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Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Como parte de la investigación a las observaciones y el daño patrimonial en el que incurrieron exfuncionarios estatales o municipales más de media centena han sido inhabilitados y se presentarán nuevas denuncias penales.
El jueves dos de marzo, la auditora general, Delia González Cobos entregó a diputados locales el informe de seguimiento de las acciones que se han implementado para sancionar a funcionarios que incurrieron en daño patrimonial.
El documento detalla los avances en el proceso de fincamiento de responsabilidad de las cuentas públicas del 2017 y 2018, en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, y del 2019 y 2020, del actual gobernador de Morena Cuitláhuac García, así como de los ex alcaldes del periodo 2017-2021, también se han dado amonestaciones públicas y privadas, así como apercibimientos.
El informe de seguimiento adelantó que habrá más de cincuenta nuevas denuncias, al turnar nuevos expedientes por faltas graves, como parte de la investigación y sustanciación de las cuentas públicas de Yunes, Cuitláhuac y los 212 exalcaldes.
Como parte de la fiscalización, una vez que se aprueban las cuentas públicas se deben iniciar procesos administrativos o penales con la idea de sancionar a quien malversó los fondos públicos o no logró justificar el gasto del dinero etiquetado.
Según la ley, el Orfis cuenta con un periodo de siete años para tomar acciones por el daño patrimonial generado a las arcas municipales o estatales; en órganos autónomos y desconcentrados. Se debe auxiliar de los órganos internos de control de los entes fiscalizables para investigar y sancionar.
Los OIC reciben las observaciones de carácter administrativo de posibles faltas no graves y, en su caso, las recomendaciones para investigar y sancionar; sin embargo, algunos han sido omisos de esa responsabilidad, mientras que otros, los menos, han concluido los procesos administrativos, y han determinado sanciones contra exfuncionarios.
El reporte detalla que solo en el caso de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, especialmente en el 2017, concentra más del 99 por ciento de las inhabilitaciones de exfuncionarios estatales.
AVC revisó algunos datos relevantes del Informe de Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020:
Avances del 2020
En el segundo año de la administración de Cuitláhuac y el antepenúltimo de los ex alcaldes, se iniciaron un total de 136 investigaciones, 78 casos fueron archivados y en cuatro se iniciaron procesos administrativos de responsabilidad, además, de que otros 23 casos están en procesos de investigación; y, en 18 casos se determinaron sanciones.
De los cuatro entes con presunta responsabilidad administrativa están: la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, el Colegio de Veracruz, la Comisión del Agua de Coatzacoalcos y el municipio de Oteapan.
Además, se emitieron amonestaciones públicas y privadas, suspensiones y apercibimientos privados a 57 funcionarios o exfuncionarios.
En la lista de Ayuntamientos con amonestaciones públicas y privadas aparecen: Acajete, Actopan, Alpatláhuac, Angel R. Cabada, Atzacan, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatepec, Huatusco, José Azueta, Las Minas, Pánuco, Pueblo Viejo, Totutla, Úrsulo Galván. En el caso de Agua Dulce se dio la suspensión temporal de dos trabajadores, y en Texistepec dos apercibimientos privados.
En el caso del Instituto Metropolitana del Agua, la contraloría interna determinó que las observaciones fueron corregidas o subsanadas por la Dirección del Instituto, sin que representen una afectación patrimonial.
Otros 51 entes, entre ellos el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI), no han iniciado los procesos de investigación, luego que les fueron entregadas algunas observaciones y recomendaciones.
El Orfis reporta que de ese ejercicio fiscal se han presentado en total 18 denuncias, todas contra entes municipales por un monto de 17 millones 465 mil 290 pesos.
Avances del 2019
En el seguimiento de la aprobación de la Cuenta Pública 2019, el ORFIS reporta 69 procesos de investigación y apertura de expediente; además, en 97 casos se dio acuerdo de conclusión y se archivó el expediente.
Se entregaron 40 informes de presunta responsabilidad administrativa; 27 expedientes están en proceso de investigación y en 24 casos se emitió una resolución; de ese número en 20 expedientes se determinó una responsabilidad.
Para la Cuenta Pública 2019, se han emitido 56 amonestaciones públicas y privadas contra funcionarios o exfuncionarios municipales de: Acajete, Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Ángel R. Cabada. Atzacan, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatepec, Huatusco, José Azueta, Las Minas, Misantla, Nanchital, Pánuco, Pueblo Viejo, Totutla, Úrsulo Galván, y personal de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.
De ese año, 46 entes no han iniciado procesos de investigación de posibles responsabilidad administrativa por las observaciones recibidas, en la lista se encuentra el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI).
Por la Cuenta Pública 2019, el Orfis se han interpuesto 47 denuncias por un monto de 112 millones 286 mil 456 pesos. 46 denuncias corresponden a municipios, la 47 es contra quien resulte responsable del Tecnológico de Perote.
Avances del 2018
De los 327 entes que son fiscalizados, 305 autoridades investigadoras de los Órganos Internos de Control iniciaron los procedimientos correspondientes, dos no iniciaron procedimiento debido a que únicamente tuvieron recomendaciones y 20 no presentaron información.
Existen 60 informes de responsabilidad administrativa, 39 resoluciones de sanciones y cuatro denuncias penales ante las instancias competentes.
En el caso de la responsabilidad administrativa se incluye a autoridades de dependencias como Sefiplan, SEV, SIOP, Medio Ambiente, Sedarpa, Turismo y Cultura, y Desarrollo Social, así como la Coordinación de Comunicación, todos ellos funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Además, de personas involucradas con Fideicomisos, y 20 institutos tecnológicos, el Seguro Popular y Sesver están siendo investigadas por su presunta responsabilidad administrativa.
En 39 expedientes se determinaron sanciones administrativas, en ese caso, resalta que se dictaron siete inhabilitaciones temporales en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). En el municipio de Maltrata se determinó una multa.
En el resto de los casos se dieron amonestaciones públicas o privadas contra funcionarios o exfuncionarios de Acajete, Acatlán, Actopan, Atzacan, Banderilla, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatepec, Coscomatepec, Huatusco, Jalcomulco, Las Choapas, Las Minas, Maltrata, Mecatlán.
Así como Medellín de Bravo, suspendieron a un trabajador por tres días, Nanchital, Naranjos, Pánuco, Papantla, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapa, Soteapan, Tecolutla, Tenampa, Tempoal, Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Totutla, Úrsulo Galván y Xoxocotla.
Además, se amonestó a funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Drenaje de Banderilla y la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín.
En ese año, se presentaron cuatro denuncias por el manejo de recursos públicos en el IVAI, así como en los Ayuntamientos de Agua Dulce, Jáltipan y Tamalín.
De manera adicional se presentaron siete denuncias por mil 177 millones de pesos que incluyen el sistema de videovigilancia de Yunes, otra más contra su hijo Fernando Yunes, alcalde de Veracruz, así como contra funcionarios de la SEV y la SIOP, que encabezó Julen Rementeria del Puerto, hoy senador que estuvo en la dependencia los meses de enero y febrero.
Avances 2017
En ese año, el Orfis notificó a 340 entes fiscalizables, las observaciones de carácter administrativo de posibles faltas no graves y, en su caso, las recomendaciones, respecto de las cuales 324 autoridades investigadoras de los Órganos Internos de Control iniciaron los procedimientos correspondientes, siete no iniciaron procedimientos debido a que tuvieron únicamente recomendaciones y nueve no presentaron información
Datos del Orfis detallan que se presentaron 34 informes de presunta responsabilidad administrativa; y se determinaron 87 sanciones, y presentaron 10 denuncias penales.
En el caso de las 87 sanciones se dieron tres inhabilitaciones y una sanción económica en la Secretaría de Seguridad Pública, dos inhabilitaciones en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; otra en la de Salud, además, tres inhabilitaciones en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, más una amonestación y un apercibimiento público.
También se inhabilitó a dos funcionarios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos; cuatro en el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, otra más en la Oficina Operadora de Cosamaloapan; dos en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el mismo número de Sesver, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Se inhabilitó a tres exfuncionarios de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla. Y a cuatro funcionarios del Instituto Tecnológico de Xalapa.
También se les impidió estar en la función pública a extrabajadores de los Tecnológicos de Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Chicontepec, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Pánuco, Perote y a otros entes, además de decenas de amonestaciones públicas a exfuncionarios municipales.
Del ejercicio fiscal del 2017 se acumulan un total de 60 denuncias que suman un monto de 852 millones 429 mil 651 pesos.
Orfis presentará nuevas denuncias
El reporte detalla que como parte de la investigación y sustanciación del seguimiento de la Cuenta Pública del 2020 se turnaron 15 expedientes a la Dirección Jurídica, para presentar denuncias penales contra quien resulte responsable por el presunto desvío de recursos públicos.
Involucra a trabajadores en los municipios de Colipa, Cazones de Herrera, Cosamaloapan, Ilamatlán, Huayacocotla, Mixtla de Altamirano, Amatlán, Perote, Platón Sánchez, Rafael Lucio, Tepetzintla, Tequila, Tres Valles, Texistepec y Zacualpan.
En el caso del 2019, se turnaron 28 expedientes al jurídico para presentar denuncias contra quien resulte responsable por faltas graves en el manejo del presupuesto en el Tecnológico de Perote y en los municipios de: Altotonga, Alvarado, Alto Lucero, Angel R. Cabada, Aquila, Castillo de Teayo, Chalma, Chinameca, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa.
Así como Jesús Carranza, La Perla, Lerdo de Tejada, Amatlán, Oteapan, Pajapan, Pánuco, Sayula de Alemán, Tancoco, Tecolutla, Tempoal, Texistepec, Tihuatlán, Tlaquilpa, Tres Valles y Yecuatla.
Para el ejercicio 2018, se presentarán tres denuncias en los casos de la Secretaría de Educación de Veracruz, el Tecnológico de Alvarado y a quien resulte responsable del municipio de Ixhuatlán de Madero.
Para el ejercicio 2017, se prevén ocho nuevas denuncias, de expedientes que se turnaron al jurídico del Orfis, en los casos de los municipios de Amatlán de los Reyes, Aquila, Misantla, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, Tepatlaxco, Zaragoza y Zozocolco de Hidalgo. |