Xalapa, Ver.- (AVC/Emilio Vázquez) Durante los últimos cuatro años el Instituto Nacional de Migración ha asegurado a más de 30 mil menores migrantes por la ruta migratoria de Veracruz en su intento por llegar a Estados Unidos, pero apenas el 20 % han tenido derecho a un plan de restitución de sus derechos conforme a la ley.

En México existe una ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración que incluye varias etapas, entre ellas la de determinar el interés superior del menor y la restitución de sus derechos.

Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el plan de restitución de derechos debe contener, entre otros puntos, el diagnóstico del grado de peligro para la integridad física y emocional del menor, la identificación de cada derecho vulnerado y un equipo multidisciplinario debe definir la medida de protección y la determinación de las medidas.

Pero en el 80% de los casos,  su paso por la ruta no fue notificada ante la Procuraduría de Protección del menor y por ende no se realizó su canalización,  ni la emisión del plan de restitución al que tienen derecho y sin este esquema fueron regresados a su país de origen.

La normativa - reformada en 2021- establece que cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) detecta a un menor migrante debe notificar y canalizar su caso de inmediato al Sistema DIF y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde 2021, tras la reforma de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece que : “En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria”.

El menor- acompañado o no- deberá ser trasladado al Centro de Asistencia Social (CAS) o al albergue más cercano. Mientras que la procuraduría debe analizar cuál es su interés superior y elaborar un plan de restitución de derechos, que puede consistir en enviarlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), reunificarlos con familiares en México o Estados Unidos, o regresarlos a sus países de origen.

El INM también debe otorgarles la condición de “Visitante por Razones Humanitarias” a los menores y a sus familiares directos, sin exigir documentos ni pagos. Este estatus es temporal y se mantiene mientras se resuelve su Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM), el cual debe respetar los derechos del menor.

En esta ruta se alerta que las autoridades deben considerar las causas del movimiento de menores y su vulnerabilidad, es decir, si han sido reclutados por el crimen organizado, fueron desplazados por la fuerza o su vida corre peligro.

Con este protocolo busca garantizar la protección y restitución de derechos de la niñez migrante en México.

Pero a veces, la realidad puede ser otra.

Las cifras que no cuadran 

En el día internacional del migrante, AVC Noticias revisó el  boletín estadístico migratorio de la INM, quien reporta que desde el 2021 hasta octubre del 2024, se ha registrado el aseguramiento de 30 mil 810 niñas, niñas y adolescentes que van desde los 6 años a los 17 años, en su mayoría procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Ecuador en la ruta migratoria de veracruz.

De ellos, 6 mil 402 viajaban no acompañados.

Aunque el INM debió notificar su estancia, la Procuraduría informó - vía transparencia- que durante en este periodo solo realizó 2 mil 905 planes de restitución y 2 mil 881 menores tuvieron un retorno asistido a su país.

También informó que ha registrado 29 solicitudes de refugio en México por parte de menores de las cuales solo 11 han sido aprobadas.

Solo este año, el INM ha reportado - hasta el mes de octubre- el paso de 4 mil 507 menores de edad en la ruta migratoria de Veracruz. De ellos 644 viajaban solos.

Pero el sistema DIF solo recibió la notificación de 130 menores - es decir el 16%- a quienes realizó un plan de restitución de sus derechos y 106 de ellos tuvieron un retorno asistido.

¿Qué pasa con los demás menores?

Según estas cifras, más de 24 mil menores asegurados en Veracruz han sido retornados a su país de origen sin un plan de restitución. Esto significa que no se evaluó su situación ni se consideró si su regreso ponía en riesgo su vida o integridad.

Eleazar Almeida, secretario de la Casa del Pan para el Migrante en Coatzacoalcos explica en entrevista que el INM no los canaliza al sistema DIF para evitar papeleo.

“¿Qué es lo que sucede? Pues que estos niños simplemente porque vienen con sus padres (los que vienen acompañados) y a los padres yo los voy a deportar, pues yo no voy a perder tiempo en el papeleo. No voy a invertir el tiempo en canalizarlos a la procuraduría cuando mi interés real es deportarlos o retrasar la parte del flujo migratorio. Lo que hacen simplemente es los concentran y los regresan a la frontera de Chiapas, tal cual.” afirmó

Almeida reconoce que existe una discrepancia en las cifras reportadas por la autoridad migratoria sobre la niñez migrante. Explicó que, aunque estas cifras se presumen como “rescates”, en realidad corresponden a redadas, y que en muchos casos no se activa el protocolo para vincular a los menores con la procuraduría. Este hecho genera un desfase en los números reportados.

Además, recalcó que no siempre se registran a los menores, lo que facilita su retorno masivo. Aunque las autoridades necesitan documentar estos eventos en el boletín estadístico migratorio, el aumento del flujo migratorio en los últimos años ha sido abrumador.

“Evidentemente, todo esto implica recursos, y como no hay interés en realizar acciones adecuadas, la estrategia se limita a capturarlos y devolverlos. Es un ciclo: los regresan al otro lado de la frontera, esperan a que vuelvan a intentar cruzar y los atrapan de nuevo. Esa es la diferencia clave. El INM no siempre canaliza a los menores a los centros de asistencia social, claro que no”, afirma.

El DIF estatal de Veracruz cuenta con cuatro centros de asistencia social con capacidad para recibir a 100 menores no acompañados o acompañados de sus familias.

La Procuraduría estatal reconoció que cuenta con una capacidad para atender 20 casos de planes de restitución al mismo tiempo y que una persona es la designada para hacer estos planes. Cada plan lleva una elaboración de tiempo entre 20 a 30 minutos.

Una procuradora en el estado de Veracruz que prefirió mantener el anonimato, aseguró que ningún menor migrante que atraviesa por Veracruz va a una estación migratoria y se respetan sus derechos humanos.

“Los menores que no vienen acompañados entran al CAS DE Acayucan. Desde el 2020 ningún menor de edad puede entrar a una estancia migratoria”

Afirma que muchos de los casos en los que no se hace un plan de restitución de derechos es debido a que los padres, que venían en camiones separados a sus hijos, llegan a los albergues a recogerlos.

Por lo cual, ellos se deslindan de la responsabilidad y permiten que continúen su camino hacia el norte, como en el caso del CAS.

INM omite notificar y canalizar a menores migrantes: CNDH

La ley migratoria establece que los niños acompañados deben mantenerse junto a sus familias, sin separarlos de padres o hermanos. Si es necesario, los adultos también deben ser canalizados a un Centro de Asistencia Social del Sistema DIF para preservar la unidad familiar.

Pero esto tampoco se cumple.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó vía transparencia que en el último año ha recibido 31 quejas por malos tratos y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Veracruz, en cuatro de esos casos están implicados menores.

En una revisión a las recomendaciones se detectó que estas incluyen a 20 menores que fueron enviados a la estación migratoria y retenes donde estuvieron retenidos por semanas o varias horas.

La Comisión detectó que sus casos nunca fueron notificados a la Procuraduría, no se elaboró un acta de canalización, no fueron enviados a albergues y no se otorgaron visas de razones humanitarias.

Este es el caso de “Sara” de origen guatemalteco quien en octubre del 2022 llegó junto a sus hijos de 5 y 8 años y fue enviada al área de canalización ubicada a un costado de la estación migratoria en Acayucan.

La CNDH detectó que además de los hijos de Sara había otros once menores de entre 15 y 17 años en el área de canalización, de los cuales solo uno fue enviado a un CAS - 14 días después de su detención-.

“Otros los adolescentes no acompañados quienes llegaron en esa misma fecha coincidieron en manifestar que no habían sido canalizados por parte del INM a un CAS del Sistema DIF, que el lugar en el que se encontraban era insalubre, había cucarachas y ratones, además de estar durmiendo en colchonetas colocadas en el suelo, sin cobijas y el agua con la que se bañaban estaba sucia”, dice la recomendación.

El expediente de la comisión revela que, en este caso, los agentes migratorios únicamente notificaron a la Procuraduría de Protección que los menores viajaban solos. Informaron que serían trasladados al DIF, donde recibirían atención especial, como alimentación, alojamiento, atención médica, higiene personal y actividades recreativas, mientras se definía su situación migratoria. Sin embargo, nunca se gestionó formalmente su canalización.

La CNDH detectó casos en los que menores detenidos en revisiones migratorias en carreteras permanecieron entre 8 y 14 horas en condiciones inadecuadas antes de ser llevados a la Oficina Administrativa de Canalización del INM.

Además, no se notificó de inmediato a la Procuraduría de Protección ni al Sistema DIF, retrasando su traslado a un Centro de Asistencia Social. Esto vulneró sus derechos a la seguridad jurídica, al trato digno y al principio del Interés Superior de la Niñez.

La CNDH detectó que los agentes migratorios retuvieron a los menores en las áreas de canalización durante más de tres días debido a que los niños "se mostraron poco colaborativos". Al intentar explicarles su situación migratoria, se mostraron renuentes, se negaron a tomarse la fotografía y a firmar los documentos, lo que provocó su permanencia en la Oficina Administrativa de Canalización.

La Comisión consideró esta situación grave e irregular, ya que la canalización de menores a los Centros de Asistencia Social (CAS) tiene como objetivo garantizar un alojamiento adecuado y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. La canalización no debe depender de que los migrantes accedan a tomarse fotografías o firmar documentos relacionados con sus expedientes.

Como resultado, la CNDH ordenó al INM iniciar un procedimiento administrativo contra los agentes migratorios por las omisiones en el proceso.

Niños migrantes más vulnerables al crimen organizado

La CNDH advierte que la vulnerabilidad de las personas en situación de migración internacional se agrava en el caso de menores no acompañados. “Estos niños y niñas se ven obligados a abandonar sus países de origen, ya sea con sus familias o solos, debido a la violencia ejercida por grupos delictivos, la pobreza extrema o la búsqueda de mejores oportunidades de vida”.

En su informe sobre “La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México”, la comisión alerta que esta situación es especialmente crítica en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), donde, en la última década, la niñez ha protagonizado importantes flujos migratorios hacia el norte del continente en busca de un futuro más prometedor.

Por ejemplo, la casa de pan para el migrante se ha encontrado con niños que han manifestado situaciones de extorsión, secuestro, abusos sexual, daño psicológico.

Eleazar Almeida alerta que esto ocurre con mayor frecuencia en menores, especialmente niñas, quienes incluso llegan a Coatzacoalcos con meses de embarazo tras su travesía. Este contexto es particularmente crítico para quienes cruzan desde Guatemala, Honduras, Chiapas y enfrentan las condiciones adversas en la frontera y en Tabasco.

“El peligro que estas personas enfrentan tiene que ver con el crimen organizado, que los extorsionan, abusan de ellos, los ocupan para otras situaciones y también delictivas, el contexto cambia completamente cuando atraviesan algunos estados, pues en el norte sufre abusos de la fuerzas federales como el Ejército, la Guardia nacional o a policía migratoria”, dice Almeida.

Falta de personal, capacitación y recortes

En 2019, el "Informe Especial de Situación de las Estaciones Migratorias en México" advirtió por primera vez sobre la presencia regular de menores de edad, acompañados y no acompañados, en estaciones migratorias.

En 2020, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) revisó siete estaciones migratorias, incluida la de Acayucan, Veracruz, y encontró 173 menores de edad que no habían sido canalizados a un Centro de Asistencia Social.

La revisión también reveló que el personal que trabaja como guardias y custodios en estas instalaciones no está adscrito al Instituto Nacional de Migración (INM). En su lugar, se trata de empleados de empresas de seguridad privada contratadas por el instituto. Este personal no cumple con los requisitos ni con la capacitación necesaria para desempeñar funciones públicas en estaciones migratorias.

Esto contradice el Artículo 23 de la Ley General de Migración, que exige que los servidores públicos y el personal del INM pasen por un proceso de certificación. Este proceso incluye evaluaciones psicológicas, éticas, socioeconómicas y de competencias, que deben ser realizadas por el Centro de Evaluación del INM, avalado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

En teoría, tanto los funcionarios administrativos como el personal de mantenimiento y seguridad deben cumplir con estas evaluaciones para garantizar su competencia y permanencia en sus cargos. Sin embargo, la dependencia de contrataciones privadas pone en duda el cumplimiento de estos estándares legales.

Se agrava situación migratoria: Francisco Rivas

Entre 2022 y 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha enfrentado importantes recortes presupuestales a nivel federal. En insumos alimenticios y otros recursos esenciales, el presupuesto se redujo en 285 millones de pesos, lo que equivale a un 52% menos, es decir, menos de la mitad del presupuesto disponible anteriormente para cubrir las necesidades de los migrantes.

En el mismo periodo, los gastos destinados a servicios de traslado también sufrieron un recorte del 34%, equivalente a 401 millones de pesos menos. Estos ajustes han impactado significativamente la capacidad del INM para atender a la población migrante.

Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano señaló que la falta de una política migratoria clara y los recortes presupuestales han agravado la situación migratoria en México. Según Rivas, esto ha llevado al uso de la fuerza del Estado para reprimir los flujos migratorios, en lugar de implementar medidas de atención y protección.

“Les recortaron el dinero para los viáticos entonces la gente del INM que tenía que ir a hacer las visitas para revisar cómo se estaba atendiendo el tema pues tenía que quedarse a dormir a veces en las oficinas del INM o donde consiguió con sus propios recursos, y no pues como debería de ser con los recursos del Estado que te está mandando a una actividad propia de tu trabajo.” explicó

Rivas también destacó que la ausencia de una política de seguridad clara ha permitido que grupos delictivos extorsionen, violenten, desaparezcan y secuestren a migrantes. Esta situación empeora la calidad de la atención migratoria en el país.

“El sistema de justicia está colapsado. Las fiscalías enfrentan una sobrecarga de trabajo: cada ministerio público tiene en promedio 300 carpetas de investigación, lo que implica resolver un caso al día. Es imposible. Por eso tenemos niveles de impunidad del 99%”, explicó.

Esto significa que incluso en casos donde se denuncian agravios contra menores migrantes, es casi seguro que no habrá resolución. Según Rivas, esto deja el camino libre para que los grupos delictivos cometan atrocidades contra la población migrante, ya que no enfrentan consecuencias. “¿Quién los castigará?”, cuestionó.

El especialista también lamentó la indiferencia hacia los migrantes en México. “A los migrantes no les importan a nadie. Claro, nos preocupamos por nuestros paisanos en Estados Unidos, pero aquí tratamos terriblemente a los migrantes de Sudamérica, Asia y África”, afirmó.

Finalmente, Rivas criticó que el gobierno no priorice la atención a las víctimas migrantes. “El tema migratorio es prioridad a nivel político, pero no en el sentido de proteger a las personas. Se busca retenerlos mediante empleos aparentes y generar cuellos de botella para que no avancen hacia Estados Unidos”, concluyó.