron el fuero constitucional.

La resolución permite que la Fiscalía General del Estado continúe las investigaciones y, en su caso, solicite las medidas judiciales correspondientes. El desafuero no representa una sentencia de culpabilidad ni implica automáticamente la ejecución de una orden de aprehensión.

Alcalde de Úrsulo Galván llega al congreso

Antes de la votación, Bertín Bravo Montero acudió personalmente al Congreso acompañado de su defensa legal para comparecer ante las y los diputados.

Eran las 17:39 horas cuando el alcalde de Úrsulo Galván salió del recinto legislativo durante un receso previo a la sesión privada en la que se discutiría su desafuero.

Rodeado por reporteros, fotógrafos y camarógrafos, el edil sostuvo que era inocente y explicó que decidió presentarse ante el Congreso a pesar de que el dictamen de la Comisión Instructora proponía retirarle la inmunidad procesal.

“No soy un delincuente”, reiteró mientras avanzaba entre los representantes de los medios de comunicación.

En los alrededores del Palacio Legislativo permanecían varias camionetas de la Policía Ministerial. Antes de retirarse, Bravo Montero afirmó que regresaría para conocer el resultado de la votación.

El alcalde abordó una camioneta blanca y abandonó el lugar acompañado de su abogado, mientras las y los diputados continuaban con el procedimiento a puerta cerrada.

Defensa de alcalde de Ixhuatlán comparece ante diputados

Los abogados Isazcu Moreno y Luis César Rosas, defensores del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, también comparecieron ante el pleno antes de la discusión del dictamen.

Al salir del recinto, informaron que dispusieron de 30 minutos para presentar sus argumentos y reiterar lo expuesto durante la audiencia de pruebas y alegatos.

“Reiteramos que no hay elementos probatorios para la culpabilidad del alcalde”, sostuvo la defensa.

Los abogados señalaron que, hasta antes de la votación, González Martínez permanecía en funciones, aunque dijeron desconocer dónde se encontraba y aseguraron que no tuvieron comunicación con él durante la comparecencia.

“El alcalde está respetuoso de las instituciones de gobierno, esperando que se resuelva conforme a derecho. Hay que esperar resultados y esta defensa está trabajando”, expresaron.

Sobre la posibilidad de promover un amparo, explicaron que antes de la resolución del Congreso no existía un acto definitivo que pudiera ser reclamado judicialmente.

“No se puede pedir un amparo por un hecho que no ha pasado. No hay una resolución definitiva ni un acto reclamado hasta este momento”, indicaron.

La defensa precisó que la aprobación del desafuero no significaba la ejecución inmediata de una orden de aprehensión, pues corresponderá a la Fiscalía determinar si solicita una orden judicial, cita al alcalde o establece otra forma de comparecencia.

“El simple hecho del desafuero no implica que, en automático, tenga una orden de aprehensión. Hay que esperar cuál es la estrategia de la Fiscalía”, declaró Luis César Rosas.

Los abogados evitaron revelar la estrategia jurídica que seguirán después de la resolución del Congreso.

También cuestionaron los datos presentados por la Fiscalía sobre seis personas presuntamente relacionadas con el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán. Afirmaron que, al revisar la carpeta de investigación enviada al Congreso, no encontraron constancias de órdenes de aprehensión ejecutadas específicamente por ese crimen.

Después de las comparecencias, las y los diputados discutieron los dictámenes en sesión privada y aprobaron retirar el fuero constitucional a los dos alcaldes.

¿Por qué les retiraron el fuero?

En el caso de Úrsulo Galván, la Fiscalía General del Estado investiga al alcalde Bertín Bravo Montero por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su acompañante, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo.

Respecto de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez es investigado por su presunta vinculación con el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán. La defensa del alcalde ha sostenido que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad.

El retiro del fuero permite que la Fiscalía continúe los procedimientos penales correspondientes, pero no representa una declaración de culpabilidad contra los alcaldes.