Por Flavia Morales / Eirinet Gómez
Una suma de omisiones y negligencias de parte de la Fiscalía General y del gobierno de Veracruz han dejado un rastro doloroso: Más 2 mil cuerpos y 30 mil restos sin rostro ni nombre y una profunda crisis forense. La numeralia es devastadora, y tiene múltiples causas: Aumento del crimen del narco en el territorio, gastos arbitrarios, desvíos de recursos y un desorden evidente en los protocolos de identificación de cuerpos.
Un olor putrefacto espesa el aire del panteón Jardín en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Seis hombres cargan un féretro, tratando de abrirse paso entre el angosto sendero que llega a una de las tumbas de los 31 muertos que dejó como saldo el ataque al Bar Caballo Blanco.
La sangre que escurre del cajón y resbala por las camisas de quienes cargan los restos, empeora los olores bajo una temperatura que alcanza los 30 grados.
Es agosto de 2019, han pasado 48 horas desde que integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación prendieron fuego al bar por el control de venta de droga. La cantidad de personas fallecidas simultáneamente, colapsó el ya precario Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad, un cuarto de cuatro por seis metros, sin aire acondicionado ni cámaras de refrigeración, y con techo de lámina.
Los cuerpos tuvieron que ser llevados a 20 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, al Semefo de Cosoleacaque, que data de los años 90 y solo tiene capacidad para seis cadáveres. No hubo posibilidad de preparar los cuerpos para su entierro, fueron entregados a las familias a punto de la descomposición.
La masacre puso en evidencia la precaria situación del servicio forense. Una condición, que se repite en el resto de los servicios forenses de Veracruz, dependientes de la Fiscalía General del Estado.
El ataque al Bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, dejó 31 muertos y al descubierto la precariedad de los servicios forenses.
Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC Noticias), en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalists (ICFJ), revela que en los últimos nueve años, se presupuestaron 30 millones de dólares para Servicios Periciales, pero la mayoría fue gastado de forma discrecional.
De este dinero, los registros oficiales sólo tienen evidencia de una inversión de 8.9 millones de dólares en equipo tecnológico, apenas el 20 por ciento. Recurso que fue gastado de forma arbitraria por cuatro fiscales, entre 2010 y 2018, en compras a sobreprecio, licitaciones simuladas, y adjudicaciones directas sin justificación.
Lo presupuestado exclusivamente para Veracruz en un periodo de nueve años, es superior a lo que ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció para abatir la crisis forense del país. 21.5 millones de dólares, para crear cinco institutos regionales forenses, que atiendan el rezago de 12 estados del país, y cinco cementerios forenses para cadáveres no identificados.
Un centenar de respuestas a solicitudes de información elaboradas sostienen que al desvío de recursos para los servicios forenses, se sumaron otras anomalías: la violación de por lo menos nueve circulares, protocolos de identificación y búsqueda de desaparecidos que generaron un desorden en fosas comunes, y la simulación en la integración de una base de datos genéticas.
Lo que ha dejado un rastro doloroso para las familias de desaparecidos en Veracruz: Más de 2.000 cuerpos y 30.000 restos y fragmentos óseos sin rostros ni nombre, rezagados en forenses, enviados a fosas comunes sin protocolos obligatorios para identificarlos, y enterrados en fosas clandestinas, según registros oficiales.
La numeralia es devastadora, y tiene múltiples causas, que se explican analizando a los tres últimos gobiernos.
Desde 2010, en plena guerra contra el narcotráfico, y hasta 2019, Veracruz ha registrado más de ocho mil muertes violentas según el Sistema Nacional de Seguridad, más de 3.600 desaparecidos ( hasta 2016) , y el brote de más de 400 fosas clandestinas, lo que rebasó los servicios forenses existentes.
Ante la situación llegó ayuda en 2013, cuando la Cruz Roja Internacional donó un sistema de base de datos basados en cuestionarios Ante Mortem (AM) -personas desaparecidas- Post Mortem (PM) - registros forenses de restos humanos no identificados-, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Pero la base de datos que donó la Cruz Roja se empleó hasta 2015 y con registros incompletos, lo que hace hasta ahora imposible su utilización para hacer cruces de datos e identificaciones positivas.
La iniciativa Mérida, un tratado de colaboración entre Estados Unidos y México para abatir la inseguridad, también aportó recursos para que Veracruz certificara su sistema forense.
Pero en Veracruz mientras la violencia crecía, los servicios forenses eran desmantelados.
Fotos y video : Oscar Miguel Martínez López Ilustraciones: Bruno Ferreira
