Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval).- Las investigaciones por la presunta red de despojos conocida como Cártel Inmobiliario involucran a jueces, abogados, notarios, funcionarios municipales y estatales, así como a servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y de Catastro, confirmó la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

La titular de la Fiscalía General del Estado explicó que las carpetas de investigación son atendidas por distintas áreas de acuerdo con el perfil de las personas señaladas.

Los casos relacionados con servidores públicos corresponden a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; los que involucran a notarios son investigados por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, mientras que las denuncias contra abogados particulares permanecen en las fiscalías regionales.

Jiménez Aguirre afirmó que las investigaciones continuarán después de la vinculación a proceso de Salvador Matías “N”, abogado que también se presenta como arquitecto y a quien la FGE relaciona con esta presunta red.

El imputado enfrenta un proceso por fraude procesal en agravio de dos víctimas, relacionado con un inmueble ubicado en la zona de La Isleta, en Xalapa.

La fiscal aclaró que Salvador Matías “N” no es notario y señaló que su proceso representa uno de los primeros casos relacionados con esta organización que llega ante un juez.

“Ya tenemos varias carpetas integradas y diversas audiencias iniciales solicitadas”, declaró.

Aunque no precisó cuántas investigaciones permanecen abiertas, explicó que los expedientes se encuentran distribuidos entre diferentes áreas de la institución.

Indicó que, en delitos patrimoniales como el fraude procesal, el Ministerio Público puede citar inicialmente al imputado para que comparezca a una audiencia en libertad. En caso de que no se presente, puede solicitar una orden de aprehensión para llevarlo ante un juez.

La fiscal aseguró que las denuncias por despojo reciben atención prioritaria debido a que involucran el patrimonio de las víctimas. Añadió que las personas denunciantes tienen derecho a conocer el estado procesal de sus expedientes.

“Una víctima tiene derecho a saber cómo va su carpeta, si ya llegó al juzgado y qué sigue. Desde las tres fiscalías se les está dando atención y seguimiento”, sostuvo.

Sobre los notarios presuntamente involucrados, recordó que en la región Orizaba-Córdoba ya fue cumplimentada una orden de aprehensión contra uno de ellos. Sin embargo, indicó que revisará los registros antes de informar el número total de casos.

Durante la conferencia, la fiscal también fue cuestionada sobre el abogado Roly Domínguez Romero, señalado por denunciantes como presunto dirigente de la red de despojos en Xalapa.

Jiménez Aguirre rechazó tener alguna relación con él o brindarle protección.

“No es mi amigo, yo no lo conozco. No tengo por qué protegerlo a él ni a nadie”, respondió.

Añadió que ninguna relación personal impediría ejercer acción penal cuando existan elementos suficientes.

“Aun si fuera mi amigo, mi hijo o mi pariente, procedería de la misma manera, porque esa es mi obligación como titular de la Fiscalía”, afirmó.

La fiscal señaló que no puede confirmar que Domínguez Romero encabece la organización, pero aseguró que las carpetas de investigación en las que es mencionado continúan en integración.

“No tiene ninguna protección. Ni él ni nadie, porque antes que un compromiso personal o familiar está mi compromiso institucional”, concluyó.