Xalapa, Ver.– (AVC) Con 40 votos a favor y ocho en contra, el Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien es investigado por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su acompañante Ignacio López.

La resolución permite que la Fiscalía General del Estado continúe con las acciones legales correspondientes, aunque no implica una declaración de culpabilidad contra el presidente municipal.

El Pleno, erigido como Jurado de Procedencia, avaló el dictamen de la Comisión Instructora, al considerar que existen elementos suficientes para que el edil enfrente el proceso penal sin la inmunidad que le otorgaba el cargo.

Tras la decisión legislativa, el suplente Pedro de Jesús Rosado Guzmán deberá asumir la presidencia municipal de Úrsulo Galván.

De acuerdo con la investigación ministerial, Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López fueron vistos por última vez el 14 de mayo, luego de acudir a un inmueble vinculado con el alcalde en Barra de Chachalacas.

Como parte de los indicios, la Fiscalía presentó mensajes enviados por el empresario a su pareja, Melissa, en los que afirmaba que se encontraba con Bertín Bravo y con un presunto integrante de la delincuencia organizada.

Además, la dependencia expuso registros telefónicos que ubican los dispositivos del empresario y del alcalde dentro de una misma zona de cobertura durante las horas posteriores a la desaparición.

Durante su comparecencia ante el Congreso, Bertín Bravo Montero rechazó cualquier vínculo con grupos delictivos y aseguró que permanecerá a disposición de las autoridades.

"No soy delincuente, no voy a huir. Aquí estoy dando la cara", declaró ante los legisladores.

Por su parte, su abogado, Rodolfo Martínez Valdez, sostuvo que la carpeta de investigación presenta inconsistencias y pidió a los diputados rechazar la solicitud de desafuero.

La defensa aseguró que los registros telefónicos indican que las víctimas abandonaron el domicilio del alcalde la tarde del 14 de mayo. También argumentó que los mensajes relacionados con un supuesto "jefe de plaza" podrían estar vinculados con un conflicto por la explotación de una mina de piedra.

Asimismo, cuestionó la identificación del inmueble presentada por la Fiscalía y reiteró que no existen elementos suficientes para retirar la inmunidad constitucional del edil.

Sin embargo, la mayoría legislativa desestimó los argumentos de la defensa y aprobó el desafuero. Con esta resolución, la Fiscalía General del Estado podrá solicitar las medidas judiciales que considere pertinentes, mientras que será un juez quien determine la situación jurídica de Bertín Bravo Montero.