Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) En medio de escándalos de corrupción, aprehensiones y procesos judiciales, en los últimos nueve años en el estado de Veracruz han sido nombrados tres fiscales generales, a pesar de que por ley el primero de ellos, Luis Ángel Bravo Contreras, tendría que haber permanecido en el cargo hasta este año.

La reciente declaración de la gobernadora electa, Rocío Nahle sobre revisar la permanencia en el cargo de la actual fiscal, abre de nueva cuenta el debate sobre los cambios en este órgano autónomo.

Aunque la Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz establecen que cada fiscal debe estar al frente de este organismo autónomo durante nueve años, con cada cambio de administración estatal los titulares de la FGE han sido removidos, dos de ellos enfrentan procesos judiciales por delitos como desaparición de personas.

Sobre el tema, defensores de derechos humanos y abogados advierten que más que el tiempo en el cargo, lo que se debe revisar es que la actuación del fiscal general sea verdaderamente autónoma y no dependa del Ejecutivo, pues esto afecta a la justicia y los ciudadanos.


Hay más persecuciones política que evaluaciones al desempeño: Palacios

La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anaís Palacios, afirmó que en Veracruz ha habido más persecuciones políticas que evaluaciones serias sobre el desempeño de los fiscales.

“Hay que reconocer que las Fiscalías tienen autonomía respecto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto en el nombre, principalmente. En Veracruz vivimos durante muchos años la dependencia de la Procuraduría del Poder Ejecutivo y una vez que se nombró al primer Fiscal hemos visto más persecuciones políticas que evaluaciones serias sobre el desempeño de las Fiscalías, de tal manera que se han tenido 3 fiscales desde 2015 a la fecha. Dos de ellos fueron vinculados a proceso y uno de ellos se encuentra actualmente preso”, señaló.

Dijo que si bien es sano evitar que los funcionarios se “eternicen” en los puestos, lo importante es que el tiempo que duren en el encargo brinden resultados en la investigación de los delitos.
“Que brinden alternativas para la participación ciudadana efectiva, para la mejora en la calidad de los procesos de acceso a la justicia y porque las carpetas de investigación estén correctamente integradas, que no haya constante rotación de personal, que haya especialización en los casos además de trato respetuoso y diligente”, dijo.

Indicó que se debe revisar el trabajo de los fiscales pero no por asuntos políticos sino para mejorar sus actuaciones.

“La intención de evaluar a la Fiscalía actualmente por un asunto político sale totalmente de los parámetros legales y del comportamiento esperado de una política que está a punto de asumir un cargo de tal importancia”, dijo sobre las recientes declaraciones de la gobernadora electa Rocío Nahle.

Dijo que en el caso de las desapariciones de personas lo que se espera es que la trilogía investigadora busque a las personas desaparecidas, actúen con inmediatez en las diligencias básicas para localizar a una persona, a través del análisis de la información den líneas de investigación acordes al caso y libres de discriminación y de criminalización.

“Que se dé información a las demás instituciones que participan en la búsqueda sin obstaculizar el desempeño de sus funciones, que se dé la gestión e identificación de las personas que se encuentran sin identificar en los servicios forenses”.

Abundó que lo que se espera es que haya continuidad, “pero no en los errores, sino en aquellas faltas impostergables que se han tenido en la procuración de justicia y en la investigación de los delitos, que han sido mantenidas o por asuntos políticos o por falta de presupuestos dignos y bien manejados para las enormes responsabilidades que tienen las Fiscalías y las personas que están al frente en las distintas áreas”.

Fiscalía y Poder Judicial “brazo ejecutor” de Gobiernos : Tomás Mundo

Por su parte, el abogado Tomás Mundo aseguró que lo que ha ocurrido en Veracruz es el uso de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial como “brazo ejecutor” del gobierno en turno.

“Todos los gobernadores que han llegado han visto en la Fiscalía y en el Poder Judicial ese brazo ejecutor, Veracruz no se salva y ha seguido la misma regla, desde que se instituyó la independencia de la Fiscalía y entonces los ejemplos abundan, con Luis Ángel (Bravo), con (Jorge) Winckler) y Verónica Hernández”.

Por ello, dijo que la propuesta de la gobernadora electa Rocío Nahle García de revisar el trabajo de la actual fiscal general Verónica Hernández Giadans, es positiva y se debería extender al trabajo de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la titular del Poder Judicial en Veracruz.

“Estoy completamente de acuerdo con lo que dice la gobernadora electa de revisar el papel de la fiscal general y agregaría el trabajo de la fiscal de Anticorrupción y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Veracruz merece una mejor justicia”.

El litigante acusó que actualmente Veracruz tiene al peor Tribunal Superior de Justicia y la tercera peor Fiscalía en el país, de acuerdo con el informe del informe de 2023 del World Justice Project e Impunidad Cero.

“Hay que revisar el papel de estas tres funcionarias porque le han quedado a deber a la Justicia Federal; mientras sigan buscando esos perfiles a comodidad, en donde el fiscal que eligen provenga de un compromiso donde lo que menos tiene es autonomía, va a pasar esto. Por querer quedar bien están resolviendo casos violentando los plazos procesales, las garantías más elementales”.

Acusó que en Veracruz hay un 98 por ciento de impunidad en los delitos y que esto es muestra del deficiente trabajo que hay en el estado.

Comentó que los titulares de la Fiscalía deben ser expertos en derecho penal y “no llegar a aprender” una vez que son nombrados en el cargo.

“Que haya una voluntad política que se tiene que dar para buscar a gente no allegados al poder sino gente con conocimiento pleno de lo que es el derecho penal, pero por supuesto que es difícil por esa seducción del poder de tener a gente incondicional en estos brazos ejecutores”.


Una historia de fiscales

En el 2015 la entonces Procuraduría de Justicia del Estado se convirtió en Fiscalía General de Veracruz (FGE), y el primer fiscal fue Luis Ángel Bravo Contreras, luego de haber sido nombrado como procurador por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Debía permanecer en el cargo hasta el 2024, pero con el cambio de administración y la llegada del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en octubre de 2016, Bravo Contreras fue señalado por desaparición forzada y corrupción; el 29 de noviembre presentó su renuncia y en julio de 2018 fue detenido por los delitos de corrupción y abuso de poder.

En medio de este proceso en 2016 fue nombrado Jorge Winckler Ortiz como fiscal general de Veracruz; antes había fungido como abogado de la familia Yunes y su llegada a la Fiscalía fue criticada por su cercanía con los panistas. Se mantuvo en el cargo hasta 2019, tampoco sobrevivió al cambio de administración estatal pues fue destituido del cargo tras acusaciones de abuso de poder y falta de independencia en su gestión.

En 2022 fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, señalado por tortura y privación ilegal de la libertad en contra de un escolta del ex fiscal Luis Ángel Bravo.

El gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez ha sido insistente desde el inicio de su gobierno en que Winckler ocultaba carpetas de investigación, y que en la Fiscalía “se cobraban moches” para evitar ejecutar las órdenes de aprehensión.

En mayo de 2019 el gobernador Cuitláhuac García nombró a Verónica Hernández Giadans como fiscal general por un periodo de nueve años, que concluyen en 2028; sin embargo, la gobernadora electa Rocío Nahle García se ha pronunciado por revisar la temporalidad en el cargo y el trabajo de la fiscal actual.

Incluso criticó que la respuesta de la Fiscalía “fue lenta” en el proceso que se sigue contra el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez, señalado por falsificación de documentos cuando se registró como candidato a alcalde de Veracruz.