La Politécnica de Huatusco, la punta del iceberg

La universidad que no conocen Gabriel Terán ni Andrea Santos, socios de GN Empresarial, es la Politécnica de Huatusco (UPH). Ubicada en la zona central de las altas montañas de Veracruz, allí estudian jóvenes procedentes de municipios con altos niveles de pobreza de la región.

Con un presupuesto anual de apenas 20 millones de pesos, esta universidad demoró ocho años en tener un edificio propio. Antes, los estudiantes solían tomar sus clases en locales rentados, lo que les obligaba a desplazarse por varias cuadras hasta llegar al centro del municipio.

Entre 2017 y 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Administración de Bienes y Avalúos (INDAABIN) adjudicaron de forma directa a dicha universidad cinco contratos por 114 millones de pesos para la prestación de servicios técnicos y administrativos.

Los recursos eran cinco veces más altos que su presupuesto anual, pero no estaban destinados a mejorar las condiciones educativas. La universidad no tenía capacidad técnica ni humana para realizar los servicios de los contratos, por eso subcontrató a tres empresas: GN Plataforma Empresarial y Negocios SA de CV- la empresa de Gabriel y Andrea-, Financiera Obrera Mexicana SA de CV y Lireyont SA de CV.

Dos semanas después de haber firmado los contratos, la institución educativa le transfirió 110.3 millones de pesos a estas empresas, que representan el 93.9% del recurso público federal que había recibido. El instituto cobró por estos contratos una comisión de 6.9 millones de pesos, según consta en los estados financieros que revisó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para sustentar la auditoría forense.

Estas empresas, a su vez, entregaron los recursos a otras 13 empresas, algunas de ellas no pudieron ser localizadas. Apenas recibió el dinero, GN Empresarial lo transfirió a Servicios y Consultoría Empresarial Thunder SA de CV, una sociedad que apenas tenía dos meses de creada y quien, a su vez, entregó los fondos a otras cinco empresas.

Financiera Obrera Mexicana SA de CV, creada en Acapulco, Guerrero, en 2015 y que fue disuelta en septiembre del 2019, subcontrató a la empresa Comercializadora RAH SA de CV, -creada en 2017- para la realización de los servicios.

Lireyont S.A. de C.V también trianguló el dinero con depósitos a otras cinco empresas, todas relacionadas a dos personas: Iveth Reyes Mireles y Adán García Jiménez. El domicilio que esta sociedad registró en los contratos no existe. Solo hay una telefonista para recibir correspondencia, que tampoco conoce la ubicación de la empresa.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la ASF constataron en auditorías de la cuenta pública de 2017, 2018 y 2019 que no hay evidencia física o constancia de que los trabajos se hayan realizado.

Financiera Obrera Mexicana obtuvo contratos también con el ITS de Alvarado y de Cosamaloapan, mientras que Lireyont obtuvo contratos con el ITS de Alvarado y el ITS de Jesús Rodríguez Clara.

En noviembre del 2021, la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal por el posible quebranto financiero por los contratos del INDAABIN y la CNVB, la argumentación fue que las ganancias mínimas de los contratos si fueron a “parar” a las arcas de la universidad.

Aunque hay otras denuncias pendientes interpuestas por el Órgano de Fiscalización de Veracruz.

Así funcionó el esquema en la UPH

¿Cómo se logró este entramado?

En una hoja en blanco, Eduardo dibuja a lápiz varios cuadros ligados entre sí, parecido a un organigrama y describe cómo funcionaba la operación.

—¿Sabías que esto era corrupción?—

—No, no creí que me pasara a una escala tan pequeña. La politécnica era pequeñita en ese entonces, apenas 200 alumnos. No pensé que sirviera para un esquema más grande—

El que habla es Eduardo Carreón, ex líder del Partido Nueva Alianza, ex rector de la UPH desde noviembre del 2015 hasta el 16 de febrero de 2018, cuando fue destituido del cargo. Firmó tres contratos con dependencias federales.

Entrevistado para esta investigación, Carreón asegura que la firma de convenios entre ITS y la administración pública federal era conocida entre los directores, tanto así que él asistió a un desayuno en Ciudad de México donde se explicó la operación. Según el ex rector, la reunión fue convocada por el entonces director del ITS de Pánuco - al norte de Veracruz- Adrián Medina.

En la reunión estaban las personas de despachos particulares que no eran funcionarios de la administración pública federal, pero estaban ligados de alguna forma a las dependencias y explicaban el funcionamiento y los porcentajes. Incluso, estaba el ofrecimiento de cobrar el porcentaje completo o “por fuera” en efectivo.

“Me ofrecieron quedarme con un porcentaje, pero yo no quise cobrar por fuera, lo que quería era dinero para terminar la construcción del edificio”, sostiene.

Carreón narra que cuando llegó a la UPH ya existían los convenios con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el enlace para conseguirlos era el diputado federal de ese entonces, Miguel Ángel Sedas Castro. “Llegamos a sentarnos con él (diputado) y los enlaces de Conagua, que era una organización civil. Me acuerdo que cuando llegué (en 2015) se habían obtenido cuatro millones de pesos por esos convenios”, dice. AVC Noticias intentó contactarlo, pero el diputado no ha respondido los mensajes.

Cercano a Elba Esther, la mítica ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo fue cesado de su cargo el 15 de febrero del 2018. Dos días después, los depósitos de los contratos que firmó fueron depositados a la cuenta bancaria de la Universidad, “Eso me salvó, me pueden señalar de firmar los contratos, pero no de ejercer el dinero, cuando eso pasó, yo no era funcionario”, dice.

Para ese entonces, Adrián Medina - quien lo había invitado a la reunión- , ya trabajaba en la UPH y era el enlace con las dependencias federales: “ Me dijo que me iba a ayudar con los contratos: yo firmaba y él era el enlace. Me dijo que era normal, ahí supe que había otros tecnológicos con convenios como Cosamaloapan y Poza Rica”.

Entrevistado, Adrián Medina confirmó que organizó las reuniones como contacto para informar de los contratos con la administración pública federal “Era el enlace nada más, pero ya las cuestiones las platicaron los directores o rectores con los titulares de las dependencias”, pero se negó a informar más sobre el tema.

En la UPH, un personaje clave es el contador Juan Arenas Hoyos, quien desde 2008 -aún en tiempos del gobierno del priísta Fidel Herrera Beltrán-, se convirtió en jefe de recursos financieros de la UPH. Después fue secretario administrativo por seis años, entre 2012-2018. Arenas Hoyos conocía sobre los convenios, las empresas, los porcentajes y el dinero que se transfería a las empresas, dice Eduardo.

—Alguien te dijo que lo dejaras en el cargo— se le pregunta.

—No, pero no quería experimentar, el tenía experiencia y yo lo dejé—, responde

En el gobierno de Morena, Arenas Hoyos se convirtió en el auditor del órgano interno de los servicios de salud de Veracruz. Actualmente es administrador general del Hospital de Cosamaloapan.

En entrevista, Arenas Hoyos reconoce que hubo más contratos con la administración federal, pero en todos se cumplió con los entregables y se verificó que las empresas tuvieran el perfil y aseguró que el problema fue en la siguiente administración (en 2018 , ya con el gobierno de Migue Ángel Yunes) “ No entregó las evidencias de haber realizado los servicios, no entregó los contratos, la evidencia de los servicios”. Aunque cuando él estaba en el cargo, también se transfirieron recursos a empresas sin localizar.

El reciente informe de seguimiento a las cuentas públicas 2017-2018, revela que el Orfis lo notificó para presentarse a aclarar las irregularidades en los contratos, pero él asegura que no ha sido llamado a declarar por ninguna autoridad.

Cuando Arenas Hoyos y Carreón se fueron de la UPH, ya en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, llegó el nuevo rector : Juan Carlos Moreno Seseña y un nuevo personaje: Oscar Jiménez Campos como Secretario Administrativo.

Jiménez quien antes había sido administrador del ITS de Xalapa se convirtió en el Jefe de Departamento de Recursos Financieros de la UPH en mayo del 2018 y por 11 días (del 22 al 27 de noviembre de 2018, ocupó el cargo de Secretario Administrativo de la UPH.

Fue inhabilitado por la Contraloría el 3 de julio del 2020 por 6 meses, según el procedimiento administrativo 069/2019, por omisiones durante fue encargo de la subdirección administrativa del ITS Xalapa en 2017, pero no por las irregularidades en la UPH. Jiménez Campos tampoco respondió a los mensajes para responder los cuestionamientos.

El Instituto Tecnológico de Perote recibió un contrato del INDAABIN por más de 90 mdp, pero transfirió los recursos.

Un fraude en el gobierno de la honestidad

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, dice que este modus operandis fue detectado en varios de los informes individuales de fiscalización y por ello se han interpuesto al menos tres denuncias por el desvío de 134. 4 millones de pesos.

En una breve reunión con esta reportera, la funcionaria reconoció que hay fallas en los órganos internos de control de los ITS para detectar la utilización de empresas “factureras”, sin estructura que simulan la realización de contratos. Cobos aseguró que el esquema no se repite en el gobierno de Morena: “Eso era antes, se acabó” e insistió en que el ITS donde se detectó el desvío está aún en etapa de solventación de las observaciones. Pero las auditorías al ITS de Perote del 2019 y 2020 revelan un esquema muy similar al de otros institutos señalados.

El gobierno de Cuitláhuac García, quien ha tomado la bandera de austeridad y honestidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó subcontrataciones que lo ligan con una empresa utilizada en el pasado: Lireyont SA de CV.

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz dice que este modus operandis fue detectado, pero no sigue en el gobierno de la honestidad.

Entre 2019 y 2020, el Instituto Tecnológico de Perote (ITS) en Veracruz, recibió 95.7 millones de pesos del INDAABIN por la firma de dos contratos adjudicados directamente para la realización de talleres y cursos especializados en avalúos. Al no contar con la capacidad técnica para realizarlos, subcontrató a la empresa Active Promotions SA de CV, creada apenas siete meses atrás.

El ITS de Perote, a cargo de Antonio Janoary Alemán Chang, transfirió 90.1 millones de pesos a esta empresa y el Tecnológico se quedó con un 3% de comisión, en total 2.7 millones de pesos. El contrato violaba la cláusula de exclusividad que le prohibía ceder a terceras personas el contrato.

La empresa no pudo ser localizada en su domicilio y los entregables que comprueban los servicios del contrato tienen varias inconsistencias, el ITS no presentó evidencia documental que ampare la contratación.

De acuerdo al Registro Público de Comercio, Active Promotions SA de CV fue creada en mayo del 2018 y su objeto social principal es la prestación de servicios de mercadotecnia, pero en diciembre - unos días antes de firmar el contrato con el ITS-, modificó su actividad económica a “suministro de personal permanente”.

Así funcionó el esquema del ITS Perote

Esta investigación comprobó que la empresa fue registrada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por Iveth Reyes Mireles y Adán García Jiménez, quienes en enero del 2020 crearon Servicios Administrativos SAVSE SA de CV. Iveth y Adán están vinculados a la creación de cinco empresas parte de esta red, como Lireyont SA de CV, quien ya había sido utilizada anteriormente por la Universidad Politécnica de Huatusco, el ITS de Alvarado y también de Jesús Rodríguez Clara.

Los entregables que comprueban los servicios del contrato tienen varias inconsistencias: el ITS no presentó evidencia documental que ampare la contratación, según consta en auditorías. En contratos públicos, Active Promotions SA de CV declaró como domicilio fiscal una ubicación en Puebla donde se rentan oficinas virtuales.

AVC Noticias buscó entrevista con el director del ITS a quien se le envió un cuestionario de preguntas, pero no respondió al cierre de la publicación.

ITS de Cosamaloapan, el esquema de corrupción que persistió

El Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), ubicado en una región de producción cañera en la cuenca del papaloapan, es una escuela donde acuden jóvenes de municipios cercanos y se sostiene con un presupuesto de 34 millones de pesos (equivalente a 1.7 millones de dólares).

Entre 2014 y 2018, este organismo firmó 16 contratos con diez dependencias federales por 481 millones de pesos.

El 90% de los recursos fueron entregados a una red de 12 empresas, dos de ellas: Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información S. de S.S y el Fideicomiso 6301, en realidad, eran parte del mismo instituto, revelaron los informes forenses.

Así funcionó el esquema del ITS de Cosamaloapan

El primer indicio de irregularidad se reveló en 2017 y luego en 2018 cuando la ASF hizo una auditoría forense. Aún cuando los expertos detectaron las irregularidades, los órganos de control de los ITS -encargados de la vigilancia administrativa- nunca reportaron inconsistencias en estos contratos. Incluso algunos funcionarios en puestos claves administrativos permanecieron en el puesto durante varios años.

Es el caso de Noé López Torres, quien tomó el cargo de subdirector administrativo del ITS de Cosamaloapan en 2013- con el gobierno de Javier Duarte-, y permaneció en el cargo por ocho años. Aunque la contraloría general de Veracruz lo inhabilitó por ocho años y le abrió un proceso administrativo, López Torres siguió firmando estados financieros del ITS hasta junio del 2021, ya en el gobierno de Morena.

Lo mismo sucedió con Marío Alberto Hernández García, jefe de recursos financieros del mismo tecnológico quien estuvo en el cargo del 2017 al 2021 y continuó firmando documentos oficiales ya con un proceso abierto por inhabilitación por el desvío de recursos. La ASF interpuso dos denuncias en contra de quien resulte responsable por daño patrimonial en al menos 15 contratos firmados por el ITSCO.

Derivado de las investigaciones de los auditores, la ASF y el Órgano de fiscalización de Veracruz (Orfis) tienen abiertas 28 observaciones financieras en contra de los ITS y la universidad. Al preguntarle a la contraloría por el estatus de las sanciones administrativas, se informó que los expedientes se resolvieron en diciembre del 2021 y están determinando sanciones. Pero cuando se le pidió una versión pública de los expedientes y el detalle de las sanciones a estos funcionarios, la Contraloría General reservó los expedientes por cinco años.

Así funcionó el esquema en otros ITS

Para esta investigación se solicitó una entrevista con la Contralora General de Veracruz y se le envío un cuestionario, pero por cuestiones de agenda no pudo responder.

Contratos millonarios y estudiantes con carencias

La firma de estos contratos millonarios no significaron para los ITS mejoras en su infraestructura educativa. Un ejemplo es el Instituto Tecnológico de Alvarado ubicado en la costa del Golfo de México en Veracruz, donde los estudiantes denuncian que sus laboratorios están desmantelados, el auditorio deportivo tiene daños y no tienen becas estudiantiles para ayudar a los alumnos.

Para llegar a sus instalaciones hay que seguir un camino cortado por socavones. Las condiciones son tan malas que la mitad de los alumnos ha decidido irse a otras escuelas.

El pretexto de las autoridades educativas es que no hay recursos y apenas reciben un presupuesto de 30 millones de pesos, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Pero en enero 2018, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes, el ITS de Alvarado firmó tres contratos con el INDAABIN por 98.1 millones de pesos, tres veces más que su presupuesto

Así funcionó el esquema del ITS de Alvarado

El dinero nunca llegó a las arcas del Instituto Tecnológico ubicado en una región donde la universidad más cercana está a dos horas de camino. El ITS subcontrató a tres empresas: GN Empresarial - quien fue subcontratada por la UPH), Equipo Elites SC y Servicios Estruck SA de CV, que a su vez lo triangularon para entregarlo a Lireyonts SA de CV. Ninguna de estas empresas está localizada.

Así se repitió el esquema, una vez más. Mientras tanto, los estudiantes hacían un plantón de más de 20 días en las puertas del ITS para exigir mejores condiciones educativas.