AVCNOTICIAS / 27-Octubre-2021 por: Perla Sandoval y Tania Rivera
“La primera vez que escuché sobre el Covid-19, dije: ¡ay Dios mío! En el momento en se presente en México va a ser un desastre. Sin emergencia sanitaria no teníamos suficientes camas, suficientes cosas, entonces ¿qué se podía esperar cuando entrara una pandemia? Para mi eso iba a ser casi imposible de resolver en hospitales de México y de la provincia sobre todo”.
Jazmín Castellanos
Médica especialista en radiología e imagen para el IMSS
“Escuché noticias del coronavirus desde enero del 2020, y lo primero que pensé fue que a nosotros no nos iba a llegar. Esto probablemente nos llegue en una época donde tengamos un clima favorable, nosotros somos distintos a los chinos, somos de color oscuro y probablemente la vitamina D3 nos proteja. ¡Qué equivocados estábamos! (...)”
Amado Ramírez
Médico neumólogo e internista, egresado del INER
“La primera vez (que escuché del covid-19) no fue por el contacto con un paciente, fue como todos, por la televisión, en enero del 2020. Pero fue a finales de marzo que se declara la pandemia, cuando empezamos la odisea que cambiaría la vida de muchos de nosotros, del mundo”.
David Martínez
Médico, adscrito al servicio del área de urgencias en el IMSS
Cuando la primera paciente de Covid-19 llegó al hospital del ISSSTE en Poza Rica, a mediados de abril del 2020, Roberto Saturnino Pérez Sandoval, un galardonado médico con 30 años de trayectoria, fue parte del equipo que llegó hasta la puerta del inmueble a recibirla.
Él quería atender pacientes, como lo había hecho por la mitad de sus 63 años, pero su familia estaba preocupada porque pertenecía a la población vulnerable al Covid-19: padecía sobrepeso, hipertensión y diabetes. Así que después de recibir a los primeros pacientes de Covid-19, lo convencieron de solicitar su resguardo en casa.
Roberto acudió al director del hospital para solicitar su resguardo, pero su superior, un hombre que le tenía la confianza suficiente, para pedirle que se encargara de enviar a su nombre las estadísticas de los casos sospechosos de Covid que le pedía la SSA, le negó el resguardo.
“A pesar de cumplir con tres de las cuatro causales para tener derecho a resguardo domiciliario: obesidad, hipertensión, diabetes, le negaron el permiso por ser un trabajador de confianza, y por tener 63 años, en vez de 65, como era el requisito. Así que negaron el resguardo domiciliario, y siguió trabajando hasta sus últimos días”, contó su hijo mayor Roberto Pérez Valadés.
Una semana después, Roberto empezó a sentirse mal. El 27 de abril, a las 10:00 horas, su hijo tuvo que ir a recogerlo al hospital, donde se encontraba casi desmayado, con la glucosa descontrolada. Tres días después de ese episodio, la situación era insostenible, pasó la noche en el ISSSTE, pero al otro día, a petición del propio Roberto, su familia lo trasladó al hospital de Pemex, el cual había dirigido hace años.
En esta cobertura informativa realizada por AVCNoticias, documentamos cómo el estado le falló a los médicos que luchaban contra la pandemia desde la primera línea.
Según solicitudes de información, la elaboración de bases de datos, testimonios con personal médicos y entrevistas con especialistas en salud pública, los médicos en Veracruz enfrentaron el Covid-19 en medio de una notable descoordinación e indolencia de las autoridades de Salud, que puso en riesgo sus vidas.
En los primeros meses de la pandemia, la historia de Roberto se repitió en otros hospitales de Veracruz, donde trabajadores del sector salud vulnerables a la enfermedad, se quedaron en la primera línea de batalla ante el Covid-19, a pesar de que los decretos emitidos por la propia autoridad sanitaria, indicaban que podían irse a casa.
También se identificó que mientras los médicos mendigaban insumos de calidad para enfrentar el Covid-19, durante el primer año de la pandemia por Covid-19 Veracruz contó con mil 804 millones de pesos de presupuesto para combatir el Coronavirus, de los cuales, en los informes financieros trimestrales de Salud, sólo dan cuenta de cómo se gastaron 280.7 millones para la compra de insumos contra la pandemia.
Esto creó “la tormenta perfecta” para que el personal de primera línea no recibiera los insumos necesarios para su trabajo en tiempo y que no se garantizara la calidad de los cubrebocas, guantes, batas y trajes de seguridad con los que trabajan. El resultado es que Veracruz está entre las entidades con mayor contagio entre su personal y es cuarto lugar nacional en decesos por Covid-19.
Además de este maltrato a los médicos veracruzanos, las autoridades estatales recurrieron a una contratación nebulosa y poco transparente de médicos cubanos, de la cual no se conocen los resultados o beneficios que aportaron a la población veracruzana.
La familia y excolaboradores de Pérez Sandoval relatan que aunque él tenía funciones administrativas dentro del ISSSTE Poza Rica, eso nunca lo alejó del área de atención hospitalaria. Jamás se confinó a un escritorio, lo suyo era recorrer los pasillos del hospital, hablar con pacientes, entrevistarse con sus colegas.
“Si una lámpara estaba fundida, él levantaba un reporte e iniciaba las gestiones para su reemplazo. Si un paciente se quejaba de mala atención, él conocía del caso y le daba seguimiento hasta agilizar el servicio. Si un doctor requería la limpieza de un área, ahí estaba él para asegurarse de que el trabajo se hiciera”, contó su hijo Pérez Valadés.
Antes de trabajar en el hospital del ISSSTE en Poza Rica, Roberto Pérez trabajó 18 años como directivo administrativo en Pemex. En su paso por la Clínica Satélite, con sede en Poza Rica, su constancia lo hizo merecedor al premio a la Calidad en el Servicio -un galardón que otorga la institución cada dos años a los directivos de hospitales que mejoran sus procesos internos-, en los años 2012 y 2014.
Habían pasado apenas seis meses de su jubilación -mientras estaba asignado en el hospital regional de Salina Cruz-, cuando la pulsión por regresar al trabajo lo hizo abandonar el periodo de asueto. De inmediato, se incorporó al hospital del ISSSTE en Poza Rica, a donde trasladó su ética de trabajo, con el objetivo de servir mientras fuera útil.
La llegada del Covid-19 en 2020 no cambió el comportamiento de Roberto, en lugar de alejarse de la zona de atención hospitalaria, parecía que el conocimiento de las carencias estructurales del hospital, lo hacían querer estar disponible para apoyar a sus colegas.
“Él no le tenía miedo a la enfermedad, tampoco la desafiaba, hablaba de ella con respeto. Él actuaba frente al Covid-19, como en su momento actuó contra el VIH-Sida, alejado de prejuicios y sin miedo a contagiarse, con respeto”, concluye su hijo, luego de rememorar las conversaciones con su padre.
El Covid-19 fue declarado una pandemia por la OMS en marzo de 2020, y en México, el gobierno federal decretó Jornada de Sana Distancia del 23 de marzo hasta el 30 de mayo.
Y aunque las autoridades sanitarias del país y la entidad afirmaban que había protocolos sanitarios e insumos médicos suficientes para enfrentar al Covid-19, Roberto Sandoval, sus colegas del ISSSTE en Poza Rica, y de otras instituciones de Salud, se enfrentaban a una realidad distante de los discursos oficiales.
Mientras un acicalado Hugo López-Gatell Ramírez subía su rating entre la población femenina, y daba cifras alegres de la organización hospitalaria para atender la pandemia, Pérez Sandoval libraba su propia batalla desde un hospital enclavado en la ciudad petrolera más importante del norte de Veracruz.
“Un día, mi papá me llamó y me pidió que pasara por él y lo llevara de compras. Fuimos a la Central de Abastos, y compramos cremeros, de esos que se usan en las taquerías para servir la salsa, él los quería para dispensar el gel antibacterial en la puerta del hospital. También lo acompañé a comprar cinta naranja, para marcar la sana distancia”, relata su hijo.
Desde el anonimato, Roberto Pérez y su hijo recorrían las calles de Poza Rica, buscando tortilleros de unicel y frascos de plástico, que le permitieran al hospital enviar al laboratorio las primeras pruebas clínicas de pacientes sospechosos de Covid-19.
“Y de su equipo de protección contra el covid-19 ¡qué te cuento! parecía más bien un disfraz: lentes industriales, guantes que podría usar un obrero, y un cubrebocas sencillo. Todo, junto con los cremeros y los tortilleros, pagado con dinero de su bolsa porque el hospital no tenía presupuesto”, revela su hijo.
Roberto Pérez no era el único que ante el abandono del estado, tuvo que comprar su propio equipo de protección, y hasta insumos para el hospital. La misma situación se replicaba en otros hospitales de la entidad, como Álamo, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Orizaba, Coatzacoalcos. Ya sea del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud Estatal.
El hijo de Roberto Pérez Sandoval cuenta cómo su padre enfrentó el Covid-19, en medio de la falta de insumos de protección y la negativa de resguardo domiciliario.
Cuando Roberto empezó a sentirse mal un médico particular lo diagnosticó con dengue, y como lo llamaron a trabajar, continúo sus funciones en el hospital.
En ese hospital de Pemex permaneció 17 días internado, de los cuales, al cuarto día le confirmaron que tenía Covid-19, y un daño de 90 por ciento en sus pulmones. Había poco que hacer, el 18 de mayo después de batallar por una hora con una arritmia cardiaca, tuvo un paro fulminante.
Roberto falleció en medio de la negligencia de un sistema de salud que no supo proporcionar las armas necesarias para hacer frente a una pandemia. Su familia doliente que ni siquiera pudo recibir una pensión tras su fallecimiento porque le faltaban dos meses de cotizaciones para acceder a este beneficio.
“Me dijeron que no me iban a dar protección, y tampoco cubrebocas N95, porque yo estaba en un piso donde no estaban hospitalizados pacientes Covid-19. Pero en muchas ocasiones me tocó atender pacientes que llegaban, y tenía diarrea, fiebre, esto o lo otro, y al final…. pues Covid. Por eso, a pesar de mis problemas económicos, tenía que comprar equipo, yo y otras compañeras, optamos por comprar nuestro propio equipo de protección, porque o compramos nuestra protección, con nuestro propio dinero, o íbamos a ser estadística”.
Jazmín Castellanos
Médica especialista en radiología e imagen
“Nosotros ya estábamos atendiendo a los pacientes, cuando nos dieron la capacitación de manera formal. En cuanto al equipo de protección personal, pues también los agarro a todos en curva, algunas unidades más que otras. La mía, que es médica de alta especialidad, tenía más recursos que otros, pero aun así entre mi esposa y yo nos llegamos a gastar como unos veinte mil pesos en equipo”.
David Martínez
Médico, adscrito al servicio del área de urgencias en el IMSS
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El abandono del estado hacia los médicos, que quedaron a su suerte ante la emergencia sanitaria por Covid-19, pronto se reflejó en las cifras de contagios y muerte. Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en defunciones entre el personal de salud durante el último trimestre del 2020 y los primeros dos meses del 2021. Y hasta la fecha se encuentra entre los diez primeros lugares por número de contagios.
El informe de la Secretaría de Salud Federal de septiembre de 2021, reveló que en Veracruz se registraron 9 mil 875 contagios de Covid y 247 defunciones por Covid-19 entre el personal médico, durante el primer año y cinco meses, desde que se decretó la jornada de sana distancia en el país, en marzo del 2020.
Esta gráfica muestra los 3 hospitales del IMSS, ISSSTE y Salud que tuvieron los mayores contagios de Covid-19 entre el personal de salud, durante el primer año de la pandemia:
Esta gráfica muestra los 3 hospitales del IMSS, ISSSTE y Salud que tuvieron los mayores decesos de Covid-19 entre el personal de salud, durante el primer año de la pandemia
En marzo del 2019, Alba Marina Cabrera Ramírez, enfermera en el Hospital General de Álamo, en el norte de Veracruz, fue diagnosticada con cáncer de seno grado tres. Desde que se enteró que tenía cáncer, comenzó un tratamiento que incluyó una cirugía de mastectomía – la extirpación de la glándula mamaria-, ocho sesiones de quimioterapia, una histerectomía -la extirpación de los ovarios-, y varias sesiones de radioterapia.
Un año más tarde, en medio de la emergencia por Covid-19 solicitó un permiso para ausentarse de su centro de trabajo por ser población de riesgo ante la pandemia, pero el director del nosocomio se negó a proporcionarle el permiso.
Víctor Hugo Sú Jiménez, director del Hospital General de Álamo en ese entonces y que tiempo después murió de Covid-19, le negaba el permiso porque el centro hospitalario a su cargo no era un hospital Covid. Pero Alba Marina insistía en ausentarse, porque a pesar de no ser Covid, la unidad médica recibía pacientes sospechosos, que más tarde eran canalizados a hospitales Covid.
En marzo del 2020, las autoridades federales publicaron un decreto para establecer quiénes debían considerarse personas vulnerables y enviarlos a resguardo. Pero en los hospitales, el decreto era interpretado a discrecionalidad por los directivos de los hospitales.
A pesar de que en el documento se establecía que con una sola causal eran candidatos a resguardo domiciliario, los directivos pretextaban el déficit de personal, no contar con varias comorbilidades o vulnerabilidades, o ser trabajadores de confianza, para retenerlos en su sitio de trabajo.
Pero mientras obligaban al personal médico a permanecer en los hospitales, la Secretaría de Salud a cargo de Roberto Ramos Alor, era negligente. Las contrataciones para adquirir insumos para combatir al coronavirus se hicieron tarde, y hay evidencia de que no hubo una distribución a tiempo para las unidades hospitalarias.
Por decreto federal, con fecha de 12 de mayo de ese año, los cubrebocas, caretas, batas, cubrecalzado y goggles sólo se entregaban --a cuentagotas-- a quienes prestaban sus servicios en áreas Covid, dejando a trabajadores de hospitales no covid sin equipo de protección de personal.
Al mismo tiempo que las instituciones de salud retenían a trabajadores vulnerables en sus áreas de trabajo, no les garantizaban su seguridad.
Ante la negativa de resguardo, Alba Marina tuvo que cumplir con su horario en el hospital por varios meses del 2020. Para evitar contagiarse de Covid-19, tuvo que organizarse con sus compañeros de trabajo para comprar su propio equipo de protección.
“Al principio no se contaba con overoles, no había caretas ni cubrebocas, varios de nosotros tuvimos que comprar nuestro propio equipo de protección. En el primer año de Covid-19, las caretas costaban 580 pesos, los overoles 380 pesos, más cubrebocas y guantes, gastamos casi mil 500 pesos cada uno”, relató Alba Marina.
Fue hasta junio del 2020, que Alba Marina obtuvo el permiso para ausentarse de su centro de trabajo. Las autoridades la dejaron irse, sólo después de que sus compañeros -en solidaridad con ella- organizaron marchas, y enviaron escritos al gobernador y al secretario de Salud.
La enfermera Alba Marina Cabrera Ramírez cuenta las dificultades que pasó durante el primer año de Covid-19, desde el Hospital General de Álamo.
Gisela Janeth Rosas, enfermera con 12 años de antigüedad, adscrita a la clínica 11 del IMSS en Xalapa, también sufrió el maltrato del sistema de salud. En su hospital había les mendigaban el equipo de protección, y para obtener un cubrebocas de peyón simple, le hacían firmar un recibo, y cuando les entregaban uno de mayor calidad, la advertencia era que debía durarles una semana.
Aunque Janeth Rosas trabajaba en el área de ceye, una zona que por su naturaleza debe ser estéril, ya que desde ahí surten material para curaciones y operaciones quirúrgicas, no se libró del Covid-19. En junio de 2020 los síntomas covid-19 la pusieron en alerta y un estudio médico confirmó el contagio.
Pese al diagnóstico, las autoridades del hospital sólo le dieron ocho días de incapacidad, y contra las medidas de aislamiento que marcan hasta 45 días de aislamiento, a regañadientes logró que le extendieran su incapacidad un par de días más, antes de volver al hospital.
Pero el maltrato no terminó ahí, a su regreso al hospital fue obligada a trabajar en el área Covid, y por negarse, el castigo fue ser dirigida a Urgencias, el área de mayor riesgo porque ahí llegan todos los pacientes sospechosos. “Ni modo, no te quisiste ir a área covid que ahí estabas más protegida”, le dijo su jefa.
Los trabajadores de salud en Veracruz también tuvieron que pelear por mejoras en la infraestructura hospitalaria, como la instalación de climas, o el suministro de insumos como electrolitos, que les permitieran combatir el Covid-19 en mejores condiciones.
En algunas ciudades como Veracruz-puerto, las temperaturas rondan entre los 35 y 45 grados centígrados la mayor parte del año, y algunos médicos experimentaron la deshidratación que les provocaba trabajar seis u ocho horas en áreas covid, enfundados en trajes blancos, cubiertos hasta la última hebra de cabello, sin poder comer ni ir al baño por el riesgo de contaminación.
La frustración acumulada entre el personal de salud por el abandono del estado ante el Covid-19, se desbordó el 23 de marzo de 2020, cuando salieron a exigir que los dotaran de los insumos para atender la pandemia, cumplir con los resguardos domiciliarios, dotar a los hospitales de infraestructura, y contratar personal para suplir los déficit.
De marzo a diciembre de 2020, en Veracruz se realizaron 42 protestas por parte de trabajadores de salud: “Insumos para todas las categorías”, “ya basta de exponernos al contagio, tenemos familia” y “nos mandaron a la guerra sin fusil”, reclamaban, desde varias ciudades del estado.
Ante la ola de reclamos, la respuesta desde la federación --que fue replicada por autoridades en Veracruz-- fue minimizar las protestas. En abril de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmó que no había razón para la falta de insumos médicos.
Para ser escuchados, los inconformes emprendieron otras estrategias. Algunos acudieron a instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde de marzo de 2020 a junio de 2021, se acumularon 16 expedientes, a través de los cuales personal médico alzaba su voz contra el maltrato del estado.
Las quejas ante la CEDH recopilaban casos como el de un médico cirujano en Córdoba al que le negaron el resguardo domiciliario pese a su vulnerabilidad al Covi-19, al padecer hipertensión, hiperaldosteronismo, lesión biliar traumatismo quirúrgico, y diabetes mellitus.
Además, otros 300 trabajadores de salud en Veracruz emprendieron una batalla legal, y recurrieron a un amparo, para lograr el resguardo domiciliario o para que les fueran suministrados los insumos necesarios para protegerse contra la enfermedad.
El abogado Gabriel Campoli dijo que algunos de los casos que él recibió durante 2020 han escalado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de una mujer embarazada a la que le negaron el resguardo domiciliario.
La abogada María Dolores Sierra Raygoza, que llevaba el caso de 12 trabajadores que buscaron amparo, contó que sus clientes vieron en este recurso legal, la única alternativa ante la negativa de sus superiores de permitirles resguardarse en su casa.
Para tratar de menguar la pelea jurídica de los trabajadores de salud, las autoridades cambiaron los criterios para determinar su vulnerabilidad y por tanto, la asignación de resguardos.
En junio de 2020 el Comité Estatal de Salud ordenó que todas las instituciones revisaran la validez de la morbilidad de los trabajadores en resguardo, y para el 13 de agosto, la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo acordó que los trabajadores que no cumplían con la condición de vulnerabilidad debían regresar a trabajar en semáforo rojo a partir del 17 de agosto.
Pero el frente abierto entre autoridades de Salud y trabajadores no quedó entre las instituciones públicas, el auge de las vacunas hizo que se extendiera hasta las instituciones de atención hospitalaria del ámbito privado.
El 23 de diciembre de 2020 las primeras dosis de vacuna Pfizer llegaron a México, y unos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en tres meses se inmunizaría a todo el personal de salud, aproximadamente unos 750 mil médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores de limpieza.
En los primeros meses de vacunación, las dosis estaban restringidas a personal asignado a las áreas Covid-19 de los hospitales públicos. Fuera del esquema de vacunación quedaron los trabajadores de áreas no covid, los trabajadores en resguardo, y personal de salud privado.
Las manifestaciones brotaron el 24 de abril en la capital del estado, cuando personal de salud privado, trabajadores del Instituto Mental “Doctor Rafael Velasco Fernández” y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) “Doctor Miguel Dorantes Meza”, así como de otras 11 jurisdicciones sanitarias, marcharon para exigir ser vacunados contra el Covid-19.
Médicos privados denunciaron que eran relegados mientras vacunaban a otros sectores, como adultos mayores o profesores.
El presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Barrat Hernández, criticó que a los médicos privados "se les dio la espalda" aunque fueron ellos quienes ayudaron a desahogar al sector público que estaba rebasado por las carencias.
Juan Carlos Gacía García, coordinador de la agencia privada Enfermeros Veracruz, comentó que aunque presentaron oficios a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se les informó que tendrían acceso a la vacuna en 24 meses.
En Veracruz también se promovieron amparos para recibir la vacuna; tres profesionales de la salud de Xalapa obtuvieron el amparo y con ello el juez ordenó su vacunación inmediata.
Para muchos, la vacuna no tenía fecha de llegada, como cuenta Juan Carlos Gacía García, coordinador de la agencia privada Enfermeros Veracruz, en abril del 2021.
Lo más difícil fue desprenderme de mi hijo durante un periodo, porque mi esposa también es médico (...). Entonces tuvimos que tomar la decisión de dejar a mi hijo con mi suegra, y fue difícil porque mi hijo no quería eso”.
David Martínez
Médico, adscrito al servicio del área de urgencias en el IMSS
“Hemos tenido una mala planeación, eso tenemos que reconocerlo. Estamos fallando, el personal de salud está fallando, las personas encargadas de la administración de hospitales están fallando; y no estoy diciendo que me falte material para trabajar, no estoy diciendo que me falta equipo para trabajar, falta planeación”.
Amado Ramírez
Médico neumólogo e internista de UMAE no 14 del IMSS
En mayo del 2020, un autobús blanco de turismo se detuvo frente a la Villa Olímpica. Fuera de él se agolparon periodistas y fotógrafos, que querían capturar el momento en que descendieran los pasajeros que momentos antes habían sido recogidos en el aeropuerto Heriberto Jara Corona, con una discreta logística.
Finalmente, uno a uno bajaron del autobús, sin que se notara nada extraordinario en las personas que pesadamente avanzaron con el cansancio que provocan los vuelos y el calor de mayo. No miraron a nadie, no querían fotos ni tampoco hablar, querían ir por su equipaje, resguardado en la parte lateral del autobús. En cuanto pudieron, tomaron sus maletas,y avanzaron en silencio a la Villa, que sería su hogar por los próximos meses. Eso es lo único que capturan los flashes de los fotógrafos: una llegada silenciosa de los invitados de Cuba.
En medio de la negligencia y omisiones hacia los trabajadores de salud en Veracruz, la Secretaría Estatal realizó la contratación de 108 médicos cubanos para fortalecer la fuerza de trabajo para combatir al Covid-19. Su llegada ocurría a partir de un acuerdo de cooperación bilateral entre la secretaría de Salud federal, estatal y el Ministerio de Salud Pública de Cuba.
En una respuesta a una solicitud de información vía transparencia, Salud Veracruz informó que los cubanos estuvieron en nueve hospitales de Veracruz, y tres Centros de Atención Médica Expandida, entre el 01 de julio y el 31 de octubre del 2020. Aunque, sobre el trabajo que realizaron, cuántos pacientes atendieron y cuánto costó al bolsillo de los veracruzanos, el silencio se mantiene después de varios meses de su caminar por tierras veracruzanas.
Lista de los hospitales y centros de salud en los que se presume la presencia de los médicos cubanos en el estado, según respuesta de transparencia de salud.
Para esta cobertura informativa se enviaron sendas solicitudes de información al INSABI, Sesver y Sefiplan para conocer los pormenores de esta contratación, pero las instituciones se comportaron como buques acorazados, impenetrables.
La Secretaría de Finanzas de Veracruz a través de una solicitud de información, detalló que en el marco de la contratación de médicos cubanos para atender la pandemia, INSABI y el Gobierno de Veracruz firmaron un convenio de colaboración por el cual, el Instituto envió 40 millones de pesos para “apoyar la atención de la pandemia originada por el virus SARS-Cov2”.
A través de recuentos periodísticos, se pudo conocer la distribución de personal cubano, entre los hospitales del estado. En junio de 2020, por ejemplo, el alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, informó que 47 médicos cubanos estuvieron en los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos.
Pero ningún detalle del monto pagado por el Gobierno de Veracruz por hospedaje, traslado, alimentación. Y sobre todo, ningún informe detallado sobre los resultados que tuvieron en la pandemia.
Laura, una enfermera de urgencias del Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” (CAE) en Xalapa que quiere permanecer anónima, relató que convivió con una brigada de médicos cubanos. Y pudo advertir algunas diferencias en el trato que recibían: mientras los médicos locales tenían jornadas de 6 horas en área Covid, los cubanos entraban sólo dos. Además, tenían asignado un camión para su traslado diario desde sus hoteles al hospital y viceversa, y hasta comida especial.
“Hubo muchas quejas de ellos; tenían un buen sueldo y no querían ayudar. Entraban a área covid, pero mientras nosotros entrábamos seis horas, ellos solo dos o tres cuando mucho y se salían (...) Eran muy quejumbrosos, decían que la comida aquí no era buena, que la comida para ellos era muy picante, les hacían comida especial para ellos porque no comían cualquier cosa (...) Tenían todos sus gastos pagados, era su sueldo y los viáticos, pero el sueldo no se lo daban a ellos, era un acuerdo entre Gobiernos, el sueldo lo mandaban a Cuba y un porcentaje se los daban sus familiares. Sabemos que ganaban más que nosotros”, revela la enfermera con 8 años de antigüedad.
A pesar de la negativa y opacidad del Sesver, el Diario de Cuba informó las condiciones en que fueron contratados los más de 500 médicos que llegaron a la CDMX, por lo que puede asumirse que los contratos fueron en términos similares. El Diario expone que las autoridades y el INSABI pagaron 10 mil 693 dólares por cada médico cubanos y explica que la exportación de servicios profesionales, especialmente médicos, es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno cubano, pues en 2018 se generaron ingresos por 6 mil 400 millones de dólares a la Habana, muy por encima del turismo.
Laura, una enfermera de CAE, cuenta cómo los médicos cubanos recibieron un trato preferencial por las autoridades estatales, en contraste con el maltrato que sufrieron los médicos locales.
Dacia Díaz Flores, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud del Poder Ejecutivo observó con suspicacia el desempeño del personal cubano en la atención de la pandemia. Y cuestionó que en lugar de invertir en su contratación, hubiera sido preferible mejorar las condiciones laborales del personal médico local.
Díaz Flores explicó que antes de la llegada de la pandemia, las condiciones laborales en Veracruz no eran adecuadas para el personal médico, pues hay por lo menos 4 mil trabajadores que realizan sus funciones bajo la categoría de “suplentes” en la Secretaría de Salud, con salarios reducidos.
Por ejemplo, mencionó que los sueldos son de 80 pesos por jornada, entre los trabajadores de contrato, aunque tienen antigüedades de hasta 8 años. Esto significa que sus percepciones son de 4 mil pesos quincenales, sin prestaciones. Y hay personal, como los camilleros, que devengan 2 mil 700 pesos quincenales, y con estos ingresos limitados, combaten la pandemia.
Los trabajadores de salud tampoco cuentan con la denominación de un trabajo de “alto riesgo”, que les permite días de descontaminación tras estar en el área covid y un pago extra correspondiente al 10 por ciento de su sueldo base, lo cual fue confirmado en las reuniones de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en las que solicitaron esta condición.
“El enfermero auxiliar gana 3 mil 400 pesos y el general 3 mil 900 quincenales, ojalá ganáramos 9 mil. No nos dieron ningún bono y la verdad es que es deplorable porque como trabajadores de contrato fuimos de los primeros en entrar a área covid. Los contratos eventuales no tenemos derecho a nada más que a uniformes y aguinaldo”, agrega la enfermera CAE.
En julio de 2020, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró en la televisora del estado que se tuvo que recurrir a la contratación de personal cubano porque hubo médicos “que se dejaron engatusar” por abogados y promovieron amparos para resguardarse en casa.
En octubre de 2020, durante un evento en Boca del Río para reconocer al personal de salud cubano que atendió la pandemia en Veracruz, el gobernador leyó un fragmento de la carta de agradecimiento que envió al embajador de la isla en México, Pedro Juan Nuñez, en donde destacó el trabajo de los médicos cubanos de las Brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en situaciones de desastre y epidemias “Henry Reeve”.
Y entre los datos ofrecidos por el mandatario veracruzano, destacó que “dos mil 169 familias veracruzanas han visto regresar a casa a un familiar, después de padecer coronavirus y ser atendidos por médicos de Cuba en nuestros hospitales”.
Aunque los dichos del gobernador sobre los pacientes atendidos por covid-19 no encuentran sustento documental. Para esta cobertura informativa, se hizo una solicitud de información sobre estos dichos, pero Salud Veracruz dijo que “no se cuenta con esos datos requeridos” sobre el número de pacientes atendidos por médicos de la isla caribeña.
Estos datos además distan mucho de lo reportado en medios cubanos y hasta en el mismo Ministerio de Salud de Cuba. Según Cubaminrex, en 2020 las brigadas cubanas prestaron servicio en Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, donde realizaron más de 8 mil procederes y salvaron 324 vidas durante tres meses de trabajo.
Por su parte, durante un encuentro entre médicos cubanos y autoridades de la isla, Julio Guerra Izquierdo, quien fuera jefe de brigada en México, expresó que durante la estancia de los más de 570 médicos en nuestro país, laboraron en cinco instituciones hospitalarias, en donde atendieron a tres mil 400 pacientes y salvaron mil 467 vidas y hasta aseguró que gracias a su participación, lograron reducir la letalidad del 27 al 9.7 por ciento “por esos logros y otras innovaciones que implementaron en la salud merecieron el reconocimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades sanitarias”, según puede leerse en el portal del Ministerio de Salud de la isla.
“Lo que te mantiene es la esperanza, yo pienso que esto no va a ser eterno, esto tarde que temprano va a terminar, la ciencia está tan avanzada. Enfermedades ha habido todo el tiempo, y las seguirá habiendo, pero bueno, lo que nos permite seguir adelante es la esperanza de que esto va a llegar a su fin, en algún momento va a terminar”.
Cinthia Margarita Durán
Cirujano general y trasplantólogo, asignada al área de urgencia de la UMAE 14, IMSS en Veracruz, Veracruz
“Yo seguí adelante porque una vez hice un juramento, y dije: prometo firmemente ayudar y no hacer daño. Entonces, si renunciaba haría un daño directo o indirecto. Así que agarré fuerzas de donde las pude rescatar, y dije: no voy a renunciar, voy a continuar, tengo que hacer algo por los pacientes Covid-19”.
Jazmín Castellanos
Especialista en radiología e imagen del IMSS
La Secretaría de Salud de Veracruz, que dirige Roberto Ramos Alor, actuó con negligencia y poca transparencia en el manejo de los recursos destinados para combatir la pandemia. La compra de insumos médicos y equipo de protección se hizo tarde, los contratos fueron asignados de manera directa a empresas bajo sospecha de corrupción, o ligadas a políticos. Además, Salud derrochó recursos en infraestructura que fue subutilizada, como los CAME.
Y un informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) alertó que la Secretaría de Salud no garantizó el correcto suministro de insumos a los hospitales. La oficina de Ramos Alor no pudo comprobar que la dotación de insumos correspondiera a lo solicitado por los hospitales de las jurisdicciones sanitarias mencionadas.
Estas prácticas en la SSA se repitieron en el ISSSTE y el IMSS, que invirtieron 26 millones de pesos en hospitales de Veracruz para la atención de la pandemia.
Para la atención de la pandemia, los estados financieros de Veracruz --con corte al tercer trimestre de 2020-- reportó la asignación de mil 804 millones de pesos. Pero de estas cifras millonarias, los informes financieros trimestrales de Salud sólo dan cuenta de cómo se gastaron 280.7 millones para el combate a la pandemia.
Un informe del Orfis indica que durante 2020, Salud realizó 63 contratos de obras y servicios con un monto superior a los 291.8 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se adjudicó de manera directa o a empresas con actividades mercantiles que no corresponden con los bienes solicitados.
Para la atención de la pandemia, los estados financieros de Veracruz --con corte al tercer trimestre de 2020-- reportó la asignación de mil 804 millones de pesos. Pero de estas cifras millonarias, los informes financieros trimestrales de Salud sólo dan cuenta de cómo se gastaron 280.7 millones para el combate a la pandemia.
Un informe del Orfis indica que durante 2020, Salud realizó 63 contratos de obras y servicios con un monto superior a los 291.8 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se adjudicó de manera directa o a empresas con actividades mercantiles que no corresponden con los bienes solicitados.
En esta tabla se pueden observar a las empresas contratadas, el monto entregado por el Gobierno de Veracruz y las irregularidades detectadas, como el caso de Sopricorn Comercializadora de Servicios SA de CV, una empresa de venta de alimentos para animales a quien Sesver afirma haberle comprado batas quirúrgicas
El caso más evidente son los contratos entregados a Araly Rodríguez Vez, dedicada a la venta de bienes informáticos, licencias y arrendamientos, a quien el Gobierno de Veracruz benefició con 21.6 millones de pesos para la compra de overoles, trajes de seguridad, batas quirúrgicas, alcohol etílico, entre otros productos.
Otra irregularidad en este contrato es que la empresa realizó el registro de su actividad ante el SAT el 1 de abril del 2020, días después de haber firmado contrato con Sesver el 24 de marzo, lo que resulta ilegal de acuerdo con la Ley de Adquisiciones del Estado.
Otro caso es Productos Serel SA de CV, que forma parte del Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas, investigada por la FGR y dueña de La Cosmopolitana, empresa encargada de proveer alimentos en cárceles mexicanas y señalada por dar alimentos de mala calidad que han provocado enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones al interior de los penales.
Productos Serel obtuvo dos contratos por un monto global de 15 millones de pesos para otorgar el servicio subrogado de alimentos y bebidas para pacientes y empleados de los hospitales en Veracruz. Además, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), otra de las empresas del conglomerado Grupo Kosmos, Fármacos Darovi SA de CV fue beneficiada con un contrato por 7.4 millones de pesos para la compra de insumos durante febrero de este año.
Otra empresa contratada por el Gobierno de Veracruz fue Aguas Minerales de los Tuxtlas SA de CV, que recibió por adjudicación directa 2.9 millones de pesos para la compra de gel antibacterial, a pesar de que su giro es la venta de refrescos y aguas embotelladas. El dueño, Rubén Darío Carrasco, “Coyame”, apodo atribuido por el antiguo nombre de la embotelladora, fue candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT) en Misantla y ha sido ligado al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.
El gobierno de Veracruz destinó 35.4 millones de pesos y más de 200 trabajadores a los Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19) pero su infraestructura fue subutilizada. Durante el primer año de emergencia con Covid-19 recibieron apenas 727 personas, ni el 1 por ciento de los más de 100 mil pacientes atendidos en hospitales de Veracruz.
La estrategia del Gobierno del Estado tuvo el objetivo de disminuir el porcentaje de ocupación hospitalaria al aportar 110 camas más y con ello disminuir el color del semáforo epidemiológico que establecía las actividades económicas permitidas, pero sin impacto real entre la carga de trabajo en hospitales con pacientes graves, ya que a los CAME eran enviados pacientes que no requerían el uso de ventiladores o permanecer en cuidados intensivos.
Pese a ello se contrataron a más de 200 personas, entre médicos, enfermeras, camilleros, trabajadoras sociales y psicólogos para los CAME, con sueldos que van de entre 7 mil 273 a 15 mil 201 pesos, sin que se cuente con información de su contratación.
Para muestra de la poca efectividad de estos centros está el CAME de Orizaba que costó más de 24 millones de pesos y atendió solamente a 51 pacientes, lo que significa que la atención de cada uno tuvo un costo de 470 mil pesos, sin contar el monto destinado al pago mensual de sus 40 trabajadores.
*Gráfica 6: En este mapa se observa dónde fueron instalados los CAME así como el recurso económico y humano destinado para su operación, que contrasta con el número de pacientes atendidos
Los contratos para la habilitación de estos centros se entregaron a través de adjudicaciones directas a empresas frecuentemente beneficiadas por el Gobierno del estado. Ejemplo de esto es que Med Diseño, Construcción y Supervisión SA de CV (encargada del CAME en Boca del Río y el Velódromo de Xalapa) junto con Sumato, Supervisión y Mantenimiento SA de CV han sido constantemente invitadas a participar en licitaciones en las que una de las dos se queda con el contrato, como la licitación por invitación para la construcción del Gimnasio Municipal de Ozuluama emitida en 2018 por 7.7 millones de pesos y en la que finalmente fue favorecida Sumato.
El destino de los recursos para hospitales del IMSS e ISSSTE en Veracruz refleja que la forma de asignar los contratos fue igual de opaca que en el Gobierno Estatal, al favorecer a unas cuantas empresas que no tienen como actividad la proveeduría de insumos especializados en salud.
Además, existen disparidades en la asignación de recursos incluso entre hospitales de la misma institución. Ejemplo de ello es que el IMSS destinó 8.3 millones de pesos para la habilitación de 13 hospitales reconvertidos en Veracruz, pero únicamente seis recibieron partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos requerimientos.
Para sus nosocomios de la zona norte el IMSS invirtió 6.5 millones de pesos (5 hospitales); pero solo uno de los 9 del IMSS sur recibió recurso por 1.8 millones de pesos. Esta disparidad también se observa en la compra de equipo de insumos para la protección de su personal como cubrebocas, goggles, trajes, entre otros, ya que ambas delegaciones (sur y norte) destinaron 4.6 millones de pesos en 2020, pero de esa cifra menos de 782 mil pesos fueron para hospitales de zona norte del IMSS, que incluye por ejemplo a la clínica 11 en Xalapa, en donde se han contagiado 276 de sus empleados y han fallecido al menos nueve trabajadores.
En los contratos se observa la misma práctica que el Gobierno de Veracruz, pues los 782 mil pesos disponibles para el IMSS fueron entregados mediante dos contratos a un solo proveedor; se trata de Basilio Rodríguez y Asociados, cuyo objeto social va desde la construcción hasta “el campo de la ecología, de la informática y computación”. Y le compraron equipo de protección.
En el caso de la zona sur, el IMSS destinó para equipo de protección de 3.8 millones de pesos, entre los cuales se incluye un contrato por 112 mil pesos con la empresa Distribuidora Ferraval SA de CV, a quien le compró respiradores de partículas N95, a pesar de que su principal actividad es la comercialización de material industrial.
Esta tabla de inversión IMSS muestra el monto para la reconversión de hospitales en Orizaba, Xalapa, Poza Rica, Lerdo de Tejada y Veracruz, durante el primer año de la pandemia.
El ISSSTE invirtió 17.7 millones de pesos para la adecuación de sus hospitales en Veracruz, compra de insumos y equipo de protección, como puede apreciarse en los 16 contratos firmados entre empresas locales entre marzo del 2020 y mayo del 2021, todos por adjudicación directa.
Las dos empresas favoritas del ISSSTE para estas transacciones fueron Bienes y Servicios Escalante S.A. de C.V., con la que firmó tres contratos por 3 millones cada uno y Sysmedbi servicios y suministros médico-biomédicos S.A. de C.V., con quien firmó tres contratos con un total de 2.2 millones de pesos. Esta empresa es una de las 10 que a nivel federal ha acaparado los contratos relacionados con la atención de la pandemia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
A pesar de las cifras sobre el dinero destinado por el ISSSTE para sortear la pandemia, las condiciones en que laboraban los trabajadores eran totalmente diferentes.
El estado que le falló a los médicos en medio de la pandemia
es una investigación de:
Reporteras: Tania Rivera y Perla Sandoval
Fotógrafo: Víctor Yañez
Vídeo: Sergio Hernández
Podcast: Adriana Lagunes
Editora: Eirinet Gómez