| Las puertas del infierno |
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Actualizado: 2018-03-15 |
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R�brica
Las puertas del infierno
Por Aurelio Contreras Moreno
Por m�s que intenten matizarla, la decisi�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declar� constitucional la inspecci�n a personas y veh�culos por parte de las fuerzas policiacas sin que medie una orden judicial o ministerial, abre la puerta para los peores abusos y violaciones a los derechos humanos.
Uno de los argumentos de los ministros que votaron en favor de la constitucionalidad de esta figura, prevista en el C�digo Nacional de Procedimientos Penales del nuevo sistema de justicia penal, y que fue impugnada por la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, es que las inspecciones policiacas representan �una medida proporcional, id�nea y con un fin constitucionalmente v�lido, de proteger la seguridad p�blica y los derechos de las v�ctimas de delitos�.
Consideraron adem�s que �la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el il�cito es evidente a la vista del polic�a, o cuando la inspecci�n es la que lo revela�.
En un pa�s en el que el respeto por el Estado de Derecho sea la norma y no la excepci�n, quiz�s estos juicios pudieran considerarse v�lidos, suficientes. No es el caso de M�xico, donde los derechos humanos valen menos que nada y la brutalidad policiaca est� m�s que documentada. En Veracruz, con particular ferocidad.
Tras las cr�ticas que cayeron como tromba sobre los ministros por parte de acad�micos y representantes de organismos civiles de defensa de derechos humanos, la Corte �explic� los alcances de las revisiones policiacas sin orden ministerial, y que tendr�an que limitarse al momento en que se realiza una investigaci�n criminal; luego de presentarse una denuncia de hechos formal ante el Ministerio P�blico o informal ante los propios agentes de seguridad; ante un delito flagrante; o cuando los polic�as tengan la �sospecha razonable� de que la persona a inspeccionar coincide con las caracter�sticas denunciadas o que en el momento cometa un delito no apreciable a simple vista, como la portaci�n de armas o la posesi�n de drogas.
Con todo y la precisi�n de la Corte, es evidente el alto nivel de discrecionalidad que se le otorga a las fuerzas policiacas para intervenir a los ciudadanos. Las �sospechas razonables� suelen terminar en �lamentables confusiones� y, sobre todo, en abusos abominables.
Porque bajo esta l�gica, los polic�as que durante el sexenio de Javier Duarte detuvieron, torturaron y desaparecieron personas en Veracruz se encontraban en medio de �investigaciones criminales�, adem�s de que segu�an �rdenes superiores. Dejar este tipo de acciones coercitivas a criterio de los integrantes de corporaciones que constantemente son denunciadas por cometer abusos y estar infiltradas por el crimen organizado es, por lo menos, temerario. Pero m�s que nada, de una irresponsabilidad vil.
Para muestra, el caso de las hermanas adolescentes que fueron acribilladas por polic�as estatales en la ciudad de R�o Blanco el pasado 10 de marzo. Los uniformados alegan que fueron �atacados� por las j�venes Nefertiti y Grecia Camacho, de 16 y 14 a�os de edad, respectivamente, cuyos cad�veres ensangrentados, tendidos en calle, fueron exhibidos con armas a un lado para �probar� su �culpabilidad�.
Sin embargo, circulan im�genes en las que al menos una de ellas aparecer�a todav�a con vida, sometida por los polic�as, lo que ha hecho crecer la sospecha de que se trat� de una ejecuci�n extrajudicial por parte de los elementos de Seguridad P�blica del Gobierno de Veracruz, lo cual es negado por la Fiscal�a General del Estado, que defiende la hip�tesis de que con dos pistolas, unas casi ni�as se enfrentaron a un escuadr�n provisto con armas de alto poder.
La Corte est� abriendo, de par en par, las puertas del infierno.
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