Xalapa, Ver.- (AVC) Autoridades de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca, rechazaron la construcción de un acueducto sobre el río Uxpanapa, al advertir que el proyecto podría afectar el ciclo hidrológico y ecológico de la región, además de vulnerar los derechos del pueblo indígena zoque.

En un oficio fechado el 15 de julio de 2026, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y al director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, los comuneros manifestaron su oposición a cualquier obra que implique extraer agua del afluente.

El documento señala que la Asamblea General de Comuneros y Comuneras, celebrada el 27 de junio, acordó rechazar la intervención de la Conagua, Petróleos Mexicanos y el Gobierno de Veracruz para construir lo que calificaron como un “gigantesco acueducto”.

Según los representantes comunales, el proyecto buscaría trasladar agua del río Uxpanapa, afluente del río Coatzacoalcos, para abastecer los complejos petroquímicos Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, la refinería Lázaro Cárdenas y los Polos de Desarrollo para el Bienestar Coatzacoalcos I y II, vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Los comuneros sostuvieron que el río nace dentro de las montañas comunales de Los Chimalapas y que la extracción de millones de litros podría afectar la cuenca alta, los bosques, las selvas y los ecosistemas que dependen del afluente.

“Los Chimas no lo vamos a aceptar ni a permitir, pues se nos estarían violando totalmente nuestros derechos indígenas y los derechos de nuestra madre naturaleza”, expresaron en el oficio.

También señalaron que los ayuntamientos no tienen atribuciones para decidir sobre proyectos que pretendan realizarse dentro de terrenos comunales. Indicaron que cualquier autorización corresponde a la Asamblea General de Comuneros y Comuneras, mediante su órgano de representación.

Las autoridades agrarias consideraron contradictorio que un gobierno que se presenta como defensor de los pueblos indígenas, los bienes naturales y la lucha contra el cambio climático respalde un proyecto hidráulico que, a su juicio, podría alterar de manera irreversible el ciclo hidrológico de la zona.

En el pronunciamiento también exigieron al Gobierno federal detener la deforestación de 50 mil hectáreas en la zona oriente de Los Chimalapas, aplicar la ley contra talamontes y ganaderos invasores, y resolver de manera definitiva el conflicto agrario derivado de invasiones provenientes de Chiapas.

El documento fue firmado por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de Santa María Chimalapa. También fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la Procuraduría Agraria y a organizaciones defensoras de los derechos indígenas y ambientales.