Caso Tierra Blanca, la cadena de mando policiaco sigue impune
Xalapa, Ver.- ( AVC ) A 730 días de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca quienes fueron entregados a la delincuencia organizada por policías estatales, la cadena de mando policiaco no ha sido castigada.
Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los desaparecidos advierte que tal parece que las autoridades apuestan al olvido, a que no pase nada, a una justicia retardada y señala : “Hemos avanzado poco, así son las leyes en México”.
Recuerda que en febrero del año pasado, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para castigar a los altos niveles de la jerarquía en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por desaparición forzada , pero no obtuvieron respuesta.
El 11 de enero del 2016, Susana Tapia Garibo de 16 años, José Benítez de la O de 24 años, Mario Orozco Sánchez de 27 años, Alfredo González Díaz de 25 años, y Bernardo Benítez Arróniz, fueron detenidos cuando iban rumbo a Playa Vicente a solo 116 kilómetros de distancia de sus casas. Eran las 11:30 de la mañana de un lunes, entonces los policías declararían más tarde que los jóvenes “ les parecieron sospechosos” y los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Después, las investigaciones también revelarían que el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde y al menos ochos policías estaban implicados en otros casos de desaparición, que habían reprobado los exámenes de control y confiabilidad y tenían nexos con el crimen organizado.
Los jóvenes fueron llevados al rancho El Limón en Tlalixcoyan, la policía científica halló ahí un hueso que pertenecía a Bernardo Benítez Arroniz y una camiseta con una mancha de sangre de Alfredo González Díaz, hasta el momento no se hallaron restos de los otros tres jóvenes, aunque uno de los policías implicados declaró que fueron asesinados en el rancho y quemados con diesel.
Un año después de los hechos, los padres denunciaron ante la Fiscalía General de Estado al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y cinco mandos policiacos de alto nivel por el delito de desaparición forzada.
En febrero del 2017, los padres aportaron nuevas pruebas que consideraron contundentes para el expediente que se sigue en la Carpeta de Investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016.
Celestino Espinoza Rivera, abogado defensor señaló que hubo omisiones graves de parte de ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Entre las omisiones se destaca que los policías implicados en la desaparición reprobaron los exámenes de control y confianza, que el entonces delegado Marcos Conde tenía antecedentes penales por portación de arma y estuvo preso en el Penal Federal de Villa Aldama, y que además él, junto a su grupo de policías fueron cambiados de área a pesar de las denuncias e irregularidades en su contra, cambios que fueron aprobados directamente por Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de SSP ( ahora preso en el penal de Pacho Viejo por abuso de autoridad).
Los ex mandos de la SSP denunciados en la ampliación fueron: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública; José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la SSP; José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la SSP; y Andrés Tenorio Quezada, Subdirector Operativo en la Zona Centro.
Bermúdez impune y policías sin sentencia
El caso Tierra Blanca atrajo la atención nacional y con ello la intervención del gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo entonces de Roberto Campa Cifrían. Se logró la intervención de la Gendarmería Nacional, y la detención de 19 personas, ocho policías y 11 civiles vinculados a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación.
En diciembre del 2016, la PGR se declaró incompetente para fincar responsabilidades por delincuencia organizada en contra de los policías estatales y civiles.
Después de una batalla legal, casi 12 meses después, en diciemgre del año pasado y tras imponer un amparo, los padres lograron que los policías y civiles fueron imputados por el delito de delincuencia organizada y enviados a un penal de máxima seguridad en Durango.
Sin embargo, ahora es la Fiscalía quien no ha logrado vincular a Bermúdez con el delito de desaparición forzada.
Cabe recordar que Bermúdez se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo con una medida cautelar de prisión de un año, por los delitos de incumpliendo de un deber legal y abuso de autoridad por otorgar contratos millonarios a empresas ligadas sus familiares.
A consideración de los padres de los jóvenes desaparecidos, Bermúdez debería ser consignado por desaparición y omisión, pues a pesar de conocer las irregularidades de los policías permitió su operación en impunidad.
Ante la omisión de la Fiscalía, en octubre pasado, la defensa jurídica de los padres interpuso el amparo 116/2017 , debido a que no se ha actuado sobre la responsabilidad penal de los ex servidores públicos que eran superiores jerárquicos de los policías implicados en el caso.
Bernardo Benítez Herrera, advierte que aun falta camino por recorrer, “Seguimos exigiendo que se le debe vincular, esperemos que pronto se le de vinculación y que responda por la desaparición de nuestros hijos”.
También señala que esperan las sentencias condenatorias de los implicados: “A todos los que ya están en la cárcel sean sentenciados (…) que sean condenados todos los reos que ya están en prisiones federales que han sido el paso que ahorita dimos, que fueron vinculados al crimen organizado y están en prisiones federales todos ellos, el pasito que dimos”.
La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos tampoco ordena sanción
En julio pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 5VG/2017 al gobierno de Veracruz, por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución de cinco jóvenes en Tierra Blanca quienes fueron entregados por elementos policiacos al Cartel de Jalisco Nueva Generación.
La recomendación ordenó al Gobierno del Estado aplicar una indemnización justa a las familias por el daño causado, una disculpa pública institucional por los hechos, y acelerar la carpeta de investigación para esclarecer los hechos
Bernardo Benítez, cuestionó que era necesario que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos humanos contemplara cuestiones como investigación de los altos mandos involucrados o amonestación a quienes no hicieron la investigación de forma correcta.
Creemos que faltaron algunos puntos por agregar (…), lo de la investigación sobre la cadena de mando y cuestiones como investigaciones administrativas para los servidores de la Fiscalía de Tierra Blanca que tuvimos muy malos tratos en un inicio cuando iniciamos nuestro paro ahí en el MP (…), sobre las omisiones de PGR de la delegación Veracruz”, aseveró.
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