Por: Efraín Quiñonez León

Nadie es tan exigente como pedir a nuestros gobernantes saber de todo, pero al menos resulta indispensable que lleguen al poder con el suficiente conocimiento como para tomar decisiones racionales, que sepan controlar sus impulsos y no intenten siquiera fijar posturas por la vía del capricho o la vanidad.

El poder político es la peor medicina para la incompetencia y la fragilidad del carácter. Se puede ser muy honesto, pero torpe para tomar decisiones acertadas. La historia política del país ha dado muestras innumerables de estos auténticos dolores de cabeza. Desde el más modesto municipio hasta la presidencia de la república se desgranan uno a uno ejemplos ilustrativos. La pregunta es: ¿Qué daña más: la competencia corrupta o la honradez torpe? Por supuesto, ninguno de los dos extremos planteados en esta interrogante resultan una opción deseable. El ideal en todo caso sería la competencia y la horadez como atributos indispensables en cualquier gobernante, pero el ideal a menudo no encaja con la realidad de nuestros dirigentes políticos. 

Al gobernador de Veracruz parece nublársele el entendimiento con el poder. Después de haber sido un modesto profesor universitario, hoy considera que tiene los arrestos suficientes para decir y actuar sin la más mínima prudencia. Mientras esto ocurre, él se convierte en festin de periodistas y columnistas. Sus despropósitos alimentan el graderío y parece no existir nadie que pueda llamarlo a la cordura. En ese transe, ha perdido el piso e ignora o le importa poco que sea exhibido como incompetente, particularmente cuando se trata de temas que tienen que ver con la justicia. Ojalá fuese nada más él en lo personal sujeto de escarnio; no parece importarle o no sabe que degrada la institución que representa, es decir, tiene la pesada carga simbólica y material de ser el representante de todos los veracruzanos, pero parece no darse cuenta de ello. No nos honra para nada con sus despropósitos y desatinos.

Desde luego, resulta plausible que la llegada al poder de, Cuitlahuac García Jiménez, significó un venturoso dique de contención a los anhelos de perpetuación en el principal cargo público de Veracruz de la familia Yunes, cuyo patriarca y su descendencia no solamente ya se habían apoderado del principal partido de oposición en la entidad sino que, además, ambicionó con tan sólo dos años en el gobierno transferir el poder a su primogénito. Esto configuró un exceso que el electorado observó con algún recelo y que, finalmente, le cobró cara la osadía al gobernador de ese entonces, Miguel Angel Yunes Linares.

Antes de esto, el actual gobernador ya se había fogueado como legislador federal por Morena, tras ganar la elección por el distrito X de la capital del Estado de Veracruz. Sin duda, este hecho le permitió un mayor acercamiento con, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, no parece haber destacado mucho en sus labores como legislador, pues aunque presentó alrededor de 5 o 6 iniciativas de reformas a distintos ordenamientos jurídicos, todas fueron rechazadas; como tampoco se destacó mucho en la gestión legislativa si se toma en cuenta que fueron contadas sus participaciones en tribuna durante los tres años en que se desempeñó como diputado. Pero no hay que dejar de reconocer que (bien, mal o regular) esta forma parte de su caudal de experiencia política.

Sin embargo, pese al cargo como diputado (sin duda la labor de mayor trascedencia política por él alcanzada hasta ese momento), Cuitláhuac García, no dejaba de ser un modesto profesor que se desempeñaba en algunas de las instituciones de educación de Veracruz. Por lo tanto, no resultaba un personaje que se conociera mucho o que se destacara ampliamente entre la clase política veracruzana. Tampoco su función como legislador se puede destacar como el elemento que catapultó una meterórica carrera política para que en menos de un lustro se convirtiera en el actual gobernador de Veracruz.

La buena estrella del gobernador sin duda obedece a su cercanía y lealtad con el presidente López Obrador, quien al intentar por tercera ocasión llegar a la presidencia de la república en las elecciones de 2018, literalmente arrastró la candidatura de, Cuitláhuac García, convirtiéndolo a la postre en jefe del ejecutivo estatal. Esto, desde luego, cambió la correlación de las fuerzas políticas y, para fortuna de la novel democracia veracruzana, modificó la composición del Congreso que, por primer vez en toda su historia, se integraba por una cuota equilibrada de género. Siendo este un buen logro para la democracia y las mujeres, cabría ser prudentes en las expectativas para no atribuir o sobre cargar la agenda con temas imposibles de complir en el corto plazo. Por lo pronto, la despenalización del aborto ha sido un gran logro sin duda alguna, pese a las reacciones de grupos conservadores que tienen como bandera el oponerse siempre a este tipo de medidas, aun cuando saben que es un derecho humano y un asunto de salud pública. 

Pero tampoco hay que dejar de reconocer, si se quiere ver así, la audacia y el hecho de estar en el momento oportuno y el lugar adecuado de Cuitláhuac García.

Hace unos días se le inquirió acerca de las sansiones del INE por hacer actos de campaña en tiempos no reglamentarios. Con un inaudito desparpajo, el gobernador respondió a los reporteros de la fuente que se atenía a la convicción de que el presidente López Obrador es el mejor gobernante que hemos tenido en los “últimos treinta o cuarenta años”. Por lo tanto, le resultan un tanto indiferentes las sanciones. Pero lo que el gobernador pasa por alto es que no se le aplicará la reglamentación vigente por las innegable muestras de lealtad que profesa al presidente, cosa que es pública y notoria, sino que se determinan las medidas por transgredir las normas. Y el ejecutivo estatal se hace eco de la consigna que ahora se ha vuelto dogma de fé: es un honor estar con Obrador. Exhabrupto que materializa las idea de un político que piensa que antes de representar a los veracruzanos, es fiel guardian de los intereses de su jefe político y de la agrupación partidista a la que pertenece. Es difícil asimilar que estas sean las prácticas que caractericen a la izquierda.

No obstante, pese a sus esfuerzos y sus propios méritos, el gobernador del Estado no ha podido destacar precisamente por sus dotes de estadista. Para empezar, pretendió aplicar la misma medicina de la austeridad republicana al interior de gobierno y aunque es verdad que él se bajó el salario, no ocurre lo mismo con los funcionarios, ni con los magistrados de Tribunal, ni mucho menos con los diputados y alcaldes. Solamente con fines meramente ilustrativos y de acuerdo a información oficial, los funcionarios de primer nivel, incluido el gobernador, nominalmente tienen salarios de aproximadamente 58 mil pesos netos, pero el tabulador incluye montos verdaderamente ridículos en prestaciones; como por ejemplo, ayuda para pasajes de 450 pesos, ayuda para despensa de 220 pesos y cosas por el estilo.

El este mismo tenor, el caso de los diputados es verdaderamente ilustrativo de que la austeridad republicana no es más que un discurso que, en la realidad, choca con las disposiciones que en la práctica toman algunos actores de la política. Si bien un diputado nominalmente puede estar ganando más o menos el mismo sueldo de los funcionarios de primer nivel, es decir, poco menos de 60 mil pesos netos; se incluyen otros rubros que triplican esos ingresos. Por ejemplo, existe un “apoyo” denominado subsidio legislativo cuyo monto es de 40 mil pesos; otra de estas subvenciones se llama gestoría y desarrollo de actividades legislativas por la cantidad de 45 mil pesos. Con esos montos en sus ingresos, los legisladores más que duplican el salario del gobernador.

No hace mucho tiempo, el propio gobernador ha reconocido que a pesar de insistir en la moderación de ingresos de los funcionarios públicos, es decir, que nadie pueda tener un sueldo superior al del ejecutivo estatal, son varios funcionarios los que reciben ingresos superiores al mandatario, tal y como lo hemos señalado apenas arriba y con base en datos oficiales.

Una de las primeras batallas fue la destitución del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, quien había sido una herencia del gobierno de Miguel Angel Yunes Linares; por cierto, en ese gobierno se había procedido más o menos de la misma forma, de tal manera que se destituyó al fiscal que había asumido el cargo durante las administración de Javier Duarte. A decir verdad, ni Jorge Winckler era un funcionario que pudiera respaldarse por su autonomía, como tampoco la administración de, Cuitláhuac García, escatimó esfuerzos por torcer la ley y la voluntad política en el Congreso para tramitar la destitución de Winckler y, además, fincarle responsabilidades penales que lo mantienen prófugo de la justicia.

Otro tema que ha sido relevante y que ha mostrado al jefe del ejecutivo estatal con poca tolerancia en su relación con la prensa. En este caso, el gobernador trata de emular a su homónimo en el plano federal, pero la verdad es que con frecuencia muestra poca pericia en el manejo de los medios de comunicación, exasperándose y rayando en la intolerancia frente a los cuestionamientos de los periodistas. Al ser cuestionado por la polémica que se había desatado en los medios a propósito del delito de ultrajes a la autoridad, el gobernador no solamente intentó debatir el cuestionamiento sino que, literalmente, reprendió a la periodista de Meganoticias, Sarah Landa, al tiempo en que la calificaba de mentirosa. 

Y precisamente en estos asuntos de carácter judicial, el gobernador de Veracruz no solamente quedó expuesto en sus yerros y contradicciones a propósito del caso del secretario técnico del Senado de la República, José Manuel Del Río Virgen, a quien se le detuvo bajo el argumento de su participación en el asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones.

Como se sabe, esta fue una derrota más para el gobernador que asumió el caso como si se tratara de un asunto personal, cosa que lo exhibe como un mal estratega político, un funcionario por lo menos contradictorio porque afirma respetar la autonomía de los poderes, no obstante que termina por opinar sobre temas donde muestra sus limitados conocimientos en la materia. Lo peor del caso es que el ejecutivo estatal parece no darse cuenta que él es quien queda exhibido y mal ante la opinión pública tanto local, como nacional.

Este catálogo de conflictos no pretenden ser un registro exhaustivo de las infortunadas medidas y el papel que puede llegar a desempeñar un gobierno con una innegable voluntad de cambio, pero que muestra serias dificultades para operar las propuestas que pretende llevar a cabo con el fin de mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos. No estaríamos en el dilema inicialmente planteado (entre la incompetencia honrada y la habilidad corrupta) si acaso tuviéramos instituciones fuertes, una burocracia weberiana, instituciones autónomas que funcionacen como contrapesos, y una sociedad civil fuerte cuyo peso específico no pudiesen ignorar nuestros gobernantes. Como la experienia ha demostrado, no es suficiente tener ideas geniales y una conducta intachable si se carece de las habilidades necesarias para llevarlas a cabo y un equipo competente que las respalde.