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Viernes 24 de noviembre de 2017
   
PRI promueve penas más severas para delitos relacionados con la procuración de justicia
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PRI promueve penas más severas para delitos relacionados con la procuración de justicia Foto: AVC / Noticias
AVC/Noticias  .  
2017-09-05.- El legislador Ángel Armando López Contreras presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para incluir sanciones a quien ejecute actos contrarios al marco de la ley.


Xalapa, Ver.- Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a través del diputado Ángel Armando López Contreras,
se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para incluir tipos
penales que detallen la conducta antisocial de servidores públicos
encargados de la administración y procuración de justicia, que
arbitrariamente resuelvan o ejecuten actos contrarios al marco normativo
en perjuicio de los ciudadanos.

En la sesión, el legislador consideró necesario sancionar severamente el
delito de prevaricación, entendido este cuando una autoridad, juez u
otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto
administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta
y contraria a la ley.

De esta manera se establece que comete el delito de prevaricación el
servidor público que dolosamente dicte una resolución de fondo o una
sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto
terminante de la ley; dicte una resolución de fondo o una sentencia
definitiva que sean ilícitas por ser contrarias a las actuaciones
seguidas en juicio u omita dictar una resolución de trámite, de fondo o
una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la
ley.

Al responsable de este delito se le impondrán de cuatro a diez años de
prisión, multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, y
destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desempeñar
empleo, cargo o comisión públicos.

Se propone equiparar a la prevaricación y se sancionará como tal al
servidor público que, por motivos injustificados ejecute actos o incurra
en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja
indebidos; oculte al imputado el nombre de quien le acusa, salvo en los
casos previstos por la ley, no le dé a conocer el delito que se le
atribuye o no realice el descubrimiento probatorio conforme a lo que
establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además que no dicte auto de vinculación a proceso o de libertad a un
detenido, dentro de las 72 horas siguientes a que lo pongan a su
disposición, a no ser que el imputado haya solicitado ampliación del
plazo, caso en el cual se estará al nuevo plazo; que abra proceso penal
contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste
previamente, conforme a lo dispuesto por la ley o admita o nombre un
depositario o entregar a éste los bienes secuestrados, sin el
cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Se plantea que comete el delito contra la procuración de justicia el
servidor público que indebidamente detenga a un individuo fuera de los
casos señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del señalado en
la Constitución; se abstenga de iniciar la investigación
correspondiente, cuando sea puesta a su disposición una persona por un
delito doloso que sea perseguible de oficio o se abstenga de ejercer la
acción penal que corresponda de una persona que se encuentre detenida a
su disposición como imputado de algún delito, cuando esta sea procedente
conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, entre otros.

La iniciativa contempla que comete el delito contra la administración
de justicia el servidor público que a sabiendas conozca de negocios para
los cuales tenga impedimento legal o se abstenga de conocer de los que
le corresponda, sin tener impedimento legal para ello; dirija o aconseje
a las personas que ante ellos litiguen; retarde o entorpezca
maliciosamente o por negligencia la administración de justicia u ordene
la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa
de libertad, o en casos en que no proceda denuncia, querella u otro
requisito equivalente.

No ordene la libertad de un imputado, decretando su vinculación a
proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada
pena no privativa de libertad o alternativa; prolongue la prisión
preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que
motive el procedimiento o demore injustificadamente el cumplimiento de
las resoluciones judiciales, en las que se ordene poner en libertad a
un detenido, entre otros.

A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos del Partido Acción
Nacional, Partido de la Revolución Democrática, MORENA y Juntos por
Veracruz.
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