La remodelación, que debía ser para dignificar el trabajo forense en el sitio, dio lugar a un nuevo episodio de negligencia. Sin ningún protocolo, los trabajadores de la obra sacaron a la intemperie restos humanos resguardados en el sitio, y los incineraron.

Ante el hecho, las familias de desaparecidos protestaron, detuvieron los trabajos de remodelación e iniciaron la búsqueda de los restos calcinados. Más de 100 fragmentos óseos fueron rescatados de las cenizas.

El Director de Servicios Periciales, Héctor Ronzón, se excusó de responsabilidad al mencionar que los 22 restos de personas resguardados ahí desde el 2015, habían sido trasladado al Semefo de Las Choapas - uno todavía más pequeño-, dos días antes de empezar la obra.

En un recorrido realizado para esta investigación, se constató que en la región sur donde se ubican los municipios más violentos de la entidad: Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Isla y Acayucan, los servicios forenses son casi inoperantes.

El servicio forense en Acayucan está abandonado desde hace varios años. El lugar ubicado junto al panteón, está rodeado de maleza y basura. Los delincuentes le han quitado las ventanas y puertas, y en el interior se pueden ver dos planchas ya inservibles. La Fiscalía General lo cuenta entre sus servicios forenses activos: entre 2018 y 2019, afirma haber recibido y hecho 127 necropsias en ese sitio.

El caso de Isla repite el esquema. En 2017 una falla en el transformador lo dejó sin luz, desde entonces las cámaras frigoríficas no funcionan. Los peritos que van ahí algunas veces al mes, realizan la revisión de cuerpos por la mañana, antes que el sol suba la temperatura y los olores se tornen insoportables. La Fiscalía General afirma que en estas instalaciones recibió 21 cuerpos en 2019.

Una situación similar es la del semefo de Veracruz que tuvo su primera crisis forense en 2011 al inicio de la guerra por el territorio veracruzano entre el cartel de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

En septiembre de ese año, el servicio forense de Boca del Río, construido en los años setenta, y acondicionado con siete planchas y un refrigerador con capacidad para cuatro cuerpos, recibió 140 cadáveres en sólo dos semanas.

En esa ocasión, los cuerpos fueron llevado al forense que depende de la Universidad Veracruzana y está ubicado en el corazón de un campus de estudio, frente a una escuela primaria y a unos metros de una plaza comercial. El servicio forense no resistió este capítulo de violencia y colapsó.

En 2015, la inhumación de 38 cuerpos de una fosa en el rancho Los Almendros en Alvarado, y en 2017 el descubrimiento de 48 fosas con 190 cuerpos en la localidad de Arbolillo en Alvarado, volvieron a generar una crisis en el lugar.

En los últimos años, ese pequeño forense ubicado a 12 minutos de la playa, ha recibido 3.170 cadáveres, de los cuales 417 no lograron ser identificados. . En varias ocasiones las autoridades sanitarias han intervenido ante los olores putrefactos que generan restos apilados en el patio del lugar.

Mientras tanto a unos kilómetros de ahí, a las afuera de la ciudad junto a la Fiscalía de la región, la promesa de un nuevo semefo para la zona metropolitana de Veracruz- Boca del sRío, es un cajón de block que se deteriora por el salitre y el paso del tiempo. La obra quedó abandonada con un avance del 47 por ciento.

El edificio es ejemplo de la corrupción. En 2012 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), le hizo una serie de observaciones: La obra estaba construida sobre un terreno inundable, no cumplia con la normatividad sanitaria, aunque se ordenó determinar responsabilidades en contra de la empresa constructora, Mirca SA de CV, el caso no avanzó.

Un informe del 2017 de la Cruz Roja Internacional (CICR), señaló la falta de control de la Fiscalía sobre los Servicios Forenses.

Los registros oficiales evidencian el caos. En un documento fechado en mayo del 2019 , la fiscalía dijo que había 348 cuerpos no identificados en servicios forenses; en septiembre se informó que eran 478, y para octubre, dijo que tenía en resguardo 979 cadáveres no reclamados. En la comparecencia de la Fiscal encargada de despacho, Verónica Hernández, en enero de este año, la cifra fue de 1044 cadáveres no identificados.

Aunque el protocolo para el tratamiento de la identificación forense ordena inhumar los cadáveres dentro de un término de veinte días, la información revela que los semefos resguardan cadáveres de hace años.

Ana Lilia Jiménez Sandoval quien lleva ocho años buscando a su hijo Yael, desaparecido desde septiembre de 2012 es ejemplo del caos y la desconfianza en los servicios forenses de Veracruz.

En octubre de ese año, sus alertas se prendieron cuando vio la fotografía de cinco jóvenes abatidos en un enfrentamiento con la Marina, y reconoció a su hijo entre ellos.

Desde Orizaba, de donde es originaria, viajó hasta el Servicio Forense de Cosamaloapan, a 163 kilómetros de distancia, para reclamar su cuerpo, pero las autoridades la recibieron con la noticia de que ya lo habían entregado a otra familia.

Ana Lilia intentó seguir el rastro de ese cuerpo que podría ser el de su hijo, pero se topó con irregularidades que se lo han impedido. La carpeta de investigación del caso estaba vacía, no había fotos de los jóvenes ni de los hechos, el cuerpo fue entregado sin una prueba genética que confirmara la identidad. Lleva ocho años exigiendo la exhumación del cuerpo, para corroborar la identidad.

El registro sobre el mal uso de los recursos en Servicios Periciales, inició en 2010, el primer año de gobierno de Javier Duarte, con Reynaldo Escobar Pérez a cargo de la Procuraduría General del Estado, cuando se detectaron compras a sobreprecio y adjudicaciones directas sin control.

En 2012 el Consejo Nacional de Seguridad creó dos programas de prioridad nacional para los que envió recursos : el de genética y el de apoyos a los servicios forenses. Pero los desvíos continuaron entre 2015 y 2016, con los funcionario Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo – cuando no se construyó un almacén de evidencias, ni dos servicios forenses en Veracruz y Coatzacoalcos. Entre 2017 y 2018, con el cambio de gobierno, del PRI al PAN, y la llegada de Jorge Winckler a la Fiscalía General, tampoco se lograron avances.

Las fallas en los Servicios Médicos Forenses se detectaron en 2014, de la federación se hicieron dos diagnósticos: uno de infraestructura y operatividad de los servicios forenses, y otro diagnóstico de infraestructura de los servicios periciales en el país. Ambos documentos consultados para esta investigación, revelaron graves fallas: falta de infraestructura, de personal capacitado, inversión nula. Pero las alertas otra vez fueron ignoradas por la Fiscalía de Veracruz.

En ese diagnóstico, se advierte que los servicios periciales carecían del 40 por ciento del instrumental básico de las 19 de las especialidades en Servicios Periciales.

De la plantilla de 300 peritos de la Fiscalía General, casi el 60 por ciento son criminalistas o forenses. Aunque los protocolos obligan a por lo menos 4 expertos para análisis de cada cuerpo: un criminalista, antropólogo, odontólogo y un médico. Esto es imposible en Veracruz, donde faltan antropólogos físicos, arqueólogos, expertos odontólogos forenses, entre otras disciplinas.

A la falta de equipamiento y de peritos capacitados, se suma la saturación de cuerpos por muertes violentas ingresados a los Servicios Forenses. En 2014 se recibieron 2,870 cuerpos, y cuatro años después en 2018, la cifra aumentó a 4,690 cuerpos.

Peritos entrevistados para esta investigación revelaron que la saturación de trabajo y la falta de equipamiento y expertos, hacen que la identificación de personas desaparecidas no sea una prioridad y solo se atiendan los casos mediáticos.

Un ejemplo de mal trabajo realizado por peritos forenses es la fosa de Arbolillo en Alvarado en la cual se hallaron 190 cuerpos y fue cerrada por la fiscalía. Familiares de desaparecidos decidieron hacer una segunda revisión al terreno en febrero de este año, y hallaron más de 2.000 restos abandonados por la Fiscalía General del Estado.

De igual forma, el informe de 2017 de la Cruz Roja Internacional (CICR), señaló que algunos forenses no cuentan con un equipo de identificación humana de carácter multidisciplinario, como definen los protocolos nacionales, y detectó que hay un porcentaje de personal técnico operativo sin el perfil adecuado.

Aunque Veracruz obtuvo a través del programa de cooperación internacional iniciativa Mérida la acreditación internacional bajo la norma ISO 17025 a los laboratorios de genética, química, balística y dactiloscopia, información obtenida vía Transparencia indican que al 2019, ninguno de los laboratorios de la fiscalía cuenta con una certificación.

El informe de la CICR alerta que falta de certificación y acreditación de los laboratorios de servicios periciales, impiden una vigilancia de los procesos y del almacenaje adecuado de cuerpos.

Fotos y video : Oscar Miguel Martínez López Ilustraciones: Bruno Ferreira