Fuerza de Reacción de SSP violentaba sexualmente a víctimas
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Pacho Viejo, Coatepec ( AVC/Flavia Morales) Durante la lectura de los 89 medios de pruebas y documentales en la causa penal 22/2018, se relevó que los policías estatales del grupo de la fuerza de reacción de la división de la Secretaría de seguridad Pública, violentaban sexualmente a las mujeres que detenían bajo el pretexto de que eran sospechosas de pertenecer a un grupo delictivo.
Durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de tres ex mandos policiacos Arturo N, ex secretario de seguridad pública, el ex
Director de prevención y reinserción social, Óscar N , del ex director de fuerzas especiales, Roberto N, y 16 policías estatales se reveló que en la desaparición forzada de 15 personas en 2013, hubo por lo menos tres mujeres de 16, 17 y 23 años que fueron violadas por los policías , dos de ellas aportaron su testimonio.
La esposa de uno de los desaparecidos, ex policía en Córdoba narró que días después de la desaparición de su esposo José Ulises, recibió dos mensajes donde la citaban en un lugar, le decían que su esposo estaba herido.
Al llegar al lugar junto a su pequeño hijo, fue intervenida por patrullas de policías quienes la llevaron hasta unos cañales, donde fue violada sexualmente pese a estar embarazada y su hijo de 10 meses fue lastimado con toques eléctricos.
El fiscal general en desaparecidos, Eduardo Coronel Gamboa señaló que las victimas eran acusadas de pertenecer a un grupo Delictivo y detenidas por la fuerza de reacción a cargo de Miguel Alejandro “N y entregados a la fuerza especial “Los fieles” a cargo de Roberto “N”.
En las pruebas se señaló que hay un testigo protegido de identidad reservada quien pertenecía a más fuerzas de reacción y quien reveló el modus operandis de las detenciones.
También hay un testimonio de una joven de 17 años que fue abusada sexualmente por al menos ocho elementos policiacos.
Asu vez, hay un testigo que revela que una de las jóvenes desaparecidas Cecilia “N”, fue detenida mientras transitaba la carreta Jilotepec, la joven fue interrogada y violada por los policías estatales.
Los detenidos en su mayoría eran sospechosos de pertenecer al grupo delincuencial de los zetas, y en sus celulares se encontraron fotos y mensajes que los vinculaban con el grupo delictivo de lo zetas.
De acuerdo a las tarjetas informativas se trata de personas que estaban dedicadas a ser albañiles, limpiaparabrisas, , empleados, en su mayoría jóvenes que revelaron que eran parte de los grupos.
La clave 016
Los detenidos eran entregados a las fuerzas especiales al mando de comandantes policiales identificados con los alias “ Black” que pertenece a José “N”, “Tigre”, perteneciente a Carlos “N”, comandante “Oso” alias a cargo de Carlos “N”, Roberto “N”, jefe de fuerzas especiales, José “N”, subsecretario A, y Oscar “N”, director de agrupamientos en ese momento.
La Fiscalía argumentó que las fuerzas de reacción recibían la instrucción bajo la clave 016 que significaba orden superior, la cual significaba entregar a los detenidos a las fuerzas especiales.
Las patrullas implicadas en la detención ilegal y la desaparición de las personas son las 1719, 1698,1764, 1992, 1833, 1999, 1979, 1762,1993, 1426, 1800,1402, 1995, 1996, 1726, 1408, 1822 y 1958 pertenecientes a las fuerzas de reacción y fuerzas especiales.
Arturo “N”, el comandante Jaguar y la acusación contra Roberto “N”
La Fiscalía General del estado citó a cuatro testigos protegidos ex integrantes de las fuerzas de reacción y del grupo Tajín, los cuales revelaron el modus operandis de la cadena de mando para detener, interrogar, y desaparecer a presuntos sospechosos de pertenecer a grupos delincuenciales.
El testigo 32 ex miembro de la fuerza policiaca Tajín, reveló que fue en septiembre del 2012 cuando escuchó por primera vez de propia voz del ex secretario de seguridad pública, Arturo “N”, ordenar la detención de presuntos criminales y ordenar su entrega.
En la carpeta de investigación también consta el testimonio de Jaqueline Moctezuma, quien fue detenida en 2013, y señaló a Roberto “N”, ex mando policiaco de las fuerzas especiales, quien estuvo presente mientras ellas era llevaba a la academia de policía, donde fue interrogada y golpeada junto con Andrés Aguilar Marín, quien está en calidad de desaparecido.
Retenes también eran usados para desaparecer personas
De acuerdo a los datos de testigos protegidos, los retenes en Xalapa que primero eran parte de las fuerzas de reacción y luego de grupo Tajín, eran usados para la misma practica.
En los testimonios se revelan al menos 14 detenciones de este tipo.
La vinculación a proceso
La FGE, pidió a la jueza Alma Aleida Sosa, vincular a proceso a Arturo N, , Oscar “N” y Roberto “N”, como autores mediatos de llevar a cabo el delito de desaparición forzada en agravio den 15 personas.
Se acusó a Arturo “N” ex secretario de seguridad pública de instrumentar una policita ilegal, detener e interrogar a personas de la delincuencia organizada.
Advirtió que sin importar quien era el comandante en turno se entrega a las victimas a las fuerzas especiales, lo que quedó demostrado en una docena de tarjetas informativas, bitácoras y cuatro testimonios de las víctimas.
También pidió vincular a proceso a los 16 policías estatales en calidad de autores materiales de las detenciones.
La defensa jurídica desestima tarjetas informativas
Durante la etapa de alegatos por parte la defensa jurídica de Arturo “N”, se desestimaron los datos de prueba de las tarjetas informativa, por considerar que contienen ausencias, y vicios insalvables, donde faltan horarios, firmas, y sellos, que no demuestran la participación de los imputados, ni justifican los hechos.
También pidieron a la juez declarar la nulidad de los testigos de identidad reservada, a quienes se le dio el criterio de oportunidad, es decir el beneficio de la libertad a cambio del testimonio, por ser contrarios a la ley.
La Fiscalía señaló que por el delito de desaparición forzada se podría fincar responsabilidad por 40 a 60 años, aunque por los agravantes de que la víctimas que son mujeres, y menores edad, la penal podría aumentar a 90 años.
Luego de escuchar a ambas partes, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez decretó un receso de 90 minutos, que se vence pasada la medianoche de este miércoles, donde finalmente deliberará sobre la vinculación a proceso.