Ciudad de México.- (AVC/Perla Sandoval/Enviada) El estado de Veracruz se ubica entre las cinco entidades con más casos de desapariciones de personas en el país, con 6 mil 864 reportes; sin embargo, la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Patricia Chica Rinckoar, advierte que la cifra no refleja la magnitud real del fenómeno ante la existencia de un subregistro de casos que no se denuncian.

Entrevistada durante el primer encuentro nacional de la Red Lupa entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y asociaciones acompañantes, dijo que hay quienes prefieren no denunciar por las amenazas que reciben, o bien porque no hay confianza en las autoridades.

Indicó que a esto se suma la reclasificación del delito de desaparición que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), pues en ocasiones cambia la investigación de un caso de desaparición a uno de privación de la libertad, trata de personas, entre otros.

“En el caso específico de Veracruz lo que sabemos es que hay una gran cifra negra y que no hay denuncia por parte de familiares en muchos de los municipios por amenazas, por no confianza en las autoridades, por temor, entonces esa falta de denuncia y falta de apertura de carpetas de investigación hace que las cifras puedan bajar o que o que se mantengan igual o que en algunos momentos se reclasifique a otros delitos y baje".

Explicó que esta reclasificación de los delitos por parte de las autoridades genera que en la estadística pareciera que las desapariciones han disminuido en el estado, cuando la realidad no es así.

“En algunos estados las fiscalías pueden clasificar delitos de desaparición como otros delitos, como privación ilegal de la libertad o pueden estarlo clasificando como trata, hay una serie de delitos donde pueden llevar estos casos o bien pueden no abrir carpeta de investigación y simplemente por conveniencia, por disminuir las cifras y por no no tratar el problema”.

Lo anterior se observa en el caso de Veracruz, en donde durante el 2023 se reportaron 7 mil 407 casos de personas desaparecidas y para 2024 la cifra disminuyó a 6 mil 864 casos.

Chica Rinckoar afirmó que la entidad veracruzana debe tener la atención prioritaria de autoridades federales y estatales, pues el fenómeno de las desapariciones no ha parado.

“Sobre todo en cuanto a la producción de política pública integral; es decir, son estados que año a año desde que comenzó este problema tienen los números más altos, por lo tanto deberían estar siendo priorizados a nivel federal y estatal”.

Dada la gravedad del problema insistió en que estados como Veracruz deberían tener los recursos, las capacidades y líneas de acción suficientes para combatir este delito y las grandes violaciones a los derechos humanos.

“También deberían estar trabajando en prevención, en cómo generar estrategias desde las autoridades que permitan que no haya un caso más, pero no estamos en ese momento”, lamentó.

Presentarán informe sobre instituciones que atienden desapariciones

Durante dos días integrantes de la Red Lupa realizaron mesas de trabajo en Ciudad de México para generar un informe nacional y 32 estatales sobre los avances, retrocesos y/o pendientes en materia de desaparición de personas a través de las instituciones y dependencias encargadas de atender este problema.

En el diagnóstico participaron integrantes de colectivos, familiares de personas desaparecidas, organizaciones acompañantes de víctimas de todo el país así como periodistas e integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Patricia Chica Rinckoar, afirmó que la intención no es no solo contar con un análisis de lo que está ocurriendo, sino generar recomendaciones dirigidas a las nuevas autoridades en materia de desaparición de personas.

Explicó que los resultados de la primera reunión de quienes integran la Red Lupa se entregarán en noviembre próximo, a fin de que las nuevas autoridades tanto federales como de los estados puedan integrar las propuestas o recomendaciones a sus planes de gobierno.

“Esperamos presentarlo entre noviembre y diciembre de este año a las nuevas autoridades para generar empatía, conciencia y crear espacios de participación donde podamos discutir con ellas nuevas estrategias para enfrentar el problema”.