Carlos Saldaña busca a sus hijos Karla y Jesús Alberto, desaparecidos desde noviembre del 2011. Las pistas recabadas lo llevaron hasta la fosa común de El Chico en Emiliano Zapata. Un sitio entre matorrales, donde se erigen cinco cruces en fila.
Documentos de la Fiscalía indican que entre 2011 y 2014, fueron inhumados ocho cuerpos. Pero la información se confronta con la obtenida por Carlos Saldaña, a quien la misma Fiscalía estatal le confirmó 19 cuerpos, y la Fiscalía General de la República (FGR), contradijo esta información, al informarle que en total hay 29 cuerpos.
Carlos sospecha que en esa fosa pueden estar sus hijos, por lo que indagó en 13 carpetas de investigación relacionadas con los cuerpos que yacen en el lugar. Pero al revisarlas descubrió que estaban incompletas, pues no tenían fotografías, solo dos de los 13 cuerpos tenían pruebas de ADN, y la información de los detalles de los hallazgos era inexistente.
Esto a pesar de que entre 2011 y 2017, la Fiscalía de Veracruz firmó al menos nueve acuerdos y protocolos de actuación en el tema de desaparecidos.
En 2011, la Fiscalía se comprometió a crear un Registro único de Personas desaparecidas que obligaba a conformar un archivo de identificación con datos claves de personas desaparecidas y sus familias, entre ellos las pruebas genéticas y cruzarlo con los registros de cadáveres no identificados en resguardo de los Servicios forenses.
Al año siguiente, la Fiscalía ordenó que cada 50 días en al menos tres ocasiones , la Dirección de Periciales debía revisar sus registros para cruzarlos con el de personas desaparecidas.
Pero nada de esto se cumplió por parte de fiscales, el Registro no existió.
Entre 2010 y 2018, la Fiscalía envió al menos mil cuerpos a fosas comunes en cementerios municipales a lo largo del estado. El 80 por ciento sin una prueba de identidad, según informó la Fiscalía General del Estado a través de diversas solicitudes de transparencia.
Cuando se pregunta por las pruebas genéticas a esos cuerpos, las fiscalías regionales responden que tienen hasta nueve años esperando resultados desde las oficinas centrales de la Dirección de Servicios Periciales, o que la prueba no consta en la carpeta de investigación.
El tratamiento para cadáveres no identificados y las fosas comunes, también estaba reglamentado desde 2011 a través de la diligencia de exhumación de no identificados y en 2014 con el protocolo para el tratamiento de identificación forense.
Aracely Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida desde septiembre del 2012, coincide con Carlos Saldaña, al afirmar que las fosas comunes se convirtieron en clandestinas y fue ahí que se inhumaron cuerpos de personas desaparecidas, sin seguir los protocolos obligatorios: “Se usaron para ocultar la escalada de violencia”.
La fosas comunes recorridas demuestran el caos existente en los panteones municipales: Son lotes baldíos, con la hierba crecida, sin cruces, placas o señalética alguna que indique que ahí se hallan cuerpos.
En el Puerto de Veracruz, la fosa es un terraplén de arena al final del cementerio. En el Panteón Jardín en Coatzacoalcos, la fosa se encuentra entre maleza y basura, unos tubos de PVC que se asoman entre los matorrales, fungen como indicadores de los entierros. Las escenas se repiten en otros panteones.
Al desorden se suma la complicidad de ayuntamientos, quienes permitieron el crecimiento desordenado de fosas comunes, sin reglamentos ni normativa en el número de cuerpos inhumados en sus terrenos.
Solicitudes de información realizadas a los 212 ayuntamientos de Veracruz, evidenciaron el desorden. Por ejemplo, mientras el ayuntamiento de Cosoleacaque informa que tiene tres cuerpos inhumados por la Fiscalía en la fosa común de su panteón municipal; la Fiscalía reporta la inhumación de 43 cuerpos.
Aracely Salcedo, tiene presente que, en un inicio, la exigencia era abrir las fosas comunes de los panteones para localizar a sus hijos, pero se enfrentaron a la carencia de condiciones para el resguardo de los cuerpos y a la incapacidad en infraestructura de los servicios que no alcanzarían para hacer las identificaciones. Entonces, decidieron buscar otras estrategias.
Mientras la Fiscalía informa que para cada cuerpo o resto existe un proceso de identificación, así como un archivo básico forense, un informe de la CICR la desmiente: de los 910 restos humanos enviados a una fosa común o resguardados entre 2014 y 2017, solo 187 expedientes tenían la información completa como cadáveres no identificados.
Otro caso que ejemplifica las anomalías de las fosas comunes, es el de Gemma Mavil Hernández, secuestrada en mayo de 2011, y cuyos restos tienen al menos ocho años extraviados entre servicios periciales y fosas comunes.
A unos meses de su desaparición, su cuerpo fue hallado junto a otros ejecutados, pero lo que debía ser una pronta identificación para sus familiares, se convirtió en un largo calvario.
Los restos de Gemma Mavil no fueron sometidos a ninguna prueba pericial y fueron enviados a una fosa común ubicada en el panteón Palo Verde de Xalapa. Cinco años después de la desaparición, la Fiscalía del Estado le notificó a su padre, Pedro Mavil, el hallazgo.
Lo que sería una diligencia de rutina para localizar su cuerpo, y hacer la exhumación correspondiente, destapó el desorden que impera en las fosas comunes de la fiscalía: en tres exhumaciones hechas en diferentes fosas, no se halló el cuerpo de Gemma, y se descubrió que espacios de las fosas comunes habían sido vendidas a particulares.
Entre 2005 y 2013, en el panteón Palo Verde se inhumaron 111 cuerpos. El entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, prometió que las anomalías en la inhumación de Gemma Mávil serían investigadas, pero Fiscalía del Estado dijo que no contaba con registros documentales de que el peritaje prometido se haya realizado.
En 2016, la negligencia y complicidad de la Dirección General de Servicios Periciales quedó expuesta con el caso de la Barranca La Aurora, donde altos funcionarios ocultaron y alteraron el hallazgo de 13 de 19 cuerpos.
El entonces director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza y Rosario Zamora, directora de investigaciones ministeriales, así como Carlota Zamudio, delegada regional de la policía, reportaron solo 6 cuerpos de los 19 hallados, y simularon la localización de un cuerpo más, el de David Lara Cruz, policía estatal.
Los tres funcionarios fueron encarcelados por el delito de desaparición forzada. El entonces ex fiscal, Luis Ángel Bravo fue aprehendido también, por entorpecer la investigación. Aunque se les impuso una medida cautelar de prisión por un año, actualmente todos están en libertad tras ganar un amparo federal.
En un radio de poco más de 100 kilómetros, sobre la carretera costera de Veracruz, la delincuencia organizada cavó en el paisaje, zonas de terror. En medio del operativo Veracruz Seguro, que desplegó fuerzas militares y navales con más de 800 elementos, entre 2010 y 2017, los delincuentes abrieron en tres puntos ( Arbolillo, Santa Fe y La Guapota) 244 fosas y enterraron más de 480 cuerpos y 30 mil fragmentos óseos.
A estas fosas se suman otras más a lo largo del estado.
Uno de estos predios, La Guapota, donde se descubrieron en abril de 2019, 72 entierros clandestinos a unos kilómetros de la zona turística de Úrsulo Galván- al centro de Veracruz a 66 kilómetros de la megafosa en Santa Fe-, enfrentó nuevamente a las familias con la realidad: la identificación de cuerpos está lejos de alcanzarse.
María Elena Gutiérrez, quien busca a su sobrino Rafael Espinoza Gutiérrez, desaparecido en agosto del 2013, narra que, aunque por primera vez en la historia contaron con una intervención de expertos para la exhumación de los restos, la identificación sería complicada.
El Comité Internacional de la Cruz Roja y colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz diseñaron el primer plan de intervención de las fosas para lograr una identificación correcta.
Los entierros en un predio de 14 hectáreas podrían estar vinculados a desapariciones en cuatro municipios cercanos. El plan era confrontar los archivos básicos y cuestionarios AM - de personas desaparecidas- , con un primer universo de 525 denuncias de personas desaparecidas.
Pero la primera falla con la que se toparon es que los archivos están incompletos, son imposibles de comparar.
María Elena cuenta que la primera vez que a ella le tomaron el cuestionario AM , - que conlleva una docena de preguntas básicas sobre la persona desaparecida-, la directora de la policía ministerial de ese entonces, Rosario Zamora, le tomó sus datos en una hoja en blanco.
Ante la baja calidad de los datos, el CICR está proponiendo ir casa por casa y realizar nuevamente los cuestionarios AM y revisar los PM en la base de datos, lo que significa para las familias someterlos a un nuevo estrés al recordar su caso y retarda las pruebas para dar con identificaciones positivas.
La promesa de dar identidad a los desaparecidos en Veracruz envejece desde hace ocho años. En 2011, se informó de la elaboración de una base de datos en el área genética para ser utilizada en los comparativos de perfiles para la identificación de personas.
Entre las negligencias detectadas, está por ejemplo, la compra en 2012 de un equipo para identificación genética con valor de 300.000 dólares que fue hallado en una bodega de la Fiscalía, empaquetado sin usar, cinco años después.
En 2014, el entonces fiscal Luis Ángel Bravo presumía y aseguraba que en Veracruz se utilizaba el software, y existía un banco de datos de ADN para familiares de desaparecidos. Pero datos obtenidos revelan que, al 2019, la base de datos AM-PM, es inoperante por la escasa información. Y la otra base de datos, una genética llamada Comul- G , es poco confiable.
La fiscalía informó que, hasta junio de 2019, tenía 4.851 perfiles: 1.162 perfiles genéticos de cadáveres no identificados, y 3.419 de familiares de desaparecidos. Es decir, tampoco cuenta con material suficiente para hacer confrontas que permitan la identificación de cuerpos.
La desconfianza de las familias de desaparecidos en el sistema pericial está fundamentada. En 2017 se reveló que la Fiscalía solo tenía 292 muestras genéticas. Había tomado miles de pruebas, pero nunca fueron procesadas.
La Cruz Roja Internacional (CICR) asevera que la identificación exitosa de un cuerpo, es la suma de varias estrategias conjuntas y depende de la calidad, la cantidad de información y la disponibilidad de archivos para hacer comparativas. Sin ellas, la identificación se hace imposible.
Los peritos expertos del CICR señalan que, aunque el ADN es una herramienta valiosa, debe utilizarse en combinación con otras técnicas de identificación, como las dactilares, odontológicas, fotografías, circunstancia de muerte, entre lo principal. Advierten que las pruebas genéticas son confiables, pero también son lentas y caras, por lo que, ante la precariedad de los presupuestos en estados como Veracruz, las vías deben ser otras.
Las omisiones para cumplir con protocolos de identidad y nutris bases de datos para ubicar a desaparecidos, se hace evidente en el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre seguridad y desaparición de personas, donde se señala que en Veracruz apenas se ha podido identificar al 12.5 por ciento de los más de 700 cuerpos y restos hallados en fosas clandestinas.
El macabro descubrimiento de la fosa Colinas de Santa Fe a unos kilómetros del puerto de Veracruz , de donde se han exhumado 300 cuerpos, es ejemplo del rezago.
A tres años del hallazgo, la Fiscalía apenas ha podido identificar a 18 personas. De estas, cinco continúan sin ser entregadas a sus familiares.
Lucía de los Ángeles Díaz Henao, madre de Guillermo Lagunes Díaz desaparecido desde julio de 2013, alerta que el tema forense es crítico. Dice que los engaños y atrocidades que viven las familias de desaparecidos quedaron evidenciados en esta megafosa.
Las pobres estadísticas en la identificación de restos en Santa Fe, son atribuidas a dos razones: Las familias no denuncian por temor y en una revisión de más de 100 carpetas de investigación confirmaron que la mayoría no cuenta con perfiles genéticos.
Otro ejemplo, es el de Maricel Torres Melo quien busca a su hijo Iván Eduardo Castillo, desaparecido desde mayo del 2011, y quien halló junto a la Brigada Nacional de Búsqueda, el rancho La Gallera en Tihuatlán.
En 2017 encontraron seis cuerpos, más de mil 200 huesos y restos incinerados, además de dos cráneos de menores de 8 y 13 años. A la fecha la Dirección de Periciales sólo ha podido dar identidad a tres personas. Señala que la Fiscalía ha sido indolente y criminal con las familias.
Aracely Salcedo quien encabezó junto a la primera Brigada Nacional de Búsqueda el hallazgo de más de diez mil restos en el predio Calerías en la zona centro, vive la misma situación, no hay identidad de ninguno de los hallazgos.
Fotos y video : Oscar Miguel Martínez López Ilustraciones: Bruno Ferreira
