Fiscalía de Veracruz crea protocolo para proteger a denunciantes de corrupción
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2026-07-29.- La Fiscalía de Veracruz implementó un protocolo para proteger a personas que denuncien actos de corrupción, con medidas de seguridad, confidencialidad y evaluación de riesgos.
Xalapa, Ver (AVC) La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz contará con un nuevo Protocolo para la Atención y Protección de Personas Denunciantes o Alertadoras de Probables Actos de Corrupción, cuyo objetivo es garantizar la seguridad e integridad de quienes denuncien posibles hechos de corrupción y enfrenten riesgos o represalias por hacerlo.
El documento, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, establece que las personas denunciantes tendrán derecho a medidas de protección, confidencialidad de su identidad, evaluación de riesgos, atención oportuna y reparación integral del daño cuando se acredite que sufrieron afectaciones derivadas de la denuncia presentada.
Entre las represalias que el protocolo busca prevenir se encuentran el despido injustificado, cambios arbitrarios en las condiciones laborales, hostigamiento, aislamiento, amenazas, acciones legales improcedentes, afectaciones psicológicas e incluso riesgos para la integridad física de la persona denunciante y de su núcleo familiar.
El procedimiento contempla que, una vez presentada una denuncia o alerta, la Fiscalía realice una evaluación de riesgo en un plazo máximo de cinco días para determinar el nivel de peligro al que está expuesta la persona y definir las medidas de protección correspondientes.
El análisis estará a cargo de la Dirección General de Servicios Periciales mediante personal especializado en trabajo social.
De acuerdo con el protocolo, las medidas podrán ser preventivas, laborales, individuales, psicosociales, médicas, de seguridad o colectivas, dependiendo de las condiciones de cada caso. Estas permanecerán vigentes hasta que desaparezca el riesgo o la persona beneficiaria solicite expresamente su conclusión.
También establece que las denuncias deberán recibirse mediante canales que garanticen la confidencialidad y cuando sea necesario, el anonimato de quien reporte actos de corrupción.
Además, las personas podrán solicitar medidas de protección desde el momento de presentar la denuncia.
Para determinar el nivel de riesgo, el protocolo considera factores como amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la persona denunciante, así como el contexto social, político, laboral y familiar en el que se desarrolla.
Las evaluaciones clasificarán los casos en niveles de riesgo bajo, medio o alto, con subniveles para precisar la gravedad de cada situación.
Asimismo, el catálogo de riesgos incluye escenarios como amenazas de grupos delictivos o servidores públicos, agresiones físicas, secuestro, desaparición, daños patrimoniales, violencia psicológica, intimidación, censura, restricciones a la libertad de expresión y otras conductas que pudieran derivarse de la denuncia de actos de corrupción.
El protocolo señala que las personas servidoras públicas que incumplan con la implementación de las medidas de protección podrán ser sujetas a responsabilidades administrativas o penales conforme a la legislación vigente.
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