Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos el decreto presidencial que establece como de interés público y seguridad nacional los proyectos del Gobierno federal, que van desde temas de infraestructura hasta energéticos y ordena a las dependencias de la administración pública a otorgar la autorización provisional a estos en un plazo máximo de cinco días, señalaron activistas, académico y juristas en entrevista con AVC Noticias.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que las obras incluyen el sector de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos, pero la preocupación es que este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador “abra la puerta” a proyectos extractivistas como minería tóxica, hidroeléctrica y demás proyectos que las comunidades han buscado frenar durante décadas.

Las obras más emblemáticas impulsadas por el gobierno federal son el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que atraviesa Veracruz y Oaxaca, el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el decreto es para “agilizar trámites” y no detener las obras y que no tiene nada que ver con la transparencia.

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”.

Sin embargo organizaciones civiles y dependencias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a información y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción anunciaron que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Decreto es inconstitucional

Para la doctora Beatriz Torres Beristain, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana (UV), este decreto abre la posibilidad para eliminar los candados que se han puesto a fin de asegurar la revisión de cada proyecto y “hacer legal lo irracional”, al anular las capacidades de decisión de las dependencias, e incluso de los estados y municipios. Dijo que a todas luces el decreto es inconstitucional y se debe combatir.

“Me parece muy terrible ese decreto, me asusta, me parece que se está pasando por alto al Legislativo con algo de esta magnitud, anula las capacidades de las dependencias porque ellos tienen un proceso, como las manifestaciones de impacto ambiental que realiza la Semarnat, y les tenemos cierta confianza, pero dar un plumazo y quitar absolutamente todo, diciendo que en cinco días se va dar permisos para hacer todo aquello que tiene consecuencias no sólo contra los recursos naturales sino contra los derechos humanos, da una opción de que estos pasen por encima de cualquiera”.

Señaló que el decreto anula el derecho de la población a la participación, a la información, que está basado en todos los procesos democráticos que se han logrado y va en contra de los mismos principios de la administración actual.

“Desmerece completamente la confianza que tenemos depositada en él. Sabemos que ya de por sí hay muchas irregularidades y violaciones a los derechos humanos aún en los procesos que de manera regular se hacen y esto le da manga ancha, va a pasar todo, y en ese todo van proyectos energéticos, hidroeléctricas; dicen que son proyectos del Gobierno federal, pero se los van a dar a la iniciativa privada, entonces es muy terrible”.

Destacó que en el decreto se establece que los permisos provisionales que entreguen las dependencias serán de 12 meses, lo cual dijo es un tiempo amplio en el que no se aclara si se puede incluso ampliar.

Además, cuestionó si al ser considerados desde ahora proyectos de seguridad nacional los ciudadanos podrán tener acceso a la información sobre su ejecución o bajo este supuesto quedarán en opacidad.

INAI ejercerá controversia

El INAI detalló que luego de analizar los alcances del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes pasado, y tras realizar una reunión de trabajo, determinó ejercer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

El INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de ayer para presentar ante la SCJN la controversia constitucional, por lo que en los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
A esto se suma el pronunciamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción quien manifestó preocupación por los alcances y repercusiones del decreto.

“La excepción implicaría una afectación al cumplimiento de la regulación de las contrataciones públicas en México pero también menos información pública y eventualmente menos rendición de cuentas sobre los procesos de licitación. Con ello advertimos el riesgo de que aumenten los márgenes de discrecionalidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno y en turno que se generen espacios de corrupción impunidad en detrimento del Estado de derecho”, señaló en un pronunciamiento público.

Retrasa 20 años la lucha de las comunidades

Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), y quien ha realizado la defensa de proyectos mineros e hidroeléctricos, aseguró que tras la publicación del decreto se espera una “cascada” de amparos que busquen su eliminación debido a que representa un retraso de 20 años en la lucha por la defensa del territorio y el ambiente.

“Estamos francamente muy preocupados porque el decreto es violatorio de los derechos humanos, de la Constitución y del derecho internacional; todo lo que han avanzado pueblos, comunidades, organizaciones a lo largo de 20 años en materia de defensa del territorio y ambiental es omitido, es pasado por alto”.

El activista aseguró que combatirán el decreto que pretende obviar los plazos que tienen los pueblos para defender su postura ante todo tipo de proyectos que tengan un impacto en su comunidad.

“El interés de las comunidades ha sido preservar la manera en que han vivido en estos lugares y por otro lado está el interés de empresas particulares y gobiernos en turno, que quieren generar polos de desarrollo en circuitos que antes no eran tomados en cuenta y que hoy generan una tensión importante. Estamos preocupados”.

“Sería lamentable que se omita una vez más la voz de los pueblos y comunidades que defienden sus bosques, ríos, montañas y lagunas”.

Autoriza despojo

El representante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez, aseguró que el decreto de facto autoriza el despojo de territorios indígenas ancestrales, incluyendo no solo tierras, también aguas, naturaleza y todo lo que en el subsuelo se encuentra, dejando a los más vulnerables en estado de indefensión absoluta y omitiendo de facto el derecho a su consentimiento.

“El decreto en cuestión resulta inadmisible en cuanto que violenta los derechos humanos en general y en particular el derecho a la Consulta libre, previa, informada, adecuada a sus contexto sociocultural y de buena fe a la que tienen derecho los pueblos originarios. El derecho humano a la consulta es prácticamente la llave para abrir paso al derecho al desarrollo y al conjunto de los derechos humanos”.

Agregó que el decreto da “banderazo” a la opacidad, al levantamiento de la veda de aguas en las cuentas estratégicas de México, a la minería de cielo abierto, da paso a la contaminación de suelos, aguas, aire, etcétera.

¿ Qué dicen los abogados?

El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío dijo en entrevista que el decreto es “evidentemente inconstitucional” y rompe con varios principios constitucionales, primordialmente el principio de legalidad al pretender que un decreto establecido en un acuerdo pase por encima de normas legales vigentes.

Sobre los recursos que pueden presentarse para combatir el acuerdo publicado, el ministro en retiro destacó que una de las vías es el amparo ante jueces federales de distrito. Esos amparos, a la postre, podrían ser turnados ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otra alternativa, dijo, es la presentación de controversias constitucionales (por invasión de competencias o funciones) , o acciones de inconstitucionalidad (por considerar que una norma o decreto va en contra de lo que estipula la Constitución).