| Contenido social y pol�tico de la violencia y el terror oficializados |
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Actualizado: 2018-01-11 |
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Contenido social y pol�tico de la violencia y el terror oficializados
Aquiles C�rdova Mor�n
Han pasado m�s de tres meses desde que el alcalde antorchista de Huitzilan de Serd�n, Puebla, Manuel Hern�ndez Pasi�n, fuera brutalmente asesinado en las goteras mismas de la ciudad de Zacapoaxtla, en el mismo estado, y casi el mismo tiempo de que el gobernador Antonio Gali Fayad y sus funcionarios encargados de la seguridad p�blica aseguraron tener plenamente identificados y vigilados a los autores materiales, y que su arresto era cuesti�n de horas o, a lo sumo, de d�as. A la fecha no existe una sola detenci�n; es m�s, ni siquiera un m�nimo avance que pudiera indicar una voluntad seria de hacer justicia.
Como varios medios informativos y algunos columnistas profesionales han publicado en varias ocasiones, no quedan ya dudas acerca de que el asesinato de Manuel fue un crimen pol�tico ejecutado por pistoleros plenamente ligados por lazos consangu�neos y laborales con el alcalde panista de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, razones por las cuales tampoco se necesita ser Sherlock Holmes para descubrir que dicho funcionario meti� las manos hasta los codos en el crimen de sus parientes y empleados. Eso sin tomar en cuenta que, adem�s, los movimientos de Lobato Toral, antes, durante y despu�s de los hechos, apuntan claramente hacia �l al margen incluso del parentesco y la relaci�n laboral.
Tambi�n es un hecho establecido plenamente que entre Manuel Hern�ndez Pasi�n y Lobato Toral no existi� nunca conflicto alguno de por medio que pudiera explicar el asesinato del primero. Incluso la relaci�n oficial entre ambos se redujo siempre al m�nimo indispensable y nada m�s. De aqu� desprenden, todos los que conocen del crimen y est�n interesados en su esclarecimiento, que Lobato Toral no actu� en su propio inter�s sino como cabeza visible de la mafia caciquil que domina desde siempre en varios de los municipios m�s marginados y empobrecidos de la Sierra Nororiental poblana, en la que destaca la familia Aco, originaria de Huitzilan de Serd�n.
Los poderosos intereses econ�micos de los Aco, el origen poco claro de su inmensa fortuna, alimentada por sus relaciones estrechas con funcionarios estatales y federales que les han canalizado ingentes recursos de los programas de apoyo al campo, de proyectos productivos fantasma destinados al desarrollo de la cafeticultura y el aprovechamiento de la pimienta, de fomento al desarrollo integral de los pueblos ind�genas a trav�s de �cooperativas� te�ricamente manejadas por los interesados directos pero, en realidad, por personeros de los caciques, ligan a esa familia (los Aco) con todos sus similares de la Sierra para hacer negocios comunes y procurarse apoyo y protecci�n mutua, y la opini�n p�blica de la zona est� perfectamente enterada de sus movimientos. De aqu� que toda esa opini�n se incline mayoritariamente a pensar que el crimen de Manuel Hern�ndez Pasi�n fue ordenado por esa peque�a oligarqu�a caciquil, en cuyo nombre y representaci�n habr�a actuado Lobato Toral.
Si las cosas hubieran quedado hasta aqu�, ser�a claro que el crimen deb�a ser considerado simplemente como un vulgar delito del orden com�n efectuado en pandilla, lo cual es un agravante; pero la actitud asumida, p�blicamente incluso, por la autoridad judicial poblana, la inacci�n del Secretario de Gobernaci�n de Puebla, Lic. Di�doro Carrasco Altamirano, y del Secretario de Seguridad P�blica, Jes�s R. Morales Rodr�guez, as� como la palabra incumplida del gobernador Jos� Antonio Gali Fayad, cambian completamente la naturaleza del problema: se configura claramente un acto de protecci�n abierta para los asesinos de Manuel por parte de las m�s altas autoridades pol�ticas y judiciales de Puebla y el hecho pasa a ser un acto de violencia y terror, si no directamente ordenado, consentido al menos por el Estado mismo.
Y es obvio, en ese caso, que no solo cambia la calificaci�n del hecho, sino la naturaleza intr�nseca, la motivaci�n profunda del mismo. En efecto, no entra�a el mismo contenido pol�tico y social un crimen perpetrado por una pandilla caciquil que uno cometido con protecci�n oficial. Esto �ltimo, en caso de ser cierto, va pre�ado de ominosos riesgos para todo el pa�s y resulta indispensable no cerrar los ojos ni la boca ante tama�a amenaza. Es indispensable preguntarse cu�ndo, c�mo y por qu� se presenta el terror y la violencia oficializados y cu�les son, o pueden ser, sus verdaderos prop�sitos.
Y ya se sabe, el crimen y el terror estatales son siempre una de las primeras manifestaciones visibles del agotamiento de un modelo econ�mico y de sus complementos naturales, el modelo pol�tico y el aparato encargado de aplicar la ley y hacer justicia. Cuando el modelo econ�mico ha caducado, resulta cada vez m�s incapaz de responder con eficacia a las necesidades sociales, sobre todo las de los grupos menos favorecidos; se ve obligado cada vez m�s a aplicar medidas �antipopulares pero necesarias� que lo van divorciando del apoyo popular hasta llegar al enfrentamiento abierto con las masas. En este punto, se hace evidente a los que gobiernan que el derecho y las leyes que lo regulan son cada vez m�s inaplicables a la realidad y, a la larga, las empiezan a sentir como un estorbo, como una camisa de fuerza que los maniata y les impide moverse con m�s soltura y rapidez hacia sus verdaderos objetivos, que son el cuidado, protecci�n y fomento de los grandes intereses privados beneficiados por el modelo.
Decide entonces hacer resueltamente a un lado esos estorbos y sustituirlos por recursos m�s expeditos, abarcantes y contundentes; y esos recursos no son, no pueden ser otros, nunca han sido otros que el terror y la violencia ejercidos abierta (aunque no expresamente) por el Estado mismo. Para que esta pol�tica tenga �xito, para que juegue el papel domesticador que se busca, resulta indispensable que el pueblo se d� cuenta claramente de d�nde viene la amenaza; de ah� el car�cter burdo de las maniobras de ocultamiento que m�s parecen auto denuncias que verdaderos deseos de camuflaje. En pocas palabras, el poder p�blico se orienta resueltamente, en tales circunstancias, a la dictadura abierta. Y quien lo dude, que repase brevemente los sucesos de Alemania a ra�z del ascenso de Hitler al poder.
Es verdad que en problemas como �ste es irresponsable exagerar el significado de las cifras; es mejor no olvidar aquello de que �una sola golondrina no hace verano�. Pero tambi�n es cierto que el caso de Manuel Hern�ndez Pasi�n dista mucho de ser �nico en M�xico y que, por el contrario, los delitos cuya impunidad deriva de la inacci�n u omisi�n oficiales se est�n multiplicando peligrosamente, a grado tal que crece la tentaci�n de pensar que, si no hemos completado la cifra cr�tica para temer una dictadura, nos falta poco para ello. De ah� la necesidad de urgir al gobierno poblano para que act�e en�rgicamente en el caso, se vuelve un asunto de inter�s nacional, de salud p�blica para el pa�s entero.
En Huitzilan de Serd�n las tensiones y los peligros crecen por horas, y no es histeria advertir al Gobierno poblano y a la opini�n p�blica del inminente riesgo de que se cometan nuevos asesinatos de l�deres antorchistas. Sin ir muy lejos, este fin de a�o el neo morenista Alonso Aco y su Rasput�n de cabecera, el cura Mart�n Hern�ndez, montaron una provocaci�n francamente inaudita: fueron a Huitzilan a montar un �show�, con procesi�n de a�o nuevo y banquete incluidos, en las narices mismas de los ofendidos y burl�ndose sangrientamente de los familiares y amigos de Manuel. Solo la disciplina y el amor a la paz de los antorchistas impidieron que la situaci�n se saliera de control. �Por cu�nto tiempo m�s podr� repetirse el numerito sin consecuencias, se�or gobernador Gali Fayad? �Qu� va a ocurrir si asesinan a un nuevo l�der antorchista en Huitzilan?
Este 15 de enero, con motivo del �primer informe de resultados� del Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la mayor�a de la Sierra Nororiental, saldr�n a las calles de Puebla a exigir justicia y a denunciar el peligro que corren sus l�deres. �Informar� algo el gobernador sobre los asesinos de Manuel? Por mi conducto, y a trav�s de este medio, los dos millones de antorchistas que hay ya en el pa�s brindan todo su respaldo y solidaridad a la protesta de sus hermanos poblanos, y suman en�rgicamente su voz a las exigencias de justicia y pleno respeto a la vida y a la libertad de organizaci�n y de lucha de todos los poblanos, y de los humildes ind�genas de la Sierra Nororiental en especial. �Se�or Gobernador Gali: esperamos y deseamos justicia y aplicaci�n plena del Estado de Derecho por el bien de todos! Nada m�s, pero nada menos.
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